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Intervención en el Fórum Europa, 27.09.2018

INTERVENCIÓN DE MIQUEL ICETA EN EL FÓRUM EUROPA, 27.09.2018

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Muy buenos días,

Permitan que empiece mi intervención agradeciendo a José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum, su amable invitación, así como el patrocinio de Red Eléctrica de España y ASISA, que me permiten dirigirme a todos ustedes.

Agradezco también a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a mi compañera y amiga, Meritxell Batet, su cariñosa presentación que pone en contexto y perspectiva mi intervención.

Y desde luego les agradezco a todos ustedes, y a los medios de comunicación, su numerosa y cualificada presencia que tiene mucho que ver con la situación política catalana.

Por cierto, entenderán que felicite efusivamente a Nicolás Sartorius por la reciente presentación de la Asociación por una España Federal que él preside.

Seguramente muchos de ustedes llevan tiempo buscando respuestas concretas a preguntas del tipo ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Tiene solución? ¿Cuál podría ser esa solución?

Y aunque estoy seguro de que mis palabras no pueden dar entera satisfacción a sus inquietudes, sí pueden, o al menos eso espero, iluminar un poco el camino.

Y quiero empezar por centrar la cuestión. Lo que tenemos que abordar y resolver no va ni de Puigdemont, ni de Torra, ni de Junqueras, ni del PDeCAT, ni de Junts per Catalunya, ni de ERC, ni de la CUP, ni de la ANC, ni de Omnium. Ni de la escuela catalana, ni de los medios de comunicación.

La cuestión es que una parte muy importante de los catalanes, cansados de una relación entre Cataluña y España que consideran nociva e imposible de modificar, han abrazado la causa de la independencia.

¿Cuántos son? Miren, para redondear las cifras, estamos hablando de dos millones de personas.

Si quieren mayor precisión, podemos hablar de 1.897.274 personas que votaron la opción Sí-Sí en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, a las que podríamos añadir las 257.603 que votaron Sí-No o Sí-en blanco.

O si lo prefieren podríamos hablar de 1.966.508 personas que votaron a Junts pel Sí y a la CUP en las elecciones al Parlament de 2015.

O de las 2.044.038 personas que votaron Sí en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

O de las 2.079.340 personas que votaron a Junts per Catalunya, ERC y la CUP en las elecciones al Parlament de 2017. En este caso, el más reciente, los independentistas alcanzaron el 47,5% de los votantes, en un censo de cinco millones y medio de personas.

Mucha gente. Mal que les pese a los independentistas, dos millones no son mayoría, pero son mucha gente. A eso hay que dar respuesta. No se debe cerrar los ojos a la realidad.

Y desde luego tampoco puede olvidarse a la mayoría silenciosa de catalanes que no ha abrazado la causa independentista. La solución sólo la encontraremos pensando en todos y construyendo un acuerdo que sea aceptable para una amplia mayoría del 70 o el 80%.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Como causas principales se han citado muchas. Destaco cuatro para no cansarles.

la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto en 2010, que alteró una ley que llevaba vigente cuatro años sin causar ningún tipo de problemas. Una ley aprobada por mayoría absoluta del Congreso y del Senado, y aprobada en referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Una ley surgida de una ardua negociación en el Congreso de los Diputados a partir de una propuesta que recogió el apoyo de 2/3 de los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya.
el impacto de la crisis económica de 2008 que agravó la sensación de maltrato económico de Cataluña y que, como en otros muchos lugares, alimentó populismo, insolidaridad y repliegue identitario.
la evolución del nacionalismo conservador que, tras haber protagonizado políticas de austeridad aliado con el PP, y afectado por el caso Pujol, el caso Palau y la corrupción del 3%, decide abrazar la causa independentista para afrontar las futuras elecciones en las mejores condiciones posibles.
la política recentralizadora del PP, insensible a las demandas de la Generalitat, en un proceso que el ministro Ábalos calificó el domingo de “progresiva independización del Estado de Cataluña”.

La cuestión es que desde 2010 no se produjo ningún acercamiento entre las posiciones de los gobiernos de España y de la Generalitat, sino todo lo contrario: se fue ensanchando cada vez más una profunda grieta.

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se consuma la tragedia: se vulnera el Reglamento del Parlament, se pisotean los derechos de la oposición, se desoyen las advertencias de los letrados de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, se vulneran el Estatuto de Autonomía y la Constitución, se convoca un referéndum ilegal para el 1 de octubre, y se aprueba una ley denominada “de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”.

El 1 de octubre se produce un acto de votación ilegal que es reprimido por las fuerzas del orden de forma contundente y en algunos casos con violencia.

El 10 de octubre Carles Puigdemont declara la independencia y ocho segundos después, sí han oído bien, ocho segundos después, suspende dicha declaración.

El 27 de octubre el Parlament de Catalunya declara la independencia y una hora después el Senado autoriza al gobierno de España a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Se procede a cesar al presidente de la Generalitat y a su gobierno, convocando elecciones al Parlament para el 21 de diciembre.

Permítanme un breve paréntesis. La aplicación del artículo 155 sirvió, entre otras cosas, para demostrar el sentido de Estado del PSOE en la oposición. El sentido de Estado del PP en la oposición sobre la cuestión catalana sigue, como el trabajo de fin de máster, sin aparecer. Y el sentido de Estado de otros, nacidos del conflicto y beneficiados por el conflicto también brilla por su ausencia. Cierro paréntesis.

Así pues, a finales de 2017, los independentistas buscando la independencia, nos hicieron perder la autonomía, y dividieron por mitades a la población catalana.

Miembros del gobierno de la Generalitat salieron de España mientras otros fueron encarcelados a la espera de juicio. Cabe recordar que los presidentes de la ANC y Omnium habían sido ya encarcelados el 16 de octubre a causa de la concentración convocada frente al Departamento de Economía en protesta por una actuación judicial que se desarrollaba en su interior.

En las elecciones del 21 de diciembre de 2017 el independentismo vuelve a obtener una mayoría parlamentaria pero sigue sin obtener una mayoría ciudadana.

Después de muchas vicisitudes se acaba produciendo la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y la formación de un gobierno integrado por Junts per Catalunya y ERC. La CUP dice pasar a la oposición.

El president Torra afirma desde el primer momento que ejerce sus funciones en una suerte de delegación de Carles Puigdemont.

Desde el primer momento el gobierno de la Generalitat muestra signos de desorientación, indecisión y división interna.

Y eso no debe extrañar en un gobierno que, a pesar de sus proclamas en favor de la denominada “república catalana”, ciñe su actuación al marco autonómico vigente. Discurso y realidad no van de la mano. Pese a que los discursos inflamados enardecen a tirios y troyanos, la realidad acaba imponiéndose tan silenciosa como terca. La lectura de los 138 folios del Pla de Govern presentado ayer por el president Torra es muy ilustrativa al respecto.

Aun a riesgo de simplificar, ERC parece aceptar una aproximación pragmática mientras Junts per Catalunya parece seguir refugiándose en el legitimismo de Puigdemont.

En la actualidad, el mayor factor de cohesión de la mayoría independentista es el encarcelamiento y la huida de sus dirigentes, y el rechazo del juicio al que serán sometidos próximamente.

Nadie puede dudar de que estas circunstancias dificultan el proceso de normalización política.

En todo caso, aprovecho para afirmar mi confianza en el Estado de derecho y el total respeto a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial. A la justicia toca aplicar el derecho, y a la política encontrar soluciones.

Y a un problema que ha provocado una grave división social la única respuesta es la búsqueda permanente de soluciones acordadas que puedan alcanzar el apoyo de amplias mayorías, y un permanente esfuerzo de reconciliación.

No me cansaré de repetirlo, no hay solución posible sin un largo y difícil proceso de diálogo, negociación y pacto. Un proceso que debe respetar permanentemente la legalidad, y las mayorías y los procedimientos para cambiarla. Un proceso en el que cada pequeño acuerdo ha de ser considerado un gran paso.

Y el cambio político en España a partir de la moción de censura ha hecho posible iniciar ese camino. La disposición del presidente Sánchez al diálogo y a las reformas es el inicio de ese proceso. Cabe recordarque Carles Puigdemont no era partidario de votar la moción de censura, probablemente porque pensaba que contra el PP los independentistas vivían mejor.

Ahora conviene abrir el diálogo institucional cegado desde 2010. A partir de la reunión entre los dos presidentes, consellers y ministros se reúnen con naturalidad. Se han puesto en marcha los mecanismos bilaterales de relación entre los gobiernos, empezando por la Comisión Bilateral y siguiendo por los demás. Incluso parece que el gobierno de la Generalitat va a volver a asistir a las reuniones de organismos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ciertamente estamos en el inicio de un proceso, que ha empezado ya a dar algunos frutos como la retirada de algún recurso frente al Tribunal Constitucional, el abono en 4 años de 1.459 millones de euros de deudas pendientes acumuladas, o la refinanciación de 2.773 millones de euros de deuda a corto plazo.

Me parece muy raro que haya quien diga que ahora estamos peor. ¿Peor que cuándo? ¿Peor que cuando se convocaba un referéndum ilegal o que cuando se declaraba la independencia? Un poquito de por favor. Un poquito de prudencia sobre todo en boca de algunos que parecen creer que cuanto peor, mejor. La desinflamación ha empezado. Y es, desde luego, un gran acierto del presidente Pedro Sánchez.

A pesar de que no podamos lanzar aún las campanas al vuelo, cabe esperar que en los próximos meses esa dinámica de acuerdos haga crecer la confianza entre los dos gobiernos y permita abordar cuestiones más de fondo sobre las que estamos obligados a reflexionar.

Para los independentistas no hay más solución que la independencia o un referéndum sobre la independencia. Yo no comparto en absoluto ese planteamiento. No creo que cuestiones que afectan a los sentimientos de identidad o pertenencia puedan resolverse por la mera aplicación de la regla de la mayoría, que provoca en estos casos una gran división y polarización social.

En una sociedad dividida, en un tema tan sensible, una victoria por la mínima, la victoria de unos o de otros, acaba siendo la derrota de todos.

Ya se sabe que los referéndums sobre la independencia solo sirven si conducen a la independencia. Son esas soluciones mágicas que, como todos los trucos de magia, tienen trampa.

Son referéndums que se repiten hasta que se obtiene el resultado que buscan quienes los reclaman.

Hemos visto también como los referéndums mal planteados lejos de resolver los problemas, los complican. Tenemos bien cerca el referéndum sobre el Brexit.

Por lo tanto creo que merece la pena someter a referéndum acuerdos surgidos de un proceso de deliberación, de aproximación de posiciones y de acuerdo entre las formaciones políticas parlamentarias. Democracia directa, sí, pero como culminación de un proceso de democracia representativa.

Y por eso estoy completamente de acuerdo con el presidente Pedro Sánchez cuando sitúa la cuestión en un acuerdo sobre autogobierno que sea sometido al voto de los ciudadanos. Una reforma del Estatuto, sí.

Hay quien ha defendido, como el profesor Santiago Muñoz Machado, una reforma en paralelo de Constitución y Estatuto. Hay quien, como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ha evocado la necesidad de incorporar a la Constitución una nueva disposición adicional –sería la quinta– para incorporar la especificidad catalana. Hay también quien dice que en lugar de intentar grandes reformas en un proceso incierto, quizá sea mejor encadenar acuerdos concretos que refuercen el autogobierno y mejoren la financiación.

No voy a pronunciarme aquí sobre cual es el mecanismo concreto más adecuado. Pero sí digo que sea cual sea el camino que se emprenda requiere de un acuerdo político de fondo.

Un acuerdo primero entre catalanes. El independentismo tiende a evitar o soslayar esa cuestión, olvidando que un cambio profundo de nuestras instituciones requiere de un apoyo mínimo de 2/3 de los miembros del Parlament.

Los independentistas quisieron fulminar la legalidad vigente, con un apoyo inferior al que requería su mera reforma. Ese fue uno de los mayores errores de las nefastas sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre del año pasado.

Por eso el pasado 5 de julio, a propuesta del grupo socialista, el Parlament de Cataluña acordó solicitar al president de la Generalitat que convocase a los presidentes de los grupos parlamentarios con el objetivo de constituir un espacio de diálogo para facilitar acuerdos sobre todos los grandes temas de país. Hasta el momento el president Torra no ha tomado ninguna iniciativa en este sentido. Se lo reclamaremos de nuevo en el debate parlamentario de la semana próxima.

Un acuerdo entre catalanes es imprescindible. Pero no será suficiente, se requerirá además un gran Pacto de Estado sobre la cuestión catalana. Un pacto que puede recoger tantas cuestiones pendientes como se quiera si existe la voluntad política necesaria. Las resumo en 7 puntos al hilo de la Declaración de Barcelona suscrita entre el PSOE y el PSC el año pasado.

1. Las 46 demandas planteadas desde el Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España en las que yo veo muchas posibilidades de llegar a acuerdos. Dejando de lado la cuestión del referéndum sobre la que ya me he pronunciado.

2. Desarrollar el Estatuto vigente e, incluso, a partir de las oportunas reformas legales en el Congreso, abordar algunas de las cuestiones que el Tribunal Constitucional consideró que podían acometerse a través de la reforma de las correspondientes leyes orgánicas.

3. Abordar la negociación de la financiación autonómica.

4. Impulsar un ambicioso Plan de inversión estatal en infraestructuras estratégicas para España en territorio catalán, que incorpore un diseño inteligente y una gestión compartida.

5. Profundizar en el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña. El Pacto debería servir para que se aprobara una Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística en España. O para asegurar la presencia de todas las lenguas y culturas españolas en la UNESCO.

6. Reconocer la importancia estratégica de la ciudad de Barcelona como gran capital catalana, española y europea y sede de la Unión por el Mediterráneo.

7. Impulsar la reforma de la Constitución en un sentido federal. Una reforma que debería recoger las quellamamos las cuatro R, cuatro reivindicaciones:

Reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña.
Reglas de reparto competencial que mejoren el autogobierno desde el respeto y la lealtad institucionales, reconociendo singularidades y hechos diferenciales; con especial atención a las cuestiones relacionadas con la lengua, la educación y la cultura.
Recursos. Fijando los grandes principios del sistema de financiación que debe ser suficiente, solidario, justo y equitativo y que recoja los conceptos de esfuerzo fiscal similar y ordinalidad; así como la figura de los Consorcios Tributarios o solución equivalente.
Representación, a través de un Senado o Consejo Federal que haga de la Cámara Alta un verdadero instrumento de integración y cooperación territorial.

Voy acabando y les resumo los ingredientes de la fórmula del socialismo catalán para el necesario proceso de diálogo, negociación y pacto. Algo así como la receta de Iceta.

Acertar con el método: dialogar siempre, de todo y con todos, aunque no se llegue a nada de momento. Hablar es la condición necesaria para la política. Hablar no es ceder, es reconocer al otro. Hablar es garantía de respeto mutuo, de reciprocidad. Hablar en público, en las instituciones, en la sociedad, en los mediospero también con discreción, buscando complicidad y sin el foco de las expectativasmediáticas. Hablar ahora, y negociar cuando se pueda.

Mantener una actitud positiva: el respeto a todas las ideas, en especial, las de nuestros adversarios o rivales. Una nueva etapa de cultura democrática basada en la más profunda convicción de que las diferencias en las ideas no deben impedir las coincidencias, siempre que sea posible, en los métodos y las cuestiones concretas. Desterrar el desprecio. Cerrar la puerta a la animadversión. Aceptar la diferencia y proteger la diversidad.

Acordar los mecanismos: una bilateralidad compatible con la multilateralidad. Una lealtad institucional que se oriente a la cooperación. Un mundo de competencias, sí; pero también un mundo de coincidencias, concurrencias y complicidades. Hacer de la lealtad y la cooperación el mecanismo fluido para avanzar en la práctica en la transformación federal del Estado.

Fomentar la transformación del Estado: para que integre mejor la pluralidad y la diversidad. Sí, un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, desde el reconocimiento de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Mejor reconocimiento y fortalecimiento de todas las lenguas oficiales. Debemos renovar primero la cultura política, luego pondremos los nombres a las cosas y buscaremos su acomodo normativo o institucional. Para lo primero, vamos tarde. Para lo segundo, tenemos tiempo. En todo caso, no hacer nada que signifique un retroceso o un fracaso. Avanzar en los planteamientos, aunque debamos renunciar, por el momento, a las concreciones. Un nuevo pragmatismo, el idealismo de la política razonable.

Buscar soluciones factibles: temporales, transitorias, provisionales. Abandonar la idea funesta de la solución definitiva, o de la urgencia histórica. Cuando los objetivos políticos de cada parte son su programa máximo, surge la parálisis que impide progresar e imposibilita los acuerdos. No hay victoria absoluta, nunca. No hay solución definitiva, ahora. Esta generación actual debe dejar la situación mejor de lo que la encontró, preparando un futuro sin cargas excesivas y confiar en las próximas generaciones.

Priorizar lo urgente: reforzar el autogobierno. En lo institucional, en lo normativo, en lo fiscal y lo económico. Un plan del Estado para recuperar el vigor y la fortaleza institucional de la Generalitat. Nuestros déficits son alarmantes: tenemos menos sanitarios que la media española o europea; tenemos menos policías que la media española o europea; tenemos menos profesores que la media española o europea. Cataluña sufre por incompetencias de su gobierno, sí; pero también por falta de competencias y de recursos. A España le conviene una Cataluña de primera. Y a Cataluña conviene una España de primera. Recordemos a Maragall: lo que es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Y también en sentido inverso.

Saber renunciar: renunciar a resolver los problemas de fondo con soluciones unilaterales, rápidas, fraudulentas o con mayorías insuficientes. Nada importante se consigue solo con la mitad de los apoyos. Ni sin la otra mitad, ni contra ella. Se puede obtener la confianza de una sociedad política con una mayoría, sí; pero no se puede cambiar las normas que deben asegurar la convivencia de todos solo con esa legitimidad.

Tener siempre presente al destinatario: todo nuestro esfuerzo tiene un destinatario claro, la sociedad toda. La sociedad española y la sociedad catalana, en su diversidad, en su complejidad. Necesitamos la reconciliación. Una nueva oportunidad para entendernos. Ese es el sentido último de la política. Un problema político solo encontrará solución en la política. Pensemos en la sociedad toda, en la Cataluña toda y la España toda. No pensemos en los dirigentes, pensemos en sus seguidores, los de unos y los de otros. Quien mejor decline el diálogo y la reconciliación mejor servirá a Cataluña y a España. Pensemos en los estadistas que así lo demostraron. Pensemos en Adolfo Suárez y en Josep Tarradellas. Ellos quisieron y pudieron. Nosotros, si lo queremos, lo conseguiremos.

Muchas gracias.

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Debate sobre la estructura y la composición del gobierno

Intervención del presidente del grupo parlamentario Socialistes – Units per Avançar, Miquel Iceta, en el debate sobre la estructura y la composición del Gobierno
Parlament de Catalunya, 6 de junio de 2018

[enlace al vídeo de la intervención inicial]

[enlace al vídeo de la réplica]

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, muy honorable presidente de la Generalitat, bien es verdad que estamos muy satisfechos de poder mantener este intercambio sobre la composición y los objetivos del nuevo Gobierno de la Generalitat. Y aprovecho, de entrada, para desearles a todos ustedes suerte y acierto. Y, si me lo permite, con el tono que uso siempre, si me lo permite la líder de la oposición, espero que no se cumplan los temores que ella ha expresado desde esta tribuna. Porque, ciertamente, ustedes son –tienen que ser– el Gobierno de Cataluña, el Gobierno de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Esto no quiere decir que sean un gobierno neutro, esto no quiere decir que sea un gobierno sin ideología, esto no quiere decir que no sean un gobierno determinado a defender unos planteamientos; pero nunca pueden perder de vista que este país, que es plural, es muy rico y diverso, y en él conviven sensibilidades muy diferentes.

La toma de posesión del Gobierno ha comportado de forma automática el levantamiento del artículo 155 de la Constitución. Y usted sabe que nosotros habríamos querido que hubiera sido antes. Desde el 31 de enero podíamos haber tenido nuevo presidente; desde mediados de febrero podríamos haber tenido nuevo gobierno. Hemos tenido más de tres meses más de 155. Hemos discrepado en esto. Ustedes han querido mantener un pulso con el Gobierno de España y con el poder judicial en cuanto a la elección de presidente y en cuanto a la designación de los miembros del Gobierno. Pero finalmente se han visto obligados a aceptar nuevamente que fuera de la legalidad no hay posibilidades de desarrollar una acción política viable. Los discursos lo aguantan todo, pero la realidad es terca: sólo iremos bien cuando discursos y realidad vayan de la mano. Y esto no es rendirse –le cojo la palabra–, esto es aceptar la realidad, sin renunciar a cambiarla, pero desde la realidad. Uno tiene que ser terco con la voluntad, pero no ser ciego ante la realidad. Y no piensen que se lo digo como un reproche ni para hacer valer que nosotros desde el primer día decimos que se tienen que presentar candidatos viables. No, se lo digo porque yo creo que a todos nos conviene ser conscientes de los márgenes de la acción política. Y como todos nos llenamos la boca –y supongo que lo hacemos sinceramente– de las palabras «convivencia» y «respeto», la convivencia y el respeto nos exigen el estricto cumplimiento de la legalidad. O, dicho de otro modo, rompiendo la legalidad rompemos la convivencia e impedimos la política.

Es verdad que también querríamos –y usted lo ha dicho también en su intervención– un diálogo provechoso con el Gobierno de España. Yo creo que este diálogo, presidente, exige respeto a la legalidad y respeto a la separación de poderes. Es decir, no pretender pedir, exigir, reivindicar ante un poder del Estado lo que le corresponde a otro. Sobre el respecto a la legalidad hemos oído ya mensajes equívocos e incluso contradictorios. Cuando la portavoz del Gobierno vuelve a poner sobre la mesa la unilateralidad, ¿que está haciendo? ¿Nos está diciendo, como se ha dicho ya desde esta tribuna, que harán lo que hicieron durante los últimos cuatro meses de 2017? No hace tanto tiempo, de aquello. Y, por lo tanto, lo que es imposible es desconocer el coste y las consecuencias de la deriva unilateral e ilegal de la anterior legislatura. Y, por lo tanto –y permítame la pregunta–¿pretenden poner en marcha las previsiones ya anuladas de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república? ¿Es esto hacer república? O, si lo quiere, más genéricamente: ¿qué entienden ustedes por «hacer república»? ¿Piensan seriamente que se puede negociar tomando como base la votación del 1 de octubre? Nosotros creemos –y no creemos estar solos en esto– que empezar aquí es equivocarse.
Ya sabe que en el debate de investidura le insistimos –y no querría hacerlo más, porque creo que usted en esta cuestión fue claro– que es usted y nadie más el presidente de la Generalitat, y que el Gobierno de Cataluña es el que se sienta hoy aquí, en este primer banco del Parlamento, y ningún otro; y que su legitimidad deriva de una votación parlamentaria que se fundamenta en unas elecciones establecidas en el Estatuto y la LOREG y, por lo tanto, amparadas en la Constitución. Y demasiado a menudo nos hemos perdido en juegos de palabras, creando equívocos y fantasías que han confundido a la opinión pública y que, a veces, y en último término, han comportado la intervención de nuestras instituciones de autogobierno y elevados costes personales, de los cuales tenemos buena prueba en algunos escaños vacíos de este hemiciclo. Tenemos ahora la posibilidad de hacer las cosas de otra manera; no digo de renunciar, no digo de rendirse, no digo de cambiar de ideas, no estoy diciendo esto. Pero sí que estoy hablando de hacer las cosas de otra manera y de reconocer algunas cuestiones que, efectivamente, los días 6 y 7 de septiembre del año pasado fueron desconocidas. Reconocer que el cambio de las reglas del juego requiere una amplia mayoría, requiere el voto favorable de al menos noventa diputados y diputadas, porque así lo establece el Estatuto, no porque nos lo haya impuesto Madrid. Yo creo, presidente, y quizás no es el momento de hacerlo, pero creo que haría falta un compromiso solemne de renunciar a imponer un nuevo marco institucional que no tenga al menos el apoyo que la reforma estatutaria reclama. Yo creo que esto sería un elemento de confianza, de tranquilidad, de estabilidad. Convendría. Porque también es cierto que demasiado a menudo se presenta la cuestión en términos de conflicto entre Cataluña y España. Pero esto olvida la división por mitades entre los mismos catalanes. División de opinión. No estoy hablando, como veces se dice, de una fractura irresoluble, de una ruptura de este «un solo pueblo»; pero sí una división sobre cuál es el camino, cuál es el futuro a conseguir. Y, por lo tanto, incluso una negociación con el Gobierno de España puede ser favorecida a partir de un amplio acuerdo más transversal. ¿Esto quiere decir que el Gobierno no puede negociar por sí mismo? No, no, no estoy diciendo esto; lejos de mi voluntad.

Y quiero aprovechar este momento para agradecerle que haya convocado ya una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a partir de este mismo viernes. Usted tiene toda la legitimidad para establecer el imprescindible diálogo con el Gobierno de España. Pero me permito decirle, señor presidente, que su posición será tanto más sólida cuantas más sensibilidades sea capaz de representar. Me parece que lo podría decir aquí o en cualquier otro lugar. Ahora –vuelvo sobre ello–, una negociación que pretendiera, que pretenda cambiar las reglas del juego, cambiar el marco institucional, esta sí que requiere un amplio consenso previo en Cataluña. Y, en nuestra opinión, no vale utilizar procesos participativos, procesos constituyentes, para obviar que tiene que ser este Parlamento el que, por una mayoría de al menos dos tercios, tiene que plantear los procesos de reforma institucional.

Por otro lado, cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya anuló las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente en la anterior legislatura. Y, por lo tanto, nosotros siempre recomendamos no volver a cometer los mismos errores. En todo caso ensayar algunos nuevos. Probablemente tenemos que empezar este diálogo aquí y fuera de aquí por cuestiones menos ambiciosas y tal vez más concretas, sin renunciar a los objetivos finales de horizonte que tenga cada cual. Pero aquí tenemos desde la financiación pendiente; las leyes recurridas ante el Tribunal Constitucional, de las cuales usted mismo habló en el debate de investidura; las demandas pendientes que planteó al Gobierno de España el presidente Mas primero y el presidente Puigdemont después, y tantas y tantas cosas que permitirían mejorar y ampliar nuestro autogobierno y nuestra financiación, nuestra dotación de infraestructuras estratégicas y nuestra capacidad de intervenir en decisiones que finalmente nos afectan, se tomen en Madrid o en Bruselas. Nosotros queremos animarle a iniciar este camino. Y si lo estima conveniente estamos en condiciones de contribuir con ideas y con apoyo. Cuántos más apoyos tenga, más posibilidades tendrá de ir avanzando y de ir consiguiendo resultados concretos.
Hemos insistido a menudo en el carácter institucional de la presidencia. El presidente surge de una mayoría parlamentaria concreta, ciertamente, pero tiene que aspirar a representar el conjunto de la sociedad catalana. Se lo digo de otro modo: usted puede llevar el lazo amarillo, pero con su actuación los que no llevamos el lazo amarillo nos tenemos que sentir representados, sobre todo cuando usted dice hablar, o cuando usted diga hablar en nombre de toda Cataluña, de todo el pueblo. Sé que es difícil, pero es mi obligación pedirlo y plantearlo. Nosotros estamos dispuestos a que todo el mundo exprese con libertad su planteamiento, pero al mismo tiempo queremos exigir la neutralidad del espacio público y de las instituciones. Tendremos que seguir hablando y tendremos que ver en qué se concreta todo esto para no violentar las sensibilidades y las opciones de cada cual. Ahora bien, usted también es el jefe del gobierno.
A veces se ha hablado de esta doble dimensión de la presidencia de la Generalitat, institución en sí misma y símbolo, y también jefatura de Gobierno. Como jefe de Gobierno, estamos esperando a que los consejeros presenten sus planes en comisión para poder hablar. Yo lo que le quiero asegurar es nuestra predisposición a colaborar desde la oposición en aquellas cuestiones que podamos compartir. Nosotros queremos demostrar una cosa que es muy difícil, que es que se puede, haciendo una buena oposición, mejorar la acción de gobierno. Y esta es la voluntad de nuestro grupo. Gracias.
Réplica al presidente
Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, muy honorable presidente: ya anuncio que los cinco minutos se me harán cortos, porque el presidente ha tenido la bondad de hacerme unas cuantas preguntas, y no me gustaría dejar ninguno sin responder. Yo creo que este hemiciclo es para hablar, para compartir, para contrastar, para ponerse de acuerdo y a veces sencillamente para discrepar. Querría dejar clara una cosa desde el principio. ¿Qué piensa Pedro Sánchez? Espero que pueda tener bien pronto la ocasión de poderlo compartir con él, y no me gustaría suplantarle: «Moi c’est moi, lui c’est lui.»Y, por lo tanto, hable usted con él. Pero, sí que me atrevo a decir, sin, creo, riesgo a equivocarme: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, defenderá la integridad territorial de España y la vigencia de la Constitución en todo el territorio. Es su obligación.

Usted decía: «PSOE 1974, autodeterminación.» Sí, y en 1978: Constitución. Usted me pregunta: «Derechos civiles y libertades.» Para nosotros, esto es Constitución y legalidad. Que se pueden modificar. Evidentemente. Y para modificar una ley, ¿qué se tiene que hacer? A través de los mecanismos que la misma ley incorpora y a través de las mayorías necesarias para hacerlo. En Cataluña: dos tercios. Sin dos tercios, no se tiren por el barranco. Yo, es un pequeño consejo que doy, que no me lo han pedido.

155. ¿Quién es responsable? Quién decidió saltarse la ley, y activó una previsión constitucional. Ya sé que en esto no estamos de acuerdo, pero, de todos modos, a usted…, creo que le va bien que alguien se lo recuerde. Yo tengo, como llevo muchos años en política, muchas cosas que pienso que no hice bien, o que me equivoqué. Una de las que pienso es que quizás no insistimos lo suficiente en el desastre que se produciría si se seguía por el camino que ustedes habían decidido emprender. Y, por lo tanto, esta vez no quiero hacerme este reproche. Y, por lo tanto, aunque sea a riesgo de hacerme pesado o de repetirme demasiado, no lo dejaré de decir.

Leyes suspendidas. Presidente, usted seguramente lo sabe, pero, si no, lo vuelvo a poner sobre la mesa. Antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de España y el Gobierno afectado, tienen un procedimiento de negociación. Después, es algo más complicado, pero esto no quiere decir que no se pueda volver a hacer, porque, efectivamente, se puede volver a presentar una ley al Parlamento. Y yo recomendaría, modestamente, ensayar, en el caso de leyes ya suspendidas, este procedimiento previo de discusión, porque si se acercan posiciones, y yo estoy de acuerdo con usted, con temas que son competencia de la Generalitat y políticas públicas sobre las que la Generalitat tiene que tener capacidad de actuación, vale mucho la pena encontrar el camino que lo permita. ¿El Gobierno de Cataluña puede actuar contra la pobreza energética, contra la emergencia habitacional? Si. Tiene que hacerlo, y tenemos que encontrar la manera de hacerlo, porque, por encima de las cuestiones competenciales están las cuestiones políticas.

Más cosas. Borrell. Mire, escúcheme, primero, es ciudadano de Cataluña. Es un catalán de La Pobla. Es el hombre con el que, cuando fue presidente del Parlamento Europeo, el catalán logró el máximo uso a la cámara. Es verdad que muchos querríamos que fuera lengua oficial, pero el Parlamento Europeo nos dice –nos dice–: «háganlo oficial primero en su país y después viene aquí y me lo explica.» Y, cierta razón la tienen, y por lo tanto no proyectemos algunos problemas que, ustedes ya lo saben, el mundo nos mira, Europa nos espera, etcétera. Bien, algunos problemas quizás que primero los resolvamos aquí. Decirle, de todos modos: me ha animado usted y mañana con mucho gusto iré a toma de posesión de un magnífico ministro de asuntos exteriores de España, y amigo mío, que se llama Josep Borrell.

Sobre el tema del exilio. Mire, por mí el exilio es el que se produjo, efectivamente, cuando usted lo decía, a la República, el que llevó tantos catalanes a los campos de Argelès. Es un exilio después de una guerra civil, producto de un golpe de estado fascista, militar, contra una Constitución. Es verdad que no encontraríamos, quizás, mecanismos de denominación común del fenómeno que se ha producido con compatriotas nuestros que han querido marchar para intentar rehuir la acción de la justicia, digamos cómo queramos, pero yo no diría «exilio», porque me parece que es desmerecer, que es desfigurar el exilio que, ese sí, los catalanes sufrieron a partir del año 39. Pero, esto es cosa suya.

Consejo de la república. No es que no lo acabemos de ver, es que estamos radicalmente en contra. Nosotros le dijimos: usted tiene algunas obligaciones. Una de ellas es no erosionar nuestras instituciones de autogobierno. Y por nosotros, cualquier sucedáneo erosiona el prestigio y la autoridad de nuestras instituciones.

No ha hablado, hoy, de la asamblea de electos. Mejor.

Finalmente: ¿república? Para mí, república es ciudadanía, es derechos, es aspiración de igualdad y de justicia. Aquí nos encontraremos, seguro.

Y, Prat de la Riba: desearía fervientemente, presidente, que dentro de unos años su obra de Gobierno tuviera el renombre, el prestigio que logró la obra de Gobierno de Prat de la Riba. Gracias

Soluciones para Catalunya y España

Soluciones para Catalunya y España

Artículo de Miquel Iceta publicado en El Correo, 25.04.2018

 

En Catalunya llevamos 6 años empantanados como bien describe Joan Coscubiela en su reciente libro. Esta situación de bloqueo político es insostenible y requiere de soluciones. A los políticos nos corresponde ofrecerlas desde la política. Creyendo como creo que los causantes de ilegalidades han de ser juzgados, también creo desproporcionada la prisión provisional y creo que llegado el momento se necesitarán de soluciones políticas a la altura del momento crítico en el que estamos. Y es que un problema político no puede ser resuelto por vía judicial.

En Catalunya, los partidos independentistas tienen mayoría en el Parlament y aunque no la tienen en la sociedad, sí que representan aproximadamente el 47 % del electorado. Hay que reconocer, pues, que el sentimiento independentista, la voluntad de separarse de España y construir un Estado propio, es muy significativo y no puede desdeñarse.

Es por ello que hará falta una buena dosis de política para hacer que en Catalunya pueda establecerse una mayoría que dé apoyo a reformas que solucionen buena parte de los problemas reales existentes, y sobre los que se articulan mayorías parlamentarias y sociales mucho más amplias que las concitadas por la independencia, o el unilateralismo. Una mayoría que debe actuar con pleno respeto a la legalidad y a los mecanismos y las mayorías necesarias para modificarla.

Este es mi objetivo. Llevamos más de medio año sin actividad normal del Parlament. Medio año sin control al Govern, sin iniciativas parlamentarias, sin proyectos de ley, medio año sin gobierno, medio año de desconcierto. En estos últimos 6 meses la política catalana se ha visto envuelta en una espiral de despropósitos, ilegalidades, desconfianzas y populismo. Y se hace difícil ver una salida a este callejón que no pase por rebajar la tensión política y aceptar el principio de realidad. Ese principio que indica que sin respeto a la legalidad no se pude construir un proyecto político, y tampoco un país. Ese que apela al sentido común, como elemento básico y necesario para la toma de decisiones políticas. Ese que aconseja tejer amplias mayorías para poder avanzar, desde el convencimiento de que un país dividido en dos mitades enfrentadas será incapaz de progresar. Catalunya necesita un respiro. Necesita un Govern para volver a hacer política, pero sobre todo necesita que haya espacios de crítica, de diálogo y de confrontación desde el respeto a todas las ideas.

En Catalunya se ha abandonado la política. Han triunfado eslóganes de consumo fácil como “las calles serán siempre nuestras”, “lo queremos todo”, “tenemos prisa” o “el mundo nos mira”. La simplificación niega una realidad compleja, distorsiona los hechos, demoniza al discrepante y convierte el debate político en una suerte de debate teológico o, mejor, pseudoreligioso. En el caso de Catalunya, bajo el eslogan del derecho a decidir se ha pretendido desconocer la opinión de quienes no compartían el proyecto independentista, la mayoría. Más de la mitad de los catalanes y catalanas han sido ninguneados desde su gobierno autonómico y, yendo aún más lejos, se pisotearon sus derechos, a través de las facultades hurtadas a sus representantes electos, en las infaustas sesiones parlamentarias de los pasados 6 y 7 de septiembre y con la declaración unilateral de independencia del 26 de octubre. Esto ha socavado los cimientos de nuestra convivencia y ha situado a nuestras instituciones de autogobierno fuera de la legalidad.

Es por ello que no me cansaré de repetir que, aunque no lo comparta y lo combata políticamente, respeto el sentimiento independentista y la consecución de un Estado propio por medios democráticos y ajustados a la ley, pero no puedo dejar de alertar sobre el tremendo e histórico error que ha sido el optar por la vía ilegal y unilateral. Un error que no puede oscurecer el hecho que, desde el gobierno de España no se ha hecho propuesta alternativa alguna y no se ha abierto ningún escenario de diálogo para construir acuerdos sobre reclamaciones justas y necesarias que concitan un gran consenso en Catalunya. Esa sensación de dejadez evidente por parte del gobierno de España ha dado alas y relato a los defensores de la unilateralidad: ya que era imposible la reforma, sólo cabía la ruptura.

A mi modo de ver Catalunya necesita con urgencia un Govern que se sitúe dentro de la legalidad. Compuesto por la mayoría independentista, en coherencia con el resultado electoral, pero alejado de cualquier tentación unilateral e ilegal. Necesitamos que el artículo 155 de la Constitución deje ser aplicado en Catalunya, dando paso a la normalidad institucional. Necesitamos paralelamente que el gobierno de España se comprometa en un diálogo sincero y honesto sobre cuestiones relevantes que en Catalunya generan un consenso mucho más mayoritario que la independencia. Necesitamos abrir un nuevo período de retorno a la política, capaz de poner sobre la mesa nuevas prioridades, y necesitamos abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, para modernizarla, adaptarla y hacerla más acorde a las necesidades de la población. Y eso debe proporcionar margen para reforzar el Estatuto de Cataluña. Y en algún momento deberemos someter a las urnas en Cataluña y en toda España esos grandes acuerdos.

Necesitamos todo esto y muchas más cosas. Pero el inicio de este retorno a la política depende de dos actores que hoy por hoy no parecen dispuestos a ceder un palmo del terreno. Por eso, y por dar también una alternativa a quién ve con desesperanza que el bloqueo político está dañando la convivencia, la economía y nuestro futuro, conviene decir también que si desde la actual mayoría parlamentaria catalana no se quiere o no se puede, otros tendrán que hacerlo, y si en Madrid tampoco se está por la labor, cuanto antes cambie la mayoría de gobierno, mejor.

 

Presentación de la propuesta de resolución sobre el diálogo y la reconciliación

INTERVENCIÓN DE MIQUEL ICETA DEFENDIENDO LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA EL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN

Palau del Parlament, 28/03/2018

[Enlace al vídeo]

Muchas gracias, señor presidente,

Señoras y señores diputados,

Este Parlament se constituyó el 17 de enero, estamos a 28 de marzo y seguimos sin presidente y sin gobierno. Celebramos un pleno el 1 de marzo que sirvió para conocer la posición de cada grupo parlamentario al inicio de la legislatura y, finalmente, la fallida sesión de investidura del 22 de marzo ha puesto en marcha el reloj. Pero lo cierto es que seguimos sin presidente y sin gobierno. Y, por tanto, se siguen aplicando las previsiones del artículo 155 de la Constitución española autorizadas por el Senado.

Mientras tanto, la profunda división social se mantiene e incluso determinados sectores se radicalizan y aparecen actitudes violentas e intolerantes respecto de personas y sedes de partidos, e incluso se señalan comercios y propiedades de aquellos que no comparten la opinión de los intolerantes.

Sin aspavientos pero con firmeza hay que denunciar actitudes y actuaciones que pueden destruir la convivencia y que pueden avivar una violencia sin freno. Ni disturbios ni intolerancia han llevado a nada bueno en nuestro país, en ningún país, y hay que prevenirlos y pararlos mientras aún estamos a tiempo. Ejemplos no muy lejanos, ni en el tiempo ni en el espacio, nos deberían ayudar a evitar males mayores. Por cierto, nosotros, y lo verán en el texto, condenamos cualquier violencia, no pretendemos atribuir toda la responsabilidad a unos u otros.

En el Pleno del día 1 de marzo, nuestro grupo presentó una propuesta de resolución que, en parte, reiteramos hoy porque no ha perdido vigencia:

  • Llamamos a restablecer consensos básicos.
  • Proponemos el establecimiento de un marco de diálogo entre las fuerzas políticas y sociales catalanas.
  • Apelamos a un constante esfuerzo de diálogo, negociación y pacto rechazando cualquier propuesta unilateral e ilegal.
  • Defendemos el cumplimiento de la ley, porque sólo hay democracia desde el respeto a la legalidad.
  • Reclamamos que se garanticen en todo momento los valores constitucionales básicos, los derechos de la ciudadanía y los tratados internacionales suscritos por España que aseguran los derechos de todos.
  • Y recordamos que los conflictos políticos se deben resolver en el marco de la política y no encontrarán solución en su judicialización.

En mi intervención en el fallido debate de investidura, hablaba de la imposibilidad de hacer avanzar el país si no somos capaces de superar la lógica de dos mitades enfrentadas, de superar una política de bloques. No podemos dejar que cuaje una política de bloques enfrentados.

Y también les diré: no nos parece que la mejor manera de superar los bloques sea crear un frente, y menos que lo haga el presidente del Parlament, que tiene la obligación de intentar representar al conjunto de la cámara y a todos sus integrantes.

Hago un paréntesis: nosotros no creemos que la actitud sistemática del presidente del Parlamento sea sectaria o parcial; podemos criticar algunas de sus declaraciones y actuaciones, pero no vemos que haya que pedirle la dimisión.

El día 22 les decía que la fuerza que necesitamos para remover los obstáculos que limitan nuestro potencial es un gran acuerdo Cataluña adentro que no tenemos. Necesitamos, y lo vuelvo a decir, acuerdos transversales de país.

En el Pleno del pasado sábado desarrollé nuestro planteamiento sobre tres ejes: respeto a la ley, primacía de la política y búsqueda de los más amplios acuerdos posibles. Sin respeto a la ley, no hay democracia. Sin democracia, no podemos hacer política. Y la política adecuada para evitar la fractura del país en dos mitades requiere de amplios acuerdos.

Es obvio que se necesitan acuerdos de amplia mayoría. ¿Cómo queremos, sino, superar la gravísima crisis política, institucional, económica y social que tenemos entre manos?

Me preguntaban el otro día por un gobierno de concentración. Y les digo: «Sí, sería bueno.» Sí, si fuera posible. ¿O es que no recordamos el Gobierno de unidad presidido por Josep Tarradellas? Aquel Gobierno tenía consejeros políticos que representaban a todos los partidos. Y a aquel Gobierno los partidos enviaban sus representantes más capaces.

A veces, es cierto, no es posible un gobierno de unidad. Pero, en todo caso, se necesitan grandes acuerdos.

Recuerdan ustedes también los pactos de la Moncloa. ¿Quién duda que aquellos pactos impulsaron la democratización de España, la superación de la crisis económica y social, garantizaron la estabilidad política, la modernización del país y, finalmente, incluso, el ingreso a la entonces llamada «Comunidad económica Europea»?

Los países que se enfrentan a graves crisis las superan mejor y más rápidamente cuanto más acuerdos y más amplios alcanzan.

Se lo dije el sábado, y lo repito hoy: nosotros estamos dispuestos a abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el campo abierto del diálogo. Y nuestra disposición es sincera y permanente, no necesariamente en un gobierno, aunque estemos en la oposición, la misma disposición en cualquier caso.

Ahora bien, desatascar esto no depende de nosotros, ni fundamentalmente de nosotros. Para empezar, si hoy todavía no hay gobierno es porque la mayoría independentista no se ha puesto de acuerdo en un candidato viable. Y yo sé que me dirán ustedes: «Oiga, es que no nos han dejado.» Pero, escuchen, hoy mismo se ha sometido a la Mesa del Parlament la posibilidad de delegación de voto de Carles Puigdemont y es la misma Mesa la que no lo ha autorizado, al menos hoy. Si no somos capaces, porque creo que no se puede, de asegurar esa delegación de voto, ¿cómo se podría asegurar la presidencia? Y les recuerdo que en la Mesa del parlament hay una mayoría que es la que es.

Ahora, tienen tiempo, es verdad. Tienen tiempo para ponerse de acuerdo. Pero, se lo recuerdo, mientras el artículo 155 sigue vigente. Y también se lo recuerdo: es un artículo que se aplicó porque alguien torció la voluntad y la decisión del presidente Carles Puigdemont de convocar elecciones. Y conviene no olvidarlo, porque las cosas no caen del cielo. Y es verdad, mientras no haya un acuerdo como mínimo entre ustedes, este artículo seguirá aplicándose.

Ahora, más allá de eso, y hoy hemos visto otros ejemplos. Los dos grupos más importantes de la cámara no se hablan entre ellos. ¿No conviene que empecemos a hablar entre todos? Si quieren, empezando por cosas menores, pero empecemos, y luego iremos a las cosas más importantes. Pero si no se produce este respecto a las opiniones diferentes y esta voluntad de diálogo con todos, sin exclusiones, y sobre todo, no vamos a salir de ésta.

También les diré: deberíamos atribuir más responsabilidades a quien mayor representación tiene. Nosotros tenemos diecisiete diputados, ni qué decir tiene que quisiéramos tener muchos más. Ahora bien, hay quien tiene treinta y seis, hay quien tiene treinta y cuatro, hay quien tiene treinta y dos … Yo les pido que hagan este esfuerzo. No hace falta que lo digan hoy, no hay que escenificar nada, pero hay que ponerse a ello. No por nosotros, sino por el país, por la ciudadanía que representamos.

Y antes de hablar probablemente se deben aceptar unas reglas comunes, si no el diálogo se hace imposible. ¿Cuáles son? Hombre, la primera: respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas amparadas por la ley y que emanan de la voluntad popular, la primera, este Parlament.

Y aquí debemos decir que alguien puede plantear una disyuntiva. O una de dos: o desobediencia o legalidad, o insurrección o instituciones, o cortes de carreteras o Parlament, o pintadas o discursos, o pedradas o negociaciones.

Yo les pido que no permitamos que la rabia, la indignación o un sentimiento de impotencia dicten nuestra política colectiva. Ni la rabia ni la indignación ni la impotencia nos sirven hoy para avanzar.

Hagamos el favor, todos, de escuchar los máximos mandos de los Mossos de esquadra: existe el riesgo de un giro violento y hay que cortarlo en seco para devolver a la política con libertad, democracia y respeto por todas las ideas antes de que sea tarde.

Tengamos también mucho cuidado con las palabras y más aún, más cuidado, con las grandes palabras. Un «frente por la democracia» no puede ser utilizado como sinónimo de frente contra la Constitución y el Estatuto; un frente por la democracia no puede ser sinónimo de desacato del poder judicial; un frente por la democracia no puede servir para decir que se está a punto de repetir la entrega del presidente Companys por la Gestapo; un frente por la democracia no puede implicar la pretensión de que el Parlament de Catalunya dicte a un juez qué decisiones puede tomar y cuáles no. Esto va en contra de la separación de poderes.

Recuerden la reciente declaración de la primera ministra de Escocia, radicalmente en contra de procesos de extradición, del que se le preguntaba, el que afecta a Clara Ponsatí, pero decía: «Pero, escúcheme, eso lo deben decidir los jueces». Exactamente lo que tenemos que decir nosotros: esto lo deben decidir los jueces.

Un frente para la democracia no puede amparar a quienes amenazan a los jueces y a sus familias.

Ya nos hemos dividido demasiado, ya nos hemos enfrentado demasiado, ya hemos erosionado demasiado las instituciones, ya hemos asustado a demasiada gente, ya hemos dañado demasiadas inversiones y hemos expulsado suficientes empresas, ya hemos perdido demasiadas oportunidades y demasiadas energías.

Y la mejor manera que tenemos todos para resolver este problema es retornar de inmediato a la política. La mejor manera es demostrar que somos capaces de dialogar y acordar, que respetamos la legalidad y que rechazamos toda forma de violencia.

Hagámoslo por los que estamos aquí, por los ciudadanos a los que servimos, y también por los que hoy se sienten víctimas de una gran injusticia y por sus familias. La mejor manera de ayudarles es haciendo las cosas bien, no rompiendo la baraja, buscando acuerdos, respetando la ley, condenando violencias y disturbios, formando Gobierno.

Muchísimas gracias.

 

 

Intervención en el primer pleno de la legislatura

Intervención de Miquel Iceta en el primer pleno de la XII Legislatura

Palau del Parlament, 1 de marzo de 2018

[enlace al video]

Gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.

La primera reflexión que quiero compartir con todo ustedes gira sobre la idea del respeto.

Desde nuestro Grupo Parlamentario queremos afirmar desde el primer momento nuestro respeto hacia todas las opciones políticas representadas en el Parlament.

Entre todos representamos al pueblo de Cataluña, y Socialistes y Units per Avançar respetamos, por tanto, todas las expresiones políticas presentes en el Parlament. A ninguna de ellas le negamos ni catalanidad ni carácter democrático. A todas ellas ofrecemos respeto y diálogo.

Creo que respeto por las personas, respeto por las ideas, respeto a las instituciones y respeto a la ley tendrían que ser el mejor punto de partida para una legislatura que tendría que ser bien diferente a la anterior.

El respeto no implica condescendencia, ni pretende disimular discrepancias. Las tenemos y son profundas. Nosotros no solo no compartimos el proyecto independentista, sino que creemos que perjudica a nuestro país. Pero respetamos profundamente lo que piensan de otra forma.

Un respeto que tienen que observar especialmente los que tienen responsabilidades institucionales a cualquier nivel. Sin olvidar nunca que, sea cual sea su posición política personal, tienen que hacer un esfuerzo para representar a todo el mundo, para que no se dañe la imagen de las instituciones que son de todos.

Me dirijo a la Cámara desde la responsabilidad y la conciencia compartida de que no estamos haciendo nuestro trabajo.

Hemos sido elegidos como diputados y diputadas y cobramos  por ejercer esta función, pero llevamos ya un mes de retraso en la investidura de un nuevo President. Se sigue aplicando el artículo 155 de la Constitución Española porque no hay gobierno,  a la espera de acuerdo entre los independentistas.

Y ni siquiera corren los plazos.

Y son muchas las personas que esperan nuestra respuesta, nuestras propuestas, nuestro trabajo de impulso y control al gobierno.

Nos esperan 162.742 menores que viven en lugares con privación material severa. Niños tutelados que han pasado noches en los calabozos de la Ciudad de la Justicia, en el Anatómico Forense, y ahora duermen en los pasillos de un Centro residencial de Acción Educativa. 20.000 familias que esperan cita para acogerse a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Miles de personas sin vivienda; un 25% de los desahucios que se producen en España tienen lugar en Cataluña. Alguien tiene que rendir cuentas de la chapuza del concurso de la ATLL, y alguien tendría que suspender el incremento del 11,8% del precio del agua para este año. Muchos estudiantes esperan que aprobemos una moratoria en la exigencia del conocimiento de una tercera lengua, mientras no se pongan los medios efectivos para hacerlo posible. Somos la Comunidad Autónoma con las listas de espera más largas para las intervenciones quirúrgicas, los servicios de urgencias de los hospitales están colapsados, tenemos personas atendidas en los pasillos. Son problemas de los que se habla poco. Y no tenemos un gobierno que los aborde y al que instar a la acción.

La ausencia de gobierno perjudica a la economía. Y la parálisis política genera inestabilidad, desigualdad, erosión de los derechos sociales y pobreza. Los más débiles son finalmente los más perjudicados.

7 millones y medio de catalanes y catalanas desean que nos pongamos en marcha. Necesitamos un gobierno. Un gobierno que se haga cargo de los problemas, que gobierne para los siete millones y medio de catalanes. Y la última reunión de gobierno de Cataluña se produjo el 24 de octubre del año pasado. Hace demasiado tiempo.

Es hora de que un nuevo gobierno, piense lo que piense sobre el futuro de Cataluña, se cuide de los problemas y los anhelos del conjunto de los catalanes, no solo de una parte.

Estoy pensando en los ciudadanos que siguen con inquietud y estupor las negociaciones a puerta cerrada por parte de aquellos que se llenan la boca de democracia, de participación y de transparencia.

A día de hoy no sabemos cuántos presidentes tendremos, cuántos de verdad o cuántos de broma. Y a veces hemos visto más dificultades para decidir sobre quién tiene que mandar en TV3 que sobre quién tiene que presidir la Generalitat.

Siete millones y medio de catalanes tienen derecho a que el Parlament se disuelva si en un plazo razonable no se pone en marcha la legislatura.

Creo que nadie se merece lo que está pasando, haya votado lo que haya votado.

Como mínimo tenemos que poner en marcha el reloj. Y por eso hemos presentado una propuesta de resolución que, sin atribuir responsabilidades a nadie, pretende proporcionar certezas a todos.

También hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en defensa de nuestros derechos como diputados y diputadas, que son también los derechos de la ciudadanía a la que representamos. Lo haremos siempre que haga falta.

Pero nos gustaría más que fuese una decisión del Pleno del Parlament la que desbloqueara la situación, acogiéndonos a lo que los letrados de la Cámara decían cuando apuntaban a un “acto equivalente a la primera votación de investidura” como mecanismo para poner en marcha el reloj, ya que la votación de investidura no se ha producido, como dice nuestra ley, diez días después de constituido el Parlament.

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Desde el primer día afirmamos nuestra posición política en este inicio de legislatura: En primer lugar, Parlament y Gobierno tendrían que actuar permanentemente en el marco constitucional y estatutario vigente, respetando los mecanismos legales y las mayorías necesarias para reformarlo.

En segundo lugar, parece conveniente no elegir a personas que no puedan ejercer en plenitud sus responsabilidades, como forma de evitar que la legislatura quede hipotecada por los procedimientos judiciales en curso.

Finalmente, en tercer lugar, hay que constituir un gobierno estable capaz de asegurar una gestión eficiente de las competencias y los recursos de la Generalitat y de abrir una negociación con las instituciones del Estado.

Nuestra propuesta de resolución recoge estos criterios.

Hemos tenido que combatir la peregrina idea de una investidura a distancia o por delegación, y también la broma de un gobierno telemático.

Aprovecho para decir que consideramos inapropiadas las candidaturas a President o para ser miembros del gobierno de personas que estén inmersas en un procedimiento judicial abierto, estén o no en prisión preventiva.

Respetamos la presunción de inocencia, pero no creemos que estas personas puedan dedicarse en plenitud a los trabajos que se les pretende encomendar, que exigen una total disponibilidad y la máxima libertad de acción. Lógicamente los afectados tienen que concentrarse en la preparación de su defensa y eso, por muchos motivos, limita su capacidad de actuación. Y nuestra obligación como diputados es dotar a nuestro país de instituciones lo máximo de eficaces posible.

Además, la decisión de encomendar trabajos de gobierno a personas afectadas por un proceso judicial, se quiera o no, señalará una continuidad o una discontinuidad con respecto a la anterior legislatura. Y en eso queremos ser especialmente claros: desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido reeditar, ni que sea simbólicamente, una vía que ha fracasado.

De hecho, si consideramos que el proceso comienza con la elecciones de 2012 es difícil rebatir que en estos años no se ha producido ningún avance en materia de autogobierno ni de financiación. Ninguna nueva competencia, ni más recursos, ni más inversiones, ni ningún gran proyecto.

Y hacemos el balance de la anterior legislatura, es obvio que la vía unilateral e ilegal ha fracasado. No tiene sentido hablar de recuperar una república que no nació y que nos ha dejado un país más dividido y más pobre, con unas instituciones intervenidas y con el prestigio gravemente erosionado.

Se prometieron cosas que no se pudieron cumplir. Y que se sabía que no se podrían cumplir. Eso se llama engaño. Y algunos se han visto obligados a reconocerlo, bien ante el juez, bien ante un micrófono.

No había nada preparado, no hay apoyos internacionales. La decisión de hacer un referéndum, que después de escuchar declaraciones en sede judicial ya no sabemos si era real o simbólico. Y de hacer una declaración unilateral de independencia, que después de escuchar declaraciones en sede judicial ya no sabemos si era real o simbólica, ha tenido enormes costes políticos, económicos, sociales y personales.

Les pedimos que respeten el principio de realidad. La única legitimidad democrática, y no reconocemos ninguna otra, emanada de este Parlament y está amparada por el Estatuto y la Constitución, como muchos han reconocido y asumido ante el juez. Ni Consejos de la República, ni asambleas de electos, ni actos simbólicos en Bruselas no pueden substituir este Parlament y el President y el gobierno surgidos de la Cámara. No creen órganos que solo les representan a ustedes mismos, como si en su República solo cupiesen ustedes.

Es más, el desdoblamiento institucional que algunos parecen pretender no puede hacer otra cosa que erosionar nuestras instituciones de verdad: las instituciones de autogobierno amparadas por el Estatuto y la Constitución. Hay que ser claros al respecto. Cualquier intento de construir una legitimidad paralela, aunque se pretenda simbólica, que sería reconocida por una parte de la ciudadanía catalana y sería negada por las leyes y por otra parte de la ciudadanía, está abocada al fracaso y nos adentra todavía más en el conflicto. Para superarlo, lo que hace falta es reconstruir el consenso democrático sobre las instituciones de toda la ciudadanía catalana, y construir y el futuro juntos a partir de aquí. Comenzando por el respeto y siguiendo por la reconciliación, para abrir un camino de reformas. Respeto, reconciliación y reformas tendrían que presidir esta nueva legislatura.

Los días 6 y 7 de septiembre se rompieron en este hemiciclo demasiadas cosas. La imposición de criterios de parte por encima de reglamentos y de leyes, pisoteando el derecho de las minorías, fue el preludio de un desastre que no podía acabar sino en intervención de las instituciones de autogobierno por parte del Estado. Muchos lo habíamos advertido. Y por eso esta legislatura tiene que emprender un camino bien diferente.

Romper con la legalidad nos ha llevado al 155. Y tampoco queremos dejar de señalar la responsabilidad de los que no han sido capaces de abrir una vía de diálogo y negociación, de los que solo han sabido trasladar el problema a la justicia y no han sabido dar otra respuesta que la represión policial. Pero vuelvo a reclamar la aceptación del principio de realidad: el reconocimiento de la primacía del Estatuto y la Constitución por parte de los dirigentes políticos que han declarado ante el juez tendría que ser un buen punto de partida para asegurar que esta legislatura será bien diferente de la anterior.

Creemos que esta legislatura se tendría que iniciar pensando en el conjunto de los ciudadanos y no solo de una parte, por numerosa que sea. Desde nuestro punto de vista no podemos abordar la cuestión de las relaciones entre Cataluña y el resto de España sin reconocer que primero hay que promover un gran acuerdo al respecto entre los catalanes. Un acuerdo que hoy por hoy no existe.

No cabe duda de que las fuerzas independentistas tienen un mayoría parlamentaria que les habilita a gobernar si acuerdan un gobierno, un presidente y quién manda sobre TV3, pero en cambio no hay un mandato democrático para la independencia. Un mandato que, por otro lado, nunca podría tener éxito de forma unilateral e ilegal como ya se ha comprobado.

De hecho, si lo que se quiere es cambiar el marco institucional, algo bien legítimo, hay que hacerlo a través de mecanismos de reforma que pasan necesariamente por las Cortes Generales en un proceso que hay que iniciar en el Parlament contando con una mayoría de al menos dos tercios de la Cámara. Y no hay dos tercios  del Parlament ni de la sociedad catalana dispuestos a avanzar en un proceso constituyente ni en la redacción de la Constitución de la República Catalana. Lo saben ustedes y nos los acaba de recordar el último estudio del CEO. No hace falta insistir más.

La tradición catalanista que compartimos con muchos se basa en la defensa de la unidad civil y de la cohesión social. Y no está de más recordar que, a veces, querer acelerar rompiendo consensos lo que provoca son reacciones en sentido contrario. Y la polarización que ha provocado el debate sobre la independencia es una buena muestra. Hagan el favor de leer bien los resultados electorales, no es tan difícil.

Aprovecho para reiterar nuestra convicción de que la división de la sociedad catalana en dos bloques enfrentados, incapaces de dialogar entre ellos, no solo no nos hará avanzar sino que nos está haciendo retroceder. Por este motivo intentaremos no caer en ninguna tentación frentista y nos comprometemos a colaborar con todos aquellos que compartan esta convicción.

Creemos que Cataluña está en condiciones de conseguir mayores cotas de autogobierno, una mejor financiación, y un papel activo en la transformación de España y de Europa. Todo ello a través de un camino de diálogo, negociación y pacto. Pero como les decía eso requiere antes que nada de un acuerdo entre los catalanes.

Y estamos escuchando hablar mucho de candidatos a la Presidencia, de candidatos a ser consejeros y consejeras, de quién quiere mandar sobre TV3, pero no estamos escuchando hablar nada sobre qué política se quiere hacer.

Y la primera pregunta a hacernos es bien sencilla: se acepta el marco legal vigente o no.  Habría que acabar con esta situación tan peculiar en la que demasiadas personas dicen una cosa en público y otra en privado. Del mismo hecho corren demasiadas versiones:  la del whatsapp de los convencidos, la de los medios de comunicación, la que se hace ante el juez y la que se confiesa en privado.

Quizás las enmiendas presentadas por la CUP tenían la virtud de esclarecer las verdaderas intenciones de todo el mundo. ¿Eso va de continuar la lógica de la anterior legislatura? ¿O buscamos entre todos otra salida después de ver el fracaso, los enormes costes y los riesgos de la República virtual, unilateral e ilegal?

Después lógicamente vendrán las preguntas sobre prioridades y orientaciones concretas de las diversas políticas sobre la que la Generalitat tiene competencias.

Y también sobre la disposición a abrir un diálogo dentro de Cataluña primero y fuera de Cataluña después.

Nuestro Grupo está dispuesto a cualquier esfuerzo, a cualquier sacrificio en beneficio de la necesaria reconciliación. Pero queremos ser muy claros: solo el respeto a la legalidad proporciona la base sobre la que construir y ampliar consensos.

En este sentido votaremos a favor de las propuesta de resolución del resto de grupo a excepción de la de Junts per Catalunya que contiene demasiados elementos de continuidad con la anterior legislatura que querríamos bien pronto olvidar y superar.

Gracias, señor President, señoras y señores diputados.