Archivo del Autor: Miquel Iceta

Debate sobre el artículo 155

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GRUPO SOCIALISTA, MIQUEL ICETA, EN EL PLENO DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155

Parlament de Catalunya, 26 de octubre de 2017

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Sra. Forcadell, Sr. President,

Usted hoy ha dudado y quizás todavía duda. Y quiero felicitarle por la valentía de dudar. Solo usted puede tomar una decisión transcendente, y tiene que calibrar, y solo puede hacerlo usted, cuál es la mejor opción. Usted tiene la llave para acabar la legislatura de una determinada manera que preserve las instituciones de autogobierno que son de todos. Usted tiene que pensar si acabar esta legislatura con una declaración de independencia en las actuales circunstancias no sería altamente perjudicial para Cataluña.

Usted tiene que pensar si desactivar el 155 es lo mejor que puede hacer. Y, por tanto, quiero reconocerle la valentía de dudar, de dudar entre convicción y responsabilidad, entre el confort de los partidarios y la mejor defensa de los intereses de todos.

Soy consciente o creo serlo, de la soledad, la incertidumbre y las presiones de todo tipo que tiene que estar padeciendo. Y precisamente por ello quiero hacerle este reconocimiento antes de iniciar una intervención que puede ser dura en algunos momentos, pero que no quisiera que en ningún caso fuera injusta.

No lo podemos saber con seguridad, pero este podría ser el último pleno de la legislatura y, por tanto, antes de entrar en materia querría hacer algunos comentarios sobre el balance de la labor del gobierno.

Con la mano en el corazón, desde nuestro punto de vista y con nuestro respeto, esta legislatura ha sido un desastre total y absoluto.

Comenzamos mal. El candidato a la presidencia iba escondido en el cuarto puesto de la candidatura por Barcelona. La CUP se negó a investirlo como Presidente, y tenía todo el derecho a hacerlo. Y, entonces, usted, como segunda opción, se convirtió en Presidente, y era el tercero en la lista por Girona.

Dijeron que las elecciones eran plebiscitarias pero muy pocos de ustedes, yo solo me acuerdo de uno, se atrevieron a admitir que habían perdido el plebiscito en los términos en que ustedes mismos lo habían planteado. Y perdido el plebiscito mantener el objetivo que se habían propuesto era imposible. Al negarse a aceptar que no tenían el suficiente apoyo para hacer lo que se habían comprometido a hacer cometieron el error que ha marcado la legislatura.

Y con estos inicios el fracaso era previsible.

Tenemos hoy una sociedad más dividida, una economía debilitada y un país más aislado internacionalmente.

Todo ello a causa de un objetivo legítimo pero equivocado y una estrategia también equivocada.

Objetivo y estrategia contenidos en aquella resolución del 9 de noviembre de 2015, que ya fue anulada por el Tribunal Constitucional, en uno de los muchos episodios fracasados de la legislatura.

Lo que comienza tan mal es imposible que acabe bien.

Hemos acabado denominando estructuras de Estado a lo que son instrumentos de administración y de gobierno, pensando que un nombre más solemne daría más prestancia. Hemos celebrado tantas jornadas históricas que ya hemos perdido la cuenta. Y estamos donde estábamos. Perdón, ahora mismo estamos a punto de caer en el precipicio.

Por no saber ustedes no saben si han declarado o no la independencia. Si lo harán hoy o mañana. Si lo harán votando o cantando. En el hemiciclo o en el auditorio. Si lo harán de verdad o que solo lo parezca. Sabemos que tienen en texto preparado, limpio y pulido. Incluso firmado por setenta y dos miembros de la Cámara.

Pero como todo lo que han hecho ustedes en esta legislatura, cogido con pinzas, hecho deprisa y corriendo, mal pensado, peor ejecutado y mal acabado.

Parecen haber olvidado aquel slogan que decía “el trabajo mal hecho no tiene futuro”. Y también han olvidado que el trabajo bien hecho no tiene fronteras, porque ustedes están obsesionados en crear una nueva frontera. Gravísimo error.

Ningún ámbito de gobierno ha supuesto ninguna innovación o ningún avance tangible. Quizás lo será, y así lo esperamos, la renta garantizada de ciudadanía. Pero nada más.

El proceso ha absorbido tiempo y energías, ha desperdiciado recursos y no nos ha hecho avanzar ni un milímetro ni como país ni como sociedad.

Y el país, y todos nosotros, señor President, tenemos cara de agotados.

Tanto que nos gustaba leer a la prensa extranjera hablando bien de Cataluña, y ahora bajamos los ojos para no tener que leer editoriales de Le Monde o del Wall Street Journal que nos avergüenzan.

Sé que algunos ya estarán pensando que me echarán en cara que no haga críticas al gobierno del PP. Pero es que nuestro país no mejorará en nada si no somos capaces de hacer primero nuestro propio examen de conciencia. Los pecados del PP, como todo el mundo sabe, no tienen perdón de Dios.

Pero nosotros tenemos que centrarnos en la que es nuestra responsabilidad. Tenemos un gran país, pero hemos tenido un pésimo gobierno.

Y eso se paga. Un pésimo gobierno que se equivocó en la elección de prioridades, que ha sido incapaz de corregir errores que resultaban del todo evidentes, que buscaba el choque de trenes hasta que lo ha encontrado, dejando de obtener mejoras y resultados concretos que tanto hubiesen podido beneficiar a la ciudadanía.

President, yo le pido que cumpla al menos una de sus promesas electorales. Dijeron que solo estarían dieciocho meses. Ya han pasado hace tiempo. Convoque, pues, las elecciones y que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan elegir otro rumbo y otro equipo.

Pero, ciertamente, hoy hemos venido a hablar de la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aquel artículo que permite obligar a una Comunidad Autónoma a volver a la legalidad cuando de forma consciente o inconsciente la ha vulnerado. Y en lo que respecta a nuestro caso, salir de la legalidad ha sido una actuación premeditada. De hecho, la resolución del 9 de noviembre de 2015 así nos lo indicaba.

Y ustedes hoy quieren que hablemos de las consecuencias de la aplicación del artículo 155. Pero querrían que olvidásemos las causas.

Y yo no pienso hacerlo.

Saben perfectamente por qué existe hoy el riesgo de que se aplique el artículo 155.

El origen no es otro que la aprobación los días 6 y 7 de septiembre de la ley del referéndum de autodeterminación y de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Dos leyes aprobadas deprisa y corriendo, vulnerando el reglamento de la Cámara, atropellando los derechos de la oposición, liquidando el Estatuto de Autonomía, incumpliendo la Constitución y desobedeciendo al Tribunal Constitucional.

Lo dijeron los letrados de la Cámara. Hoy parece que les vuelven a escuchar porque han hecho un dictamen muy crítico sobre el contenido de la propuesta concreta de aplicación del artículo 155 que el gobierno del Partido Popular ha hecho para que el Senado lo autorice.

Ya me hubiese gustado a mí que hubieran hecho caso de los letrados en aquel pleno de triste memoria. Ahora todo son facilidades para acceder al informe sobre el 155, entonces todo eran dificultades para conocer el criterio de los letrados sobre el abuso que ustedes perpetraron. Tampoco quisieron conocer el parecer del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre las dos leyes. Y el Consejo de Garantías ante esta vulneración del reglamento de la Cámara y ante el atropello de los derechos de la oposición, nos señaló el camino de recurrir al Tribunal Constitucional. También lo ha hecho el Síndic de Greuges en respuesta a un escrito sobre esta cuestión que le hemos dirigido.

Nunca hubiese pensado que mis derechos como diputado estarían mejor defendidos por una institución de ámbito estatal que por las propias instituciones catalanas.

Ustedes aprobaron dos leyes que sabían perfectamente que escapaban de las competencias de este Parlament.

Y, por cierto, liquidaron el Estatuto con 72 votos, cuando para reformarlo hacen falta 90. Que también es la manera que tienen de esquivar una gran verdad. El problema no solo lo tenemos con el gobierno español, el problema es que entre nosotros mismos, los catalanes, no tenemos el suficiente acuerdo para afrontar grandes reformas, y todavía menos la independencia.

Estas dos leyes han sido lógicamente suspendidas por el Tribunal Constitucional, y la primera de ellas, definitivamente anulada. Y la otra lo será también sin duda, como ustedes saben perfectamente.

En esta sentencia el Tribunal manifiesta de forma contundente tres tipos de problemas: sustantivos, competenciales y procedimentales. Es obvio que la ley que pretendía regular un referéndum de autodeterminación atentaba contra la propia sustancia de la Constitución. Ni más ni menos que contra su artículo segundo. Es obvio que un Parlamento autónomo no puede regular un referéndum, como ya sabíamos de anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, e incluso nos había dicho el Consell de Garantías Estatutarias con motivo de la aprobación de los presupuestos de este año. Es obvio que para conseguir su objetivo se saltaron de mala manera los procedimientos. Un conseller se atrevió a decir. “No se hizo muy bien”. Y usted dijo: “No teníamos otra manera de hacerlo”.

Y a pesar de que la ley del referéndum estaba suspendida, ustedes quisieron organizar la jornada del 1 de octubre. Una jornada que en ningún caso era el referéndum efectivo, vinculante y con garantías al que ustedes se habían comprometido. Incluso sus invitados internacionales así lo hicieron constar. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Era una jornada viciada de origen y dificultada por la acción de los poderes del Estado que trataron de impedir su celebración. En este sentido, lamentamos y condenamos las acciones policiales desproporcionadas contra personas en el intento de evitar que pudiesen participar en aquel acto de votación.

Y después ustedes han querido extraer de la jornada del 1 de octubre un pretendido mandato democrático que les habilitaría a declarar la independencia y abrir un proceso constituyente. Sin ningún reconocimiento internacional, sin ningún apoyo.

No era legal, no. No podían hacerlo, no.

Pero desde mi punto de vista la razón fundamental por la que no pueden proceder como pretenden hacerlo es porque no tienen una mayoría de la sociedad que lo avale.

Pueden mirar ustedes los resultados de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Y ver como los que votaron Sí-Sí, suman 1.861.753. Como los votantes de Junts pel Sí y la CUP de las elecciones de septiembre de 2015 sumados son 1.966.508. O como según los datos proporcionados por ustedes mismos los votantes del sí del 1 de octubre son 2.020.144 personas.

Son muchos. Y los respetamos absolutamente. Pero no son mayoría. El censo electoral en las elecciones del 2015 era de 5.510.853. El sí a la independencia no consigue el 50%.

Y una minoría, por numerosa que sea, no puede imponerse a la mayoría. Y más en el caso de una decisión que requeriría en opinión de muchos y también en mi opinión una mayoría amplia, por la gran transcendencia que tiene la decisión y por su carácter irreversible.

Cuando ustedes publicaban alegres y felices sus hojas de ruta, nos prometían a todos, independentistas o no, casi el paraíso en la tierra. Una república. Un nuevo país. Cuando alguien les decía que los bancos y las grandes empresas se verían obligados a marchar, ustedes levantaban la voz y decían que hacíamos “el discurso del miedo”.

Que Santa Lucía les conserve la vista y, a ser posible, se la aumente.

¡Qué desastre!

Los dos bancos. Seis de las siete empresas catalanas que cotizan en el Ibex 35. Y más de 1.300 empresas más. El vicepresidente nos dice que no nos preocupemos, que al fin y al cabo, se han quedado muchas más y que éstas quizás volverán. ¿A quién quieren engañar?

Estamos hablando de las 40 mayores empresas que se han ido, que facturan por valor de 65.000 millones de euros, lo que representa el 30% del PIB catalán. Por favor, les pido, que no lo minimicen. No insulten a la inteligencia de los catalanes.

Ciertamente han cambiado las sedes sociales, pero no la actividad y el empleo. Pero sabemos que después de mover la sede social, muchas pueden acabar moviendo la sede fiscal y más adelante parte de su actividad. Cualquier responsable político sabe que hay que tener actividad real en el lugar donde tiene su sede social. Hacienda vigila este aspecto. Y el proceso en este caso sí que es conocido: primero la sede social, después la alta dirección, después los servicios centrales y quién sabe qué más. En definitiva, los mejores puestos de trabajo, los mejor remunerados, los que toman las decisiones estratégicas.

Sabemos que en otros países procesos similares han sido irreversibles. Como lo muestra el ejemplo de las empresas con sede en Montreal que se fueron a Toronto y que ya no volvieron. Quebec no es independiente, pero han perdido peso económico.

No es buena manera de reducir el déficit fiscal sobre la base de empobrecer nuestra economía.

Por tanto, le digo que es ¡mejor que este gobierno se vaya y que no se vayan las empresas!

También nos dijeron que el mundo nos miraba y nos esperaba. Pero desde que el proceso se radicalizó y se aceleró hemos podido observar cómo las instituciones europeas y los gobiernos de los países europeos desaconsejaban con firmeza movimientos unilaterales e ilegales, considerando que el progreso de Europa necesita más integración y no desintegración, más conexión y no más desconexiones. Y todavía menos sentar un precedente.

También nos dijeron que el proceso aseguraba la convivencia y que el referéndum que querían organizar era la máxima garantía. Usted mismo, señor President, ha hecho públicas reflexiones sobre la necesidad de mantener la convivencia, de evitar la fractura social. Son reflexiones que compartimos. Pero, desgraciadamente, hoy no podemos negar la división y la fractura. Se ha iniciado un camino de fractura. Y una herida social es muy difícil de sanar.

La realidad puede ser tozuda, pero es la realidad. El diseño de un mundo sin gravedad es posible, pero en nuestro mundo la ley de la gravedad es ineluctable.

Ustedes quieren que hablemos de las consecuencias del artículo 155 pero quieren escamotearnos las causas.

Y tampoco parecen dispuestos a que hablemos de cómo impedir la aprobación por parte del Senado de la autorización pedida por el gobierno del Estado.

President, hoy usted no debería estar aquí. Este pleno no se tendría que haber celebrado hoy, y quizás tampoco mañana.

Nos hubiera gustado verle hoy en el Senado y quizás acompañarle.

Desde el primer debate de la legislatura, el 9 de noviembre de 2015 venimos advirtiendo sobre los riesgos de poner las instituciones catalanas fuera de la ley, y normalmente lo hacemos recordando que las instituciones son de todos. Cataluña somos todos. La Generalitat es de todos.

Y es por todo ello que usted tendría que haber ido al Senado a defender las instituciones de autogobierno y también a pedir y ofrecer un diálogo político.

Me podrá decir que el ambiente no es el más propicio. Y no le diré que no. Pero esa no es razón suficiente para huir de su responsabilidad como President de la Generalitat de Catalunya. Como dijo Lincoln: aunque sea probable que pierdas la batalla, eso no te puede disuadir de apoyar una causa que crees justa.

Y, por cierto, Presidente, ¿recuerda que le pedí por carta que nos recibiera a los Presidentes de los grupos parlamentarios antes de responder por segunda vez al requerimiento que le hacía el gobierno de España antes de pedir la autorización del Senado o para aplicar el artículo 155?

Lo hice porque creía que usted tenía la obligación de compartir con nosotros información y criterios sobre una cuestión tan transcendental. La presidencia de la Generalitat es una institución en sí misma y tiene que asegurar la representación política e institucional del conjunto de la ciudadanía. Y, por tanto, yo creía que antes de responder a aquel requerimiento usted estaba obligado a conocer nuestras respectivas opiniones. La decisión final era suya, nunca se lo he discutido. Pero en un tema que ponía en riesgo nuestras instituciones de autogobierno, nuestro modelo económico y la convivencia valía la pena que usted nos hubiera consultado. Pero usted no lo hizo.

El requerimiento no parecía, en principio, tan difícil de responder. Se trataba de decir por escrito de la forma más clara e inteligible posible, si usted o el gobierno o el Parlament habían declarado la independencia en la sesión del pasado 10 de octubre.

Recuerdo claramente el debate. He leído las transcripciones e incluso he consultado el acta de la sesión: allí no se tomó ningún acuerdo. Y por tanto, el 10 de octubre no se declaró la independencia. Ni aquel día ni los días siguientes.

Por los motivos que sea usted evitó responder claramente. Y en la segunda carta tuvo la sinceridad de decir que no se había proclamado la independencia, pero que podría hacerlo en el momento que lo considerase oportuno.

¿Cómo quiere, en esta circunstancia, que no se aplique el artículo 155?

Porque usted, en sus cartas, deducía un mandato democrático de un referéndum ilegal convocado de acuerdo con una ley que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que, vuelvo a decir, nadie en el mundo ha avalado.

¿Cómo quiere, en esta circunstancia, que no se aplique el artículo 155?

Pero usted todavía tiene la oportunidad de evitar la aplicación del artículo 155.

Puede hacer dos cosas:

Una, convocar elecciones al Parlament de Catalunya de acuerdo con la legalidad vigente. Entre otras cosas, porque si convoca elecciones al Parlament de acuerdo con la legalidad vigente, tal y como han hecho todos sus predecesores, estaría dejando claro que no considera que las previsiones de la suspendida Ley de Transitoriedad Jurídica estén vigentes. El proceso electoral sería supervisado por la Junta Electoral Central y no por la Sindicatura Electoral recogida por la Ley de Transitoriedad. Por tanto, usted, de forma indirecta habría demostrado que las instituciones catalanas se mantienen en la legalidad.

La segunda opción es, desde mi punto de vista, más interesante. Usted podría haber ido al Senado a decir todo lo que creyera conveniente y, además añadir dos elementos: el primero, reiterar que la independencia, aun siendo su legítimo objetivo, no ha sido ni declarada ni proclamada, añadiendo que usted y el gobierno que preside están dispuestos a iniciar un diálogo político para resolver el problema que tenemos entre manos sin ningún tipo de apriorismo. En estas condiciones es muy probable que el Senado accediera a no poner efectivamente en marcha el mecanismo del 155 en beneficio del diálogo político. Los socialistas ya hemos dicho que abonaríamos esta posibilidad. E incluso hemos presentado una enmienda en este sentido.

De la misma manera usted tendría que acceder a no dar pasos hacia la independencia mientras el diálogo estuviera abierto.

Rectifico el tiempo verbal. He dicho, usted podría. Y me he equivocado. Usted puede ir al Senado. Puede ir mañana. Me ofrezco, y estoy seguro de que otros presidentes de grupo se ofrecerían también, a acompañarlo si es para abrir una posibilidad real de diálogo político que tendría, como primer beneficio, el alejamiento de la perspectiva de la aplicación efectiva del artículo 155 y no profundizar en la herida de la convivencia.

No me resigno al 155. Nadie quiere hacerlo. Si nadie lo quiere, ¿por qué no hacemos algo para que no se tenga que aplicar?

Ahora bien, no hagamos juegos de palabras. El 155 sirve para restaurar la legalidad, para restituir el Estatuto, para recuperar el normal funcionamiento de las instituciones. Y eso requiere que ustedes renuncien a activar las previsiones de las dos leyes, una anulada y la otra suspendida por el Tribunal Constitucional. No es tan difícil hacer caso al Tribunal Constitucional. Precisamente por hacer caso al Tribunal, no celebramos el pleno del 9 de octubre y sí el pleno del 10 de octubre, cambiando de fecha y enunciado de su última comparecencia en el Pleno. Un pleno que, por cierto, se ha reunido muy poco últimamente.

Ustedes con el Tribunal Constitucional tienen una relación bien extraña. Lo critican constantemente, y tienen derecho a hacerlo, pero recurren a él constantemente, y también tienen derecho a hacerlo y hacen bien en hacerlo. La mitad de los recursos pendientes en el Tribunal Constitucional presentados por las Comunidades Autónomas corresponden a Cataluña.

Ejemplos bien recientes: el que llevó a la decisión de restituir al PDeCAT su grupo parlamentario al Senado. O ahora mismo cuando anuncian actuaciones ante el Tribunal Constitucional precisamente para intentar frenar la puesta en marcha del 155.

Las decisiones que el Tribunal Constitucional ha tomado en relación al proceso político catalán desde la declaración de soberanía de 2013 han sido unánimes. El Tribunal Constitucional lo integran 12 magistrados de sensibilidades ideológicas diferentes, y dos de ellos catalanes, uno de ellos nombrado a propuesta de Convergència i Unió. Les digo esto porque la descalificación total, absoluta y sistemática del Tribunal no tiene mucho sentido.

Por cierto, ahora me acuerdo también que los dos acuerdos del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la aprobación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, se tomaron por unanimidad, e ignorados olímpicamente por ustedes.

Sr. President, la opinión del grupo parlamentario socialista es que si usted, su gobierno y la mayoría parlamentaria que le da apoyo no aceptan ya la legalidad constitucional y estatutaria, la aplicación del artículo 155 es inevitable.

Podemos darles las vueltas que queramos, pero los Estados democráticos tienen la costumbre de asegurar la vigencia de las respectivas constituciones en el conjunto de su territorio. Y tienen mecanismos jurídicos para asegurar que esta vigencia prevalezca sobre otras consideraciones. En algunos países le llaman coerción federal. Es un mecanismo que incorporan entre otras las Constituciones de Austria, Alemania, Portugal, Italia, Suiza y Estados Unidos.

No me atrevo a entrar en el detalle ni en el análisis jurídico de la autorización concreta solicitada por el gobierno de España. Será un tema sobre el que finalmente se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional. Ciertamente el artículo 155 está pensado para obligar a la vuelta a la legalidad en supuestos de vulneraciones concretas. Como fue el caso de Canarias para obligar a aquella Comunidad a respetar algunos acuerdos europeos en materia fiscal.

Pero aquí estamos ante un caso bien diferente. A partir de los días 6 y 7 de septiembre, el Parlament se situó fuera de la legalidad, como lo hizo el gobierno al organizar la jornada del 1 de octubre a pesar de la suspensión de la vigencia de la ley del referéndum por parte del Tribunal Constitucional. Como estaríamos fuera de la legalidad si pretendiésemos ahora que la ley de transitoriedad, también suspendida, está vigente.

No nos hagamos trampas al solitario. O respetamos la legalidad vigente o no la respetamos. Si la respetamos de palabra y con hechos, no tiene sentido aplicar el 155. Si no la respetamos, la aplicación del 155 es inevitable.

Acabo. President, evitar la aplicación del 155 está en sus manos. Y puede contar con nosotros para hacerlo. Yendo al Senado a pedir y ofrecer diálogo o convocando elecciones en el Parlament en aplicación de la legalidad estatutaria y de la LOREG.

President, acabo con una cita de John Kenneth Galbraith que dijo: aunque todo lo demás vaya mal, siempre nos podemos asegurar la inmortalidad cometiendo algún error espectacular.

Espero que nadie cometa un error espectacular que pagaríamos todos los catalanes y las catalanas.

President usted tiene la potestad de convocar elecciones y haciéndolo preservar las instituciones de nuestro autogobierno. Se lo pido. Hágalo.

Muchas gracias.

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Declaración de Miquel Iceta, 19 de octubre de 2017

 DECLARACIÓN DEL PRIMER SECRETARIO DEL PSC, 19.10.2017

  1. Hoy hemos conocido la segunda respuesta del President Puigdemont al requerimiento del Gobierno de España.
  2. En nuestra opinión, no es la respuesta que esperamos ni merecemos los catalanes.
  3. Ciertamente el President Puigdemont reconoce, finalmente, que el 10 de octubre el Parlament no declaró la independencia.
  4.  Lo tendría que haber dicho así de claro desde el primer momento, pero comete, en nuestra opinión, un error gravísimo: amenaza con declarar la independencia en cualquier momento.
  5. Nadie puede apreciar sinceridad suficiente en su apelación al diálogo mientras formula por escrito una amenaza de secesión.
  6. Nadie puede olvidar el origen reciente de la actual crisis. La aprobación en el Parlament de Catalunya los días 6 y 7 de septiembre de las leyes de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica.
  7. Desde este preciso momento las instituciones catalanas, de forma plenamente consciente, se situaron fuera de la legalidad.
  8. Los socialistas hemos advertido en todo momento de los graves riesgos de la vulneración de la legalidad vigente. Nos han dado la razón los Letrados del Parlament, el Consejo de Garantías Estatutarias y el Tribunal Constitucional.
  9. La mayoría independentista, al elegir un camino unilateral e ilegal, está perjudicando gravemente los intereses de los catalanes y pone en peligro el autogobierno.
  10. No nos cansaremos de decirlo: una minoría, por importante que sea, no se puede imponer sobre la mayoría. Miremos los datos del: 9 de noviembre de 2014, del 27 de septiembre de 2015, e incluso del 1 de octubre de 2017.
  11. Se está fracturando el país. El proceso independentista no tiene ni el aval ni el apoyo de la Unión Europea. Los bancos y las grandes empresas catalanas ya han optado por cambiar sus sedes sociales fuera de Cataluña.
  12. Vuelvo a exigir, a pedir, a implorar: abandonad una vía que nos perjudica gravemente a todos. No pido una renuncia a un objetivo democráticamente legítimo, pero sí me opongo frontalmente a una vía ilegal para conseguirlo.
  13. La amenaza de declarar en cualquier momento la independencia hace inevitable que el Estado inicie los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución que votamos de forma muy mayoritaria.
  14. El artículo 155 tiene como objetivo asegurar que todas las comunidades autónomas cumplen la legalidad y da al Gobierno de España la autoridad para requerirlas a que lo hagan e, incluso, a adoptar medidas para obligarlas a hacerlo.
  15. La decisión definitiva sobre la aplicación concreta del artículo 155 corresponde al Senado.
  16. Pedimos, pues, al Gobierno de Cataluña y al Gobierno de España, a los Presidentes Rajoy y Puigdemont, que agoten hasta el último momento todas las posibilidades de diálogo para evitar males mayores. Para iniciar un camino para encontrar una solución poilítica un problema político. En el marco de a ley de los mecansimos para cambiarla.
  17. Reitero nuestro convencimiento de que la convocatoria de nuevas elecciones para el Parlament de Catalunya sería la mejor salida a este callejón.

 

 

Intervención en el debate parlamentario sobre las consecuencias del 1 de octubre

INTERVENCIÓN EN EL DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL 1 DE OCTUBRE

Parlament de Catalunya, 10 de octubre de 2017

[enlace al video]

Gracias, señora Forcadell,

President, los debates son para debatir, para hablar y para escuchar. Yo ahora estaba intentando que alguien me hiciera la transcripción literal de lo que ha dicho para ver si lo he entendido bien. Usted asume un mandato, que yo discuto, y al mismo tiempo dice que propone suspender una declaración no hecha. Es complejo, pero las situaciones políticas a veces lo son, y todos tenemos que admitir que en la complejidad el diálogo puede hacerse más difícil si no nos entendemos suficientemente, pero también ofrece márgenes en los que tenemos que trabajar todos juntos.

No se puede suspender una declaración que no se ha tomado. Y cuando usted nos dice “propongo suspender”, porque realmente estamos llegando al límite, de que son las palabras del presidente de la Generalitat las que dan validez o no a las leyes y nos sitúan en un terreno muy, muy complejo.

Yo le tengo que decir que estos días estoy entre la gente angustiada, que como usted ha dicho bien en su intervención son gente que piensa muy diferente. Son personas que probablemente coinciden en dos grandes cosas: aman su país pero quieren la prosperidad de su familia y sus hijos. Los tenemos que servir bien a todos y acertar muy bien.

Yo pensaba que en algún momento usted diría que traslada unos acuerdos, unos resultados, pero que no es una función que le corresponde a usted. Porque la ley del referéndum establece con mucha claridad que en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, se celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente. No es esta sesión, ¿o yo me confundo mucho? Alguien nos lo debería decir.

Yo quería hoy en mi intervención reiterar la advertencia que a menudo hemos hecho los socialistas en esta Cámara y yo particularmente como presidente de mi grupo. Ya el 9 de noviembre de 2015 en el inicio de esta legislatura les decía si habían pensado bien en los costes y consecuencias de situar las instituciones catalanas fuera de la ley. Tuve ocasión de reiterarlo en los dos debates fallidos de investidura de Artur Mas, lo reiteré en su propio debate de investidura, en el debate de la cuestión de confianza, en muchas ocasiones.

Desde nuestro punto de vista, las instituciones catalanas se situaron fuera de la ley los días 6 y 7 de septiembre. Desde nuestro punto de vista, incumplieron el reglamento, pisaron los derechos de la oposición, fulminaron el Estatuto y vulneraron la Constitución. Para nuestra “tranquilidad” no era una opinión sólo nuestra; era una opinión de los letrados del Parlament, del Consell de Garanties Estatutàries, del Tribunal Constitucional e incluso algún miembro de su gobierno dijo que no se hicieron las cosas suficientemente bien.

Desde este punto de vista, y por estas razones, le tengo que decir que el 1 de octubre no se celebró el referéndum efectivo, vinculante y con garantías al que se comprometieron. A pesar de ello el Estado cometió el error gravísimo de ordenar o de amparar acciones policiales violentas contra las personas que pretendían participar en ese acto de votación, por ilegal o irregular que algunos lo quisieran considerar. Condenamos aquellas actuaciones y pedimos la retirada inmediata de las fuerzas de seguridad la misma mañana del día 1.

Pero quiero decirle president: no se puede desprender ningún mandato democrático del acto de votación organizado el día 1. Ya sé que es una opinión política y que, como todas las opiniones políticas, es discutible, pero es que aquí estamos hablando en términos contundentes o, si se quiere, muy sólidos, de mandato democrático, que ustedes hoy han querido recoger o hacerse eco de ello.

Desde nuestro punto de vista, fue un acto de votación sin garantías. Lo han dicho incluso sus invitados internacionales. Sin una sindicatura electoral, por las razones que todos conocemos, con la dimisión de todos sus miembros, afectados por resoluciones muy duras del Tribunal Constitucional, que pudiera dar por bueno aquel proceso y que pudiera proclamar oficialmente los resultados. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, de ninguna manera y no porque usted lo suspenda desde la tribuna, sino porque no se han cumplido los supuestos de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, hoy no estamos ante lo que usted ha dicho. Usted no puede suspender un acuerdo no tomado.

Usted prometió su cargo, y cito literalmente porque introdujo una novedad en ese momento tan emocionante para cualquier catalán al tomar posesión de la máxima magistratura introdujo una expresión que no se había utilizado: “con plena fidelidad al pueblo de Cataluña”. Señor Puigdemont, el 38,47% no es el pueblo de Cataluña. Con este apoyo no se puede hacer lo que querían hacer. Usted no puede terminar su mandato permitiendo que una minoría, por más respetable que sea, se imponga a la mayoría. Un 38,47% no puede imponerse al 61,53%, al menos no en nuestro nombre.

Y como estos días efectivamente el mundo nos mira, reitero:

A minority cannot impose itself upon a majority.

Une minorité ne peut pas s’imposer sur une majorité.

Una minoría no puede imponerse sobre una mayoría.

El deseo de dos millones no puede imponerse sobre tres millones. Por eso yo ayer desde el respeto le decía, por patriotismo, no declare la independencia. Por patriotismo, digámonos todos la verdad. El proceso independentista ha tenido, sin duda, alguna virtud, desvelar ilusión, movilizar, hacer vibrar la gente. No me oirá nunca criticar este aspecto, al contrario. Pero objetivamente ha dividido a la sociedad, la ha polarizado. Al pretender la ruptura con el resto de España nos ha separado de la Unión Europea. E, incluso, antes de producirse materialmente, ha generado una inestabilidad institucional, una inseguridad jurídica, que ha recibido una respuesta de lo que llaman los mercados, de forma muy clara.

Ustedes nos dijeron, “el referéndum unirá a los catalanes”, y no ha sido así. Nos dijeron “el proceso nos acercará a Europa”, y ha pasado lo contrario. Nos dijeron “la independencia nos impulsará económicamente”, y no es cierto. Yo espero que las medidas que hemos conocido de algunas entidades financieras importantes y grandes empresas del país sean absolutamente temporales y signifiquen un gesto para asegurar la seguridad jurídica que exige el tráfico económico en nuestro tiempo.

No se pueden nunca establecer paralelismos, pero muchos de los que se fueron de Montreal hacia Toronto, no volvieron. Estamos muy preocupados por el desplazamiento sólo de centros de decisión,  aunque sea a efectos formales: el Banco Sabadell a Alicante, CaixaBank a Valencia, Criteria a Palma, Gas Natural, Aigües de Barcelona, ​​Gaesco y Cellnex a Madrid, MRW a Valencia, Abertis, Adeslas y Catalana Occidente a Madrid.

Piense president que seguramente, sin quererlo, habiéndolo negado, se está generando una incertidumbre que no nos podemos permitir. El aplazamiento sine die de no se sabe qué, no hará más que incrementar esta incertidumbre. Y es incertidumbre para las empresas, pero también para las familias. Estos días todos conocemos historias de familias, en la Franja, en Vinaròs, de visitas y colas en los bancos, problemas con los cajeros… ¿por qué? ¿Es fruto de una conspiración internacional de poderes ocultos, o es la inquietud de mucha gente, buena gente que no sabe dónde nos llevará esto? ¡Es la angustia de mucha gente, con independencia de lo que haya votado!

Y yo creo que algún día, y hoy puede ser el día adecuado, hay que decir dónde está el problema. Y el problema no es España, ni Europa, ni la legalidad, el problema lo tenemos entre nosotros. El día 6 y 7 de septiembre 52 diputados no participamos en la votación; la ley del referéndum y la de transitoriedad se aprobaron sin el apoyo de los dos tercios que nosotros mismos nos fijamos como límite mínimo para la reforma del Estatuto o para la adopción de un régimen electoral. Porque siempre hemos querido garantizar que ninguna decisión relevante que altere nuestro sistema institucional se tome sin asegurarse de que tiene un consenso amplio en la cámara y, por tanto, en la sociedad.

Hay una vieja máxima catalanista que dice ‘Unidos venceremos, divididos seremos derrotados’. President, el camino de la división es un camino de derrota. Lo hemos dicho muchas veces, no queremos resolver un empate. No queremos que la mitad más uno se imponga sobre la mitad menos uno. Queremos buscar un acuerdo que pueda reunir a un 80% de los catalanes. Más autogobierno, mejor financiación, y reformar el Estado. Y queremos tener la oportunidad de votar, en un sentido o en otro, este acuerdo.

Nosotros no queremos volver atrás 300 años, pero tampoco 38 ni 40. Yo creo que la salida al problema que tenemos son unas elecciones al Parlament, que permitan votar a todos, con igualdad, con garantías, y la posibilidad de optar por proyectos políticos diferentes que puedan tener la legitimidad democrática profunda de futuro.

Es absurdo ahora que nos quejemos todos de las consecuencias de actos que sólo de nosotros dependían. Y, lo digo desde un gran respeto por todas las instituciones y nombres que citaré. Yo no le puedo pedir responsabilidades a Òmnium, ni a la Assemblea Nacional Catalana, sólo le puedo pedir responsabilidades a usted. Y en esta hora grave, presidente, le pido la responsabilidad de decir que este Parlament no ha declarado la independencia. Que la Sindicatura Electoral no ha proclamado los resultados del referéndum. Que no estamos poniendo en marcha las previsiones ni de la ley del referéndum ni de la ley de transitoriedad.

Y termino con tres flashes. El  primero es una cita de Raimon Obiols: “La política puede ser servidora de los sentimientos, pero no es admisible servirse de los sentimientos para engañarse o engañar”.

La segunda es una cita de Josep Tarradellas: “Nuestro país es demasiado pequeño para que se desprecie a ninguno de sus hijos, y lo suficientemente grande para que quepamos todos”.

Y esta cita del president Tarradellas me permite dar paso a la coda final. Nosotros hoy no queremos ni señalar ni barrer a nadie. Todos y todas, en una medida u otra, hemos formado parte del problema y todos y todas, si lo queremos, tenemos que formar parte de la solución.

Muchas gracias, señor president.

Declaración sobre los hechos del 1 de octubre

DECLARACIÓN DEL PRIMER SECRETARIO DEL PSC (01/10/17)

 

El fracaso de la política que los socialistas hemos denunciado desde hace tiempo nos ha llevado a los hechos lamentables de hoy en una jornada triste.

La incapacidad para el diálogo de los gobiernos presididos por Carles Puigdemont y Mariano Rajoy, y la decisión temeraria de la mayoría parlamentaria independentista de celebrar un referéndum unilateral e ilegal, que tampoco ha recibido una respuesta política del gobierno de España, han sido la causa del choque de trenes del que nosotros advertimos hace tiempo.

La irresponsabilidad de unos y otros nos ha llevado hasta aquí, y no queremos que actuaciones policiales con uso de la fuerza puedan dañar la convivencia que, a pesar de todo, sigue absolutamente vigente en Cataluña.

Lo hemos dicho desde el primer momento: hoy no se está produciendo un referéndum efectivo, vinculante y con garantías. Cualquier intento de dar validez jurídica a la movilización de hoy no tiene ningún sentido.

No estamos, pues, ante un referéndum que pueda legitimar decisiones políticas relevantes. Es por ello que consideramos inaceptable cualquier acción policial desproporcionada. Pedimos, por tanto, el cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza una importante movilización ciudadana en un simulacro de votación.

Ahora mismo, los presidentes Rajoy y Puigdemont están obligados a dialogar para evitar males mayores. Ahora mismo deben poner las bases para que se produzca el diálogo y la negociación que han sido incapaces de mantener a lo largo de los últimos cinco años.

Ni Rajoy ni Puigdemont han estado a la altura. Deben reflexionar sobre si son las personas más adecuadas para impulsar el diálogo. Si no se ven capaces de restablecer la normalidad y de abrir la puerta a una negociación seria, lo mejor es que renuncien a sus responsabilidades en favor de quien pueda hacerlo, o de proceder a convocar elecciones adelantadas en Cataluña y España.

Ni Cataluña ni el conjunto de España se merecen esto. Hay otro camino. Los partidarios del diálogo debemos ser capaces de ayudar, desde dentro o desde fuera de los gobiernos, a una negociación que debe culminar en un pacto que debe incluir el instrumento que permita votar a los catalanes con todas las garantías y , si el contenido del pacto incluye una reforma constitucional, al conjunto de los españoles. Los socialistas lo hemos pedido desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado voluntad para el diálogo, instrumentos para el diálogo con la creación de una Comisión en el Congreso, y propuestas concretas.

Reiteramos nuestra mano extendida a todos los que quieran sinceramente dialogar, sin excluir nada y sin prefigurar el resultado de la negociación. Estamos dispuestos a dar estabilidad a los gobiernos que se impliquen de forma activa en la búsqueda de una solución.

Llamamos a la calma y la serenidad. El problema que tenemos entre manos y las tensiones desatadas hoy tienen solución a través de un diálogo sincero al que nos comprometemos y al que emplazamos a todas las instituciones y todas las fuerzas políticas.

 

Intervención en el Fórum Europa – Tribuna Catalunya

INTERVENCIÓN DE MIQUEL ICETA EN EL FORUM EUROPA TRIBUNA CATALUNYA (26/09/2017)

[enlace al video]

Muy buenos días,

Muchas gracias al Fórum Europa Tribuna Catalunya por su amable invitación y a los patrocinadores, representados hoy por el Sr. Sierra y el amigo Higini Clotas, por hacer posible la celebración de este desayuno coloquio.

Gracias, president Montilla por tus amables palabras, claramente inspiradas por nuestra amistad, pero también por la preocupación por el país que nos une y mueve nuestra actuación política.

Gracias por la numerosa asistencia. Saludo desde aquí a Lluís Franco, Joaquim Gay de Montellà, Camil Ros, Mario Romeo, Pere Navarro, y los alcaldes y representantes de mundo local socialista que, todo él, ha mostrado coraje y compromiso en defensa de la legalidad y la convivencia. Saludo en particular a Àngel Ros, Núria Marín, Pep Fèlix Ballesteros, Antonio Balmón y Jaume Collboni.

Tuvimos que cambiar la fecha de este desayuno debido al estruendo del pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre que se prolongó hasta el día 8, que es cuando estaba previsto celebrar este desayuno.

Saben que tengo cierta tendencia a ironizar pero me temo que hoy no será el caso. Intentaré ser muy claro. No son días para filigranas.

Estamos atravesando una gravísima crisis institucional de la que aún no podemos calibrar el alcance y se ha abierto una fractura social que hay que contribuir a cerrar cuanto antes.

En resumen. Los que tenían que dialogar no lo han hecho y el independentismo ha decidido saltarse la legalidad cayendo en la trampa del “todo o nada”.

Quiero trasladaros cinco mensajes.

Primer mensaje. Con nosotros que no cuenten para este disparate.

Segundo mensaje. Infringir la ley conscientemente conlleva consecuencias.

Tercer mensaje. Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no nos merecemos esto.

Cuarto mensaje. Esto tiene solución. Lo que está ocurriendo no es ineluctable, se puede evitar y corregir.

Quinto mensaje. Me ofrezco para remediarlo.

Comienzo, pues, con el primer mensaje. La convocatoria del 1-O es un disparate y la declaración unilateral de independencia sería un disparate aún mayor, que acabaría deslegitimando nuestras instituciones de autogobierno.

Los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament la mayoría independentista perdió el norte. En sólo 48 horas se saltaron el Reglamento del Parlament, pisotearon los derechos de la oposición, liquidaron el Estatut d’Autonomia y vulneraron la Constitución. Y por lo visto lo querían hacer aún más rápido y sin ruido.

Aplicaron un rodillo parlamentario forzando un cambio en el orden del día para incluir a toda prisa la tramitación de lo que, según ellos, son las dos leyes más importantes de la historia de Cataluña, obligaron a una lectura única imposible por leyes como las aprobadas, negaron a la oposición la solicitud de informes a los letrados y de dictámenes al Consell de Garanties Estatutàries, e impidieron la presentación de enmiendas a la totalidad.

Los disparates cometidos y la vulneración de derechos de la oposición eran tan evidentes que los letrados del Parlament se vieron obligados a hacer una nota poniendo de manifiesto estos extremos y el Consell de Garanties Estatutàries, a instancias de la oposición, emitió dos acuerdos unánimes, señalando la vulneración de derechos e incluso sugiriendo la conveniencia de reclamar ante el Tribunal Constitucional, lo que los socialistas hicimos el mismo miércoles y jueves para cada una de las tramitaciones impugnadas.

Reventado el procedimiento parlamentario, aprobaron primero la ley del referéndum de autodeterminación. Una ley cuyo contenido ya había sido calificado de inconstitucional y antiestatutario por los letrados del Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, y el Tribunal Constitucional. Un ley y un referéndum, por tanto, que incumplen la primera de las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que señala claramente que sólo son válidos los referendos que se convoquen de acuerdo con la constitución del país donde se pretendan celebrar o de acuerdo con una ley que esté de acuerdo con la constitución de ese país.

Reformar el Estatuto requiere de 90 diputados. Para liquidarlo parece que basta con 72.

El Estatuto dice que el régimen electoral debe contar con el apoyo de un mínimo de 90 diputados, pero los independentistas convocan referéndums y crean Sindicaturas Electorales con sólo 72.

Después se aprobó la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que se adelanta al resultado del referéndum ilegal, acaba con la división de poderes y dice que los temas más relevantes dependerán de futuros acuerdos con el que quede de España (deuda, pensiones, funcionarios, contratos públicos…)

De aquella sesión conservaremos un sentimiento de vergüenza y tristeza, y las intervenciones de Eva Granados, Ferran Pedret y Joan Coscubiela que nos recordaban cuestiones democráticas básicas que la mayoría independentista decidió olvidar.

Curiosamente, mientras el gobierno va predicando que el Tribunal Constitucional no tiene ninguna autoridad en Cataluña, sigue presentando recursos (29 asuntos en estudio pendientes el año 2016 impulsados ​​por la Generalitat), e incluso el PDeCAT ha conseguido finalmente tener grupo en el Senado gracias al Tribunal Constitucional. ¡Y no han renunciado, por supuesto!

El Tribunal Constitucional es un árbitro que, por lo visto, los independentistas sólo quieren respetar cuando les da la razón. Y, disculpen, pero esto no es ninguna broma.

Puedo entender la indignación de los que quieren celebrar el referéndum del 1 de octubre frente a las actuaciones judiciales que pretenden impedirlo. Pero lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que el gobierno de Cataluña se muestre sorprendido. ¿Qué pensaban? ¿Que los poderes del Estado dejarían hacer? Es del todo legítimo y razonable criticar a Rajoy por todo lo que no ha hecho en los últimos cinco años para arreglar o encauzar el problema, pero el gobierno de Cataluña no puede decir que está sorprendido de que el gobierno de España intente que la legalidad se cumpla en toda España.

Y creo del todo irresponsable que ahora el gobierno diga que la respuesta vendrá “de la calle”. ¿Dónde está su responsabilidad política? ¿Por qué ahora el gobierno quiere que sean los ciudadanos los que arreglen un problema que ellos han creado conscientemente?

El gobierno catalán a estas alturas ya sabe que no podrá hacer lo que quería hacer. Yo creo que lo ha sabido desde el primer momento. ¿No recuerdan el 9 de noviembre de 2014? ¿Creían que podrían volver a engañar al gobierno de Mariano Rajoy? Han pasado de querer organizar un acto de votación “como siempre”, a intentar celebrarlo “como sea”.

Sin tarjeta censal, sin censo público, sin comunicación personal de los puestos de votación, sin integrantes de las mesas sorteados, sin papeletas, con urnas escondidas, sin cabinas de votación, sin voto por correo, con una burla de votación en el exterior, sin campaña del no, sin interventores y apoderados del no, sin autoridad electoral… No hay referéndum. Podrá haber movilización, pero no referéndum. Y una movilización no habilita a declarar unilateralmente la independencia.

Dijeron que las leyes suspendidas lo amparaban todo. Mintieron y lo hicieron de forma deliberada. Están ocultando la verdad a aquellos y aquellas que, de buena fe, aspiran a la independencia y a ser consultados sobre el futuro político de Cataluña. Y tampoco veo ninguna diferencia con la manipulación que con motivo del Brexit protagonizaron Boris Johnson y Nigel Farage cuando se argumentan los grandes beneficios de la independencia, empezando por los 16.000 M€ y siguiendo por la permanencia en la Unión Europea.

Pero quiero que se me entienda bien, para mí el principal problema del referéndum que se pretendía hacer, no es el de la legalidad. Lo que no entiendo es el empeño en una propuesta que divide en mitades a los catalanes, que consagraría una división entre vencedores y vencidos, mitad más uno contra mitad menos uno. En un tema que no sólo afecta a convicciones e intereses, sino que afecta a sentimientos de pertenencia y de identidad.

No puedo entender cómo, de forma irresponsable, se pone en riesgo nuestra permanencia y la de nuestras empresas y entidades financieras en la Unión Europea. O la minimización de todo tipo de costes económicos o en términos de seguridad jurídica.

El 1 de octubre no sólo no resuelve ningún problema, ¡sino que agravan los que tenemos y crea nuevos! No se me ocurre un disparate mayor.

Ya les anuncio desde ahora que nosotros no damos ninguna credibilidad a lo que se haga el 1-O, que no reconocemos su legitimidad, que no daremos por bueno ningún tipo de resultado que digan que se desprende, que no convalidaremos ninguna actuación posterior que se fundamente en las dos leyes hoy suspendidas, que recorreremos donde sea necesario en defensa de las instituciones y de los derechos de todos. No pueden sustituir el Parlament de Cataluña votado por la ciudadanía por un Parlament de la República del que no formaríamos parte los que no somos partidarios.

Lo digo más claramente, si la mayoría parlamentaria vulnera la legalidad, sus decisiones ya no obligan a nadie. Pase lo que pase, nosotros defenderemos las instituciones y las leyes que nos han hecho representantes de la ciudadanía y no aceptaremos ninguna iniciativa ni ninguna decisión que vulnere nuestros derechos o que pretenda sustituir la legalidad vigente de forma ilegítima.

Ya se han cometido bastantes disparates y espero que no se cometa uno extremo, como sería la declaración unilateral de independencia que, ésta sí, pondría en riesgo las instituciones y el autogobierno. Espero que nadie quiera ahora salir al balcón y proclamar la república catalana. O pensar que una mayoría parlamentaria, que ni siquiera llega a los dos tercios, puede declarar la independencia cuando ni siquiera sería suficiente para reformar el Estatuto.

¡Basta de despropósitos! ¡Basta de disparates!

El segundo mensaje es de alarma, quiere prever problemas mayores. Infringir la ley conscientemente conlleva graves consecuencias. La democracia implica hacer política y aplicar el Derecho. Las dos cosas. Y no pueden ir la una sin la otra. Ciertamente, el gobierno de España, en cuanto a Cataluña, no ha hecho política, a menudo ha practicado la antipolítica.

Aún recordamos el intento del PP de recoger firmas para forzar un referéndum ilegal contra el Estatuto, aquellas cuñas infames del PP de Andalucía enfrentando territorios, aquellas declaraciones diciendo que ETA estaba detrás del Estatuto. No lo olvidamos y los criticamos siempre que sea necesario. Pero también decimos que el PP es ahora el gobierno legítimo de España. Ahora veo que Podemos y los Comuns (Pablo Iglesias, Xavier Domènech y Ada Colau) tienen prisa para sustituir a Mariano Rajoy, pero olvidan que la forma más rápida de conseguirlo hubiera sido votar la investidura de Pedro Sánchez. Pero unieron sus votos a los del PP para bloquearlo.

El PP parece que empieza a entender que la única respuesta al problema que tenemos entre manos no puede ser el no sistemático, empieza a entender que sólo con cumplir la ley no es suficiente. Es un primer indicio el hecho de que hayan votado a favor de crear la Comisión para el Diálogo propuesta por Pedro Sánchez en el seno del Congreso.

Pero no nos vayamos por la tangente. Por muchos que hayan sido los errores del PP, por mucho que algunos de esos errores hayan sido malintencionados, nada justifica saltarse la ley.

Los independentistas repiten a menudo que convocar un referéndum no es delito. Y es verdad, tan verdad como que fuimos los socialistas los que hicimos rectificar el error cometido por el PP al incluirlo en el Código Penal. Pero si el Tribunal Constitucional suspende una ley, la ley está suspendida. Si el Tribunal Constitucional suspende la convocatoria de un referéndum, el referéndum no se puede celebrar. Y si alguien se empeña en hacerlo, puede incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación o malversación de recursos públicos. O los que la justicia aprecie. Que si antes éramos un país de árbitros de fútbol y todo el mundo creía saber más que nadie de penalties o fueras de juego, ahora parece que somos un país de jueces. Quien puede apreciar y sancionar la comisión de un delito es el poder judicial. Nadie más.

España es una democracia con separación de poderes. Todos sujetos a la crítica, pero el poder judicial es quien tiene la capacidad de sancionar delitos. Y si alguien comete un delito no le puede extrañar que la justicia le pida cuentas. Y si es grave que cualquier ciudadano se salte la ley, lo es aún más cuando lo hace un gobernante. Y es patético que un gobernante se queje cuando se le exige que cumpla la ley. Nadie está por encima de la ley.

Y no me importa coincidir con quien sea en la defensa de la legalidad, del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Son temas de principio.

Cuando John Fitzgerald Kennedy hizo cumplir las leyes en Estados del Sur dijo: “Los norteamericanos son libres de estar en desacuerdo con una ley, pero no pueden desobedecerla. Ya que, en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por destacado o poderoso que sea, y ninguna multitud, por rebelde o tumultuosa que sea, tiene derecho a desobedecer un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar los mandatos de nuestro Tribunal Supremo y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.

Más delicado es coincidir con la reforma laboral, o con la ley del fondo de liquidez autonómico. Lo digo por los antiguos convergentes que parecen sufrir un agudo ataque de desmemoria. Como cuando olvidan que votaron dos veces la investidura de Aznar y sus siete presupuestos. O aquellos que votaron con el PP contra el Estatuto. O contra la investidura de Pedro Sánchez, que no sólo lo hizo Podemos, lo hicieron también el PDeCAT y ERC.

Sigo el hilo: hay que cumplir las leyes. Y las leyes pueden y deben cambiar a través de los mecanismos establecidos y de las mayorías necesarias.

Los poderes del Estado, en cumplimiento de la ley, impedirán la celebración del referéndum, y los que se hayan empeñado en organizarlo pueden ser objeto de sanción. No pueden decir que no lo sabían, que no se lo esperaban. Por eso pido de forma enfática que se detenga por parte del gobierno de Cataluña, del president Puigdemont y del vicepresident Junqueras, la preparación del 1 de octubre. Y que, simultáneamente, el gobierno del PP y el presidente Mariano Rajoy abran negociaciones para encontrar una solución dialogada.

Y también digo con rotundidad: el esfuerzo por parte de los poderes del Estado para impedir la celebración del 1 de octubre no puede en ningún caso significar la limitación de derechos fundamentales o la suspensión de la autonomía. Hay que hilar muy fino a la hora de suspender actos públicos o de acusar de sedición a los organizadores de manifestaciones de protesta.

La ley es la ley, pero sin aceptación social suficiente las leyes terminan por perder eficacia. Todos tenemos que tener mucho cuidado de no debilitar la democracia ni la confianza ciudadana en las instituciones.

Mi tercer mensaje es que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no nos merecemos esto.

No nos merecemos un president y un vicepresident que piensen que están por encima de la ley.

No nos merecemos un president y un vicepresident que sólo aceptan las sentencias cuando les dan la razón.

No nos merecemos un president que quiere que los ciudadanos se enfrenten a los alcaldes que quieren cumplir la ley. President, ¡deje en paz a los alcaldes y las alcaldesas!

No nos merecemos un president y un vicepresident que han olvidado que lo son de todos y no sólo de una parte.

Cuando desde las instituciones se azuza la desobediencia luego no nos podemos extrañar que haya quien asalte un autobús turístico, incite al ataque contra comercios, impulse boicots a empresas, ocupe ilegalmente pisos o intente impedir la actuación de las fuerzas del orden.

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

No nos merecemos tener un gobierno en el que sus consellers dicen cosas diferentes en privado o en público.

Si ya saben que no vamos a ninguna parte y que estamos poniendo cosas importantes en riesgo y los responsables tienen la obligación de decirlo y de parar el disparate.

Los que saben que una declaración unilateral de independencia pondría en riesgo nuestras instituciones de autogobierno, tienen la obligación de decirlo. Tienen la obligación de detenerla para no ser cómplices del mayor de los disparates.

Llevamos más de cinco años perdidos, sin grandes proyectos, sin mejorar la financiación, sin ganar ninguna nueva competencia, perdiendo prestigio y capacidad de relaciones exteriores. Hace ya demasiado tiempo que el president de la Generalitat no puede reunirse con un comisario europeo o con un ministro de ningún país relevante de la Unión Europea.

No nos merecemos ir coleccionando jornadas históricas sin ningún avance concreto.

No puede ser que aplacemos la respuesta a los problemas concretos de la gente mientras esperamos un gran día en el que teóricamente todo se solucionará como por arte de magia.

No somos sólo los socialistas. Mònica Oltra, la vicepresidenta del gobierno valenciano, también aconseja que el gobierno catalán cambie de estrategia antes de darse un gran batacazo.

Perdonad. Siento envidia del gobierno vasco.

5 diputados en el Congreso y una capacidad negociadora imbatible. El lehendakari Urkullu es nacionalista, sí. Pero tiene los pies en el suelo. Y, por cierto, se atrevió a decir que esto del 1 de octubre no tiene suficientes garantías.

Y esto me lleva al cuarto mensaje. Esto tiene solución. Lo que está ocurriendo no es ineluctable, se puede evitar y corregir.

Lo que pasa no es consecuencia de la ley de la gravedad, ni de que la tierra sea redonda y gire alrededor del sol.

Esto que nos pasa tiene solución. Una solución que consiste en convocar de forma inmediata unas elecciones al Parlament de Catalunya. Han pasado ya los dieciocho meses que constituían el mandato democrático de la actual mayoría que, además, ha agotado su programa.

No hay que resignarse a un escenario permanente de choque de trenes, con dos gobiernos decididos a protagonizar un enfrentamiento permanente en beneficio partidista pero en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.

No es necesario que nos resignemos a elegir entre los que defienden una independencia improbable e incierta, con grandes costos en términos económicos y, sobre todo, de convivencia, y los que defienden el inmovilismo.

No es necesario que nos resignemos a un escenario de empate de impotencias, ni tampoco a una salida con vencedores y vencidos.

No queremos contentar a una mitad más uno, haciendo aún más profunda la fractura social. Queremos una solución que pueda satisfacer a una amplia mayoría de un 80% de los catalanes y las catalanas.

Un 80% que quiere más autonomía, una mejor financiación y una España federal capaz de reconocer su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe.

Un 80% que quiere alcanzar objetivos bien concretos:

  1. El reconocimiento de la singularidad de Cataluña, que es una nación en el marco de una España que es nación de naciones.
  2. La garantía de un autogobierno fuerte, con competencias exclusivas en materia de lengua, educación y cultura, y la garantía de que el Estado defenderá y fomentará todas las lenguas de España.
  3. Una financiación suficiente, solidaria y equitativa, que respete el principio de ordinalidad (para que los que más aportan no terminen recibiendo menos recursos per cápita para la prestación de servicios públicos) y una hacienda federal a través del consorcio entre la agencia tributaria de Cataluña y la agencia estatal de administración tributaria.
  4. Votar un acuerdo de esta naturaleza, que debería estar incluido, al final del camino, en una reforma constitucional federal

Gente que no quiere que sigamos perdiendo el tiempo en querellas inútiles, gente que quiere que vayamos al grano, negociando duro y evitando conflictos y rupturas.

Gente que quiere una Cataluña próspera, respetada, querida y admirada.

Una Cataluña líder en España y en Europa.

Y en España se está ya abriendo el escenario para hacerlo posible. Una mayoría de los españoles son conscientes de que Cataluña no ha recibido suficiente atención por parte del gobierno del PP. Que cuando hablamos de corredor mediterráneo, estamos hablando también de Valencia, Murcia y Andalucía. Que promover el dinamismo catalán es asegurar el progreso de toda España. Que el respeto a la singularidad de Cataluña es la mejor garantía para que sea respetada la diversidad de los pueblos de España.

Esta es mi propuesta. Junto con un ambicioso programa de relanzamiento económico e industrial, de políticas sociales, de reducción de las desigualdades, de eficacia de la administración y de mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones. Un programa que sitúa en primer lugar los problemas de la gente y que piensa siempre en un despliegue de políticas de la mano de los ayuntamientos.

Quiero que vuelva la cordura, la eficacia y los resultados. Quiero que vuelva un catalanismo orgulloso y pragmático. Quiero recuperar el deseo de amplios consensos, el trabajo transversal, la renuncia a la imposición de ideas de parte. Quiero trabajo conjunto, acuerdos estratégicos en los temas de país. Hay que desvelar nuestras energías y aplicarlas a objetivos de progreso económico y social.

Esta es la propuesta que haré cuando lleguen las elecciones. Lo haré con orgullo en nombre de los socialistas de Cataluña, y lo haré también determinado a representar a todos aquellos y aquellas, cada vez más, que quieren diálogo, negociación y pacto. A los que no se resignan al enfrentamiento, los de la tercera vía, al catalanismo no independentista. Aspiro a recibir el apoyo de ciudadanos que quizá no se hubieran planteado dar su voto al PSC. Soy consciente de ello. Como también soy consciente de la necesidad de ofrecer una referencia clara a los que no quieren la fractura ni se resignan al inmovilismo. Alguien me ha dicho que el PSC puede convertirse en un partido refugio. Otros hablan de voto prestado. Llámenlo como quieran. Mi propuesta parte de la convicción y de la responsabilidad.

Los socialistas estamos comprometidos con la unidad civil del pueblo de Cataluña. Queremos ser un puente que una en un momento en que hay otros que están obsesionados por dividir y romper.

No puedo dejar de pensar qué hubiéramos podido conseguir en estos últimos cinco años si no se hubiera perdido el tiempo en enfrentamientos estériles para acabar de mala manera rompiendo todo y amenazando con situar las instituciones catalanas fuera de la legalidad.

Hay mucho que nos debería unir. Respetar la ley, respetar la diversidad, trabajar por el bien común.

Mi propuesta se dirige a los catalanes y las catalanas que saben que la unidad nos hace fuertes y que la división nos debilita, los que saben que tenemos la razón pero que fuera de la ley la perderemos y pondremos en riesgo lo más preciado: la convivencia, las instituciones …

En la Declaración de Barcelona que hemos suscrito con el PSOE de Pedro Sánchez hemos recogido un conjunto de propuestas que no es necesario que esperen a la reforma constitucional: la negociación de los 45 puntos de Puigdemont (dejando el referéndum independentista aparte), el desarrollo del Estatuto vigente y la recuperación a través de reformas de leyes orgánicas de elementos erosionados por la Sentencia del Tribunal Constitucional, la nueva financiación, las inversiones especialmente en el corredor mediterráneo y en cercanías, temas lingüísticos, educativos, culturales y simbólicos, y apoyo a la capitalidad de Barcelona.

Hay mucho trabajo por hacer. Es un camino de concordia y cooperación. Con una épica diferente: la de un camino cierto y seguro, que conseguirá resultados, lejos de falsas promesas y soluciones mágicas. Con cinco años perdidos es hora de abandonar los disparates y las ocurrencias, es hora de cambiar de rumbo, de estrategia, de gobierno y de presidente.

Y este es el quinto mensaje: me ofrezco para encabezar esta nueva etapa.

Se hace difícil hablar de uno mismo en estos términos. Me dispensarán, pero tengo que hacerlo. Si necesitamos acuerdos, creo que soy la persona. Si no aceptamos que elegir entre independentismo e inmovilismo, creo que soy la persona. Para establecer puentes hacia Cataluña, creo soy la persona. Para establecer puentes Cataluña hacia fuera, creo soy la persona.

Quiero ser el candidato de todos y todas los que quieren acuerdo y cambio. O debería decir acuerdo y cambios. O mejor aún acordar para cambiar.

No basta con defender la legalidad, no basta con señalar los riesgos de la independencia. Hay que proponer un proyecto factible y estimulante. Un proyecto capaz de sumar primero para multiplicar después. Un proyecto alternativo al del resto y la división.

Quiero convencer a mucha gente que puede que nunca se ha planteado votar un candidato socialista. Me comprometo a desarrollar una campaña y una obra de gobierno inclusiva, de la izquierda al centro, del autonomismo al federalismo. Quiero desarrollar un proyecto socialdemócrata con un fuerte contenido social, ecológico y feminista. Quiero que la educación, la investigación y la innovación sean los motores principales de la prosperidad y palancas de igualdad.

En el año 2014 tomé las riendas del PSC en una situación especialmente difícil. Lo hice para devolver a mi partido todo lo que me ha dado.

Ahora me ofrezco a encabezar la Generalitat también en una situación difícil. Se lo debo a mi país. Y llevo toda una vida en política, que es mi vocación, toda una vida preparándome para un momento como éste.

Creo que estoy a la altura para un momento crítico como éste que, debo decirles, hubiera preferido, como muchos de ustedes, no tener que vivir.

Los invito a acompañarme en este viaje.

No sólo para evitar el desastre al que nos invitan unos y otros, sino para ganar la batalla de un futuro próspero y justo que tenemos muy cerca.

Muchas gracias.