Debate sobre el artículo 155

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GRUPO SOCIALISTA, MIQUEL ICETA, EN EL PLENO DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155

Parlament de Catalunya, 26 de octubre de 2017

[enlace al video]

Sra. Forcadell, Sr. President,

Usted hoy ha dudado y quizás todavía duda. Y quiero felicitarle por la valentía de dudar. Solo usted puede tomar una decisión transcendente, y tiene que calibrar, y solo puede hacerlo usted, cuál es la mejor opción. Usted tiene la llave para acabar la legislatura de una determinada manera que preserve las instituciones de autogobierno que son de todos. Usted tiene que pensar si acabar esta legislatura con una declaración de independencia en las actuales circunstancias no sería altamente perjudicial para Cataluña.

Usted tiene que pensar si desactivar el 155 es lo mejor que puede hacer. Y, por tanto, quiero reconocerle la valentía de dudar, de dudar entre convicción y responsabilidad, entre el confort de los partidarios y la mejor defensa de los intereses de todos.

Soy consciente o creo serlo, de la soledad, la incertidumbre y las presiones de todo tipo que tiene que estar padeciendo. Y precisamente por ello quiero hacerle este reconocimiento antes de iniciar una intervención que puede ser dura en algunos momentos, pero que no quisiera que en ningún caso fuera injusta.

No lo podemos saber con seguridad, pero este podría ser el último pleno de la legislatura y, por tanto, antes de entrar en materia querría hacer algunos comentarios sobre el balance de la labor del gobierno.

Con la mano en el corazón, desde nuestro punto de vista y con nuestro respeto, esta legislatura ha sido un desastre total y absoluto.

Comenzamos mal. El candidato a la presidencia iba escondido en el cuarto puesto de la candidatura por Barcelona. La CUP se negó a investirlo como Presidente, y tenía todo el derecho a hacerlo. Y, entonces, usted, como segunda opción, se convirtió en Presidente, y era el tercero en la lista por Girona.

Dijeron que las elecciones eran plebiscitarias pero muy pocos de ustedes, yo solo me acuerdo de uno, se atrevieron a admitir que habían perdido el plebiscito en los términos en que ustedes mismos lo habían planteado. Y perdido el plebiscito mantener el objetivo que se habían propuesto era imposible. Al negarse a aceptar que no tenían el suficiente apoyo para hacer lo que se habían comprometido a hacer cometieron el error que ha marcado la legislatura.

Y con estos inicios el fracaso era previsible.

Tenemos hoy una sociedad más dividida, una economía debilitada y un país más aislado internacionalmente.

Todo ello a causa de un objetivo legítimo pero equivocado y una estrategia también equivocada.

Objetivo y estrategia contenidos en aquella resolución del 9 de noviembre de 2015, que ya fue anulada por el Tribunal Constitucional, en uno de los muchos episodios fracasados de la legislatura.

Lo que comienza tan mal es imposible que acabe bien.

Hemos acabado denominando estructuras de Estado a lo que son instrumentos de administración y de gobierno, pensando que un nombre más solemne daría más prestancia. Hemos celebrado tantas jornadas históricas que ya hemos perdido la cuenta. Y estamos donde estábamos. Perdón, ahora mismo estamos a punto de caer en el precipicio.

Por no saber ustedes no saben si han declarado o no la independencia. Si lo harán hoy o mañana. Si lo harán votando o cantando. En el hemiciclo o en el auditorio. Si lo harán de verdad o que solo lo parezca. Sabemos que tienen en texto preparado, limpio y pulido. Incluso firmado por setenta y dos miembros de la Cámara.

Pero como todo lo que han hecho ustedes en esta legislatura, cogido con pinzas, hecho deprisa y corriendo, mal pensado, peor ejecutado y mal acabado.

Parecen haber olvidado aquel slogan que decía “el trabajo mal hecho no tiene futuro”. Y también han olvidado que el trabajo bien hecho no tiene fronteras, porque ustedes están obsesionados en crear una nueva frontera. Gravísimo error.

Ningún ámbito de gobierno ha supuesto ninguna innovación o ningún avance tangible. Quizás lo será, y así lo esperamos, la renta garantizada de ciudadanía. Pero nada más.

El proceso ha absorbido tiempo y energías, ha desperdiciado recursos y no nos ha hecho avanzar ni un milímetro ni como país ni como sociedad.

Y el país, y todos nosotros, señor President, tenemos cara de agotados.

Tanto que nos gustaba leer a la prensa extranjera hablando bien de Cataluña, y ahora bajamos los ojos para no tener que leer editoriales de Le Monde o del Wall Street Journal que nos avergüenzan.

Sé que algunos ya estarán pensando que me echarán en cara que no haga críticas al gobierno del PP. Pero es que nuestro país no mejorará en nada si no somos capaces de hacer primero nuestro propio examen de conciencia. Los pecados del PP, como todo el mundo sabe, no tienen perdón de Dios.

Pero nosotros tenemos que centrarnos en la que es nuestra responsabilidad. Tenemos un gran país, pero hemos tenido un pésimo gobierno.

Y eso se paga. Un pésimo gobierno que se equivocó en la elección de prioridades, que ha sido incapaz de corregir errores que resultaban del todo evidentes, que buscaba el choque de trenes hasta que lo ha encontrado, dejando de obtener mejoras y resultados concretos que tanto hubiesen podido beneficiar a la ciudadanía.

President, yo le pido que cumpla al menos una de sus promesas electorales. Dijeron que solo estarían dieciocho meses. Ya han pasado hace tiempo. Convoque, pues, las elecciones y que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan elegir otro rumbo y otro equipo.

Pero, ciertamente, hoy hemos venido a hablar de la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aquel artículo que permite obligar a una Comunidad Autónoma a volver a la legalidad cuando de forma consciente o inconsciente la ha vulnerado. Y en lo que respecta a nuestro caso, salir de la legalidad ha sido una actuación premeditada. De hecho, la resolución del 9 de noviembre de 2015 así nos lo indicaba.

Y ustedes hoy quieren que hablemos de las consecuencias de la aplicación del artículo 155. Pero querrían que olvidásemos las causas.

Y yo no pienso hacerlo.

Saben perfectamente por qué existe hoy el riesgo de que se aplique el artículo 155.

El origen no es otro que la aprobación los días 6 y 7 de septiembre de la ley del referéndum de autodeterminación y de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Dos leyes aprobadas deprisa y corriendo, vulnerando el reglamento de la Cámara, atropellando los derechos de la oposición, liquidando el Estatuto de Autonomía, incumpliendo la Constitución y desobedeciendo al Tribunal Constitucional.

Lo dijeron los letrados de la Cámara. Hoy parece que les vuelven a escuchar porque han hecho un dictamen muy crítico sobre el contenido de la propuesta concreta de aplicación del artículo 155 que el gobierno del Partido Popular ha hecho para que el Senado lo autorice.

Ya me hubiese gustado a mí que hubieran hecho caso de los letrados en aquel pleno de triste memoria. Ahora todo son facilidades para acceder al informe sobre el 155, entonces todo eran dificultades para conocer el criterio de los letrados sobre el abuso que ustedes perpetraron. Tampoco quisieron conocer el parecer del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre las dos leyes. Y el Consejo de Garantías ante esta vulneración del reglamento de la Cámara y ante el atropello de los derechos de la oposición, nos señaló el camino de recurrir al Tribunal Constitucional. También lo ha hecho el Síndic de Greuges en respuesta a un escrito sobre esta cuestión que le hemos dirigido.

Nunca hubiese pensado que mis derechos como diputado estarían mejor defendidos por una institución de ámbito estatal que por las propias instituciones catalanas.

Ustedes aprobaron dos leyes que sabían perfectamente que escapaban de las competencias de este Parlament.

Y, por cierto, liquidaron el Estatuto con 72 votos, cuando para reformarlo hacen falta 90. Que también es la manera que tienen de esquivar una gran verdad. El problema no solo lo tenemos con el gobierno español, el problema es que entre nosotros mismos, los catalanes, no tenemos el suficiente acuerdo para afrontar grandes reformas, y todavía menos la independencia.

Estas dos leyes han sido lógicamente suspendidas por el Tribunal Constitucional, y la primera de ellas, definitivamente anulada. Y la otra lo será también sin duda, como ustedes saben perfectamente.

En esta sentencia el Tribunal manifiesta de forma contundente tres tipos de problemas: sustantivos, competenciales y procedimentales. Es obvio que la ley que pretendía regular un referéndum de autodeterminación atentaba contra la propia sustancia de la Constitución. Ni más ni menos que contra su artículo segundo. Es obvio que un Parlamento autónomo no puede regular un referéndum, como ya sabíamos de anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, e incluso nos había dicho el Consell de Garantías Estatutarias con motivo de la aprobación de los presupuestos de este año. Es obvio que para conseguir su objetivo se saltaron de mala manera los procedimientos. Un conseller se atrevió a decir. “No se hizo muy bien”. Y usted dijo: “No teníamos otra manera de hacerlo”.

Y a pesar de que la ley del referéndum estaba suspendida, ustedes quisieron organizar la jornada del 1 de octubre. Una jornada que en ningún caso era el referéndum efectivo, vinculante y con garantías al que ustedes se habían comprometido. Incluso sus invitados internacionales así lo hicieron constar. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Era una jornada viciada de origen y dificultada por la acción de los poderes del Estado que trataron de impedir su celebración. En este sentido, lamentamos y condenamos las acciones policiales desproporcionadas contra personas en el intento de evitar que pudiesen participar en aquel acto de votación.

Y después ustedes han querido extraer de la jornada del 1 de octubre un pretendido mandato democrático que les habilitaría a declarar la independencia y abrir un proceso constituyente. Sin ningún reconocimiento internacional, sin ningún apoyo.

No era legal, no. No podían hacerlo, no.

Pero desde mi punto de vista la razón fundamental por la que no pueden proceder como pretenden hacerlo es porque no tienen una mayoría de la sociedad que lo avale.

Pueden mirar ustedes los resultados de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Y ver como los que votaron Sí-Sí, suman 1.861.753. Como los votantes de Junts pel Sí y la CUP de las elecciones de septiembre de 2015 sumados son 1.966.508. O como según los datos proporcionados por ustedes mismos los votantes del sí del 1 de octubre son 2.020.144 personas.

Son muchos. Y los respetamos absolutamente. Pero no son mayoría. El censo electoral en las elecciones del 2015 era de 5.510.853. El sí a la independencia no consigue el 50%.

Y una minoría, por numerosa que sea, no puede imponerse a la mayoría. Y más en el caso de una decisión que requeriría en opinión de muchos y también en mi opinión una mayoría amplia, por la gran transcendencia que tiene la decisión y por su carácter irreversible.

Cuando ustedes publicaban alegres y felices sus hojas de ruta, nos prometían a todos, independentistas o no, casi el paraíso en la tierra. Una república. Un nuevo país. Cuando alguien les decía que los bancos y las grandes empresas se verían obligados a marchar, ustedes levantaban la voz y decían que hacíamos “el discurso del miedo”.

Que Santa Lucía les conserve la vista y, a ser posible, se la aumente.

¡Qué desastre!

Los dos bancos. Seis de las siete empresas catalanas que cotizan en el Ibex 35. Y más de 1.300 empresas más. El vicepresidente nos dice que no nos preocupemos, que al fin y al cabo, se han quedado muchas más y que éstas quizás volverán. ¿A quién quieren engañar?

Estamos hablando de las 40 mayores empresas que se han ido, que facturan por valor de 65.000 millones de euros, lo que representa el 30% del PIB catalán. Por favor, les pido, que no lo minimicen. No insulten a la inteligencia de los catalanes.

Ciertamente han cambiado las sedes sociales, pero no la actividad y el empleo. Pero sabemos que después de mover la sede social, muchas pueden acabar moviendo la sede fiscal y más adelante parte de su actividad. Cualquier responsable político sabe que hay que tener actividad real en el lugar donde tiene su sede social. Hacienda vigila este aspecto. Y el proceso en este caso sí que es conocido: primero la sede social, después la alta dirección, después los servicios centrales y quién sabe qué más. En definitiva, los mejores puestos de trabajo, los mejor remunerados, los que toman las decisiones estratégicas.

Sabemos que en otros países procesos similares han sido irreversibles. Como lo muestra el ejemplo de las empresas con sede en Montreal que se fueron a Toronto y que ya no volvieron. Quebec no es independiente, pero han perdido peso económico.

No es buena manera de reducir el déficit fiscal sobre la base de empobrecer nuestra economía.

Por tanto, le digo que es ¡mejor que este gobierno se vaya y que no se vayan las empresas!

También nos dijeron que el mundo nos miraba y nos esperaba. Pero desde que el proceso se radicalizó y se aceleró hemos podido observar cómo las instituciones europeas y los gobiernos de los países europeos desaconsejaban con firmeza movimientos unilaterales e ilegales, considerando que el progreso de Europa necesita más integración y no desintegración, más conexión y no más desconexiones. Y todavía menos sentar un precedente.

También nos dijeron que el proceso aseguraba la convivencia y que el referéndum que querían organizar era la máxima garantía. Usted mismo, señor President, ha hecho públicas reflexiones sobre la necesidad de mantener la convivencia, de evitar la fractura social. Son reflexiones que compartimos. Pero, desgraciadamente, hoy no podemos negar la división y la fractura. Se ha iniciado un camino de fractura. Y una herida social es muy difícil de sanar.

La realidad puede ser tozuda, pero es la realidad. El diseño de un mundo sin gravedad es posible, pero en nuestro mundo la ley de la gravedad es ineluctable.

Ustedes quieren que hablemos de las consecuencias del artículo 155 pero quieren escamotearnos las causas.

Y tampoco parecen dispuestos a que hablemos de cómo impedir la aprobación por parte del Senado de la autorización pedida por el gobierno del Estado.

President, hoy usted no debería estar aquí. Este pleno no se tendría que haber celebrado hoy, y quizás tampoco mañana.

Nos hubiera gustado verle hoy en el Senado y quizás acompañarle.

Desde el primer debate de la legislatura, el 9 de noviembre de 2015 venimos advirtiendo sobre los riesgos de poner las instituciones catalanas fuera de la ley, y normalmente lo hacemos recordando que las instituciones son de todos. Cataluña somos todos. La Generalitat es de todos.

Y es por todo ello que usted tendría que haber ido al Senado a defender las instituciones de autogobierno y también a pedir y ofrecer un diálogo político.

Me podrá decir que el ambiente no es el más propicio. Y no le diré que no. Pero esa no es razón suficiente para huir de su responsabilidad como President de la Generalitat de Catalunya. Como dijo Lincoln: aunque sea probable que pierdas la batalla, eso no te puede disuadir de apoyar una causa que crees justa.

Y, por cierto, Presidente, ¿recuerda que le pedí por carta que nos recibiera a los Presidentes de los grupos parlamentarios antes de responder por segunda vez al requerimiento que le hacía el gobierno de España antes de pedir la autorización del Senado o para aplicar el artículo 155?

Lo hice porque creía que usted tenía la obligación de compartir con nosotros información y criterios sobre una cuestión tan transcendental. La presidencia de la Generalitat es una institución en sí misma y tiene que asegurar la representación política e institucional del conjunto de la ciudadanía. Y, por tanto, yo creía que antes de responder a aquel requerimiento usted estaba obligado a conocer nuestras respectivas opiniones. La decisión final era suya, nunca se lo he discutido. Pero en un tema que ponía en riesgo nuestras instituciones de autogobierno, nuestro modelo económico y la convivencia valía la pena que usted nos hubiera consultado. Pero usted no lo hizo.

El requerimiento no parecía, en principio, tan difícil de responder. Se trataba de decir por escrito de la forma más clara e inteligible posible, si usted o el gobierno o el Parlament habían declarado la independencia en la sesión del pasado 10 de octubre.

Recuerdo claramente el debate. He leído las transcripciones e incluso he consultado el acta de la sesión: allí no se tomó ningún acuerdo. Y por tanto, el 10 de octubre no se declaró la independencia. Ni aquel día ni los días siguientes.

Por los motivos que sea usted evitó responder claramente. Y en la segunda carta tuvo la sinceridad de decir que no se había proclamado la independencia, pero que podría hacerlo en el momento que lo considerase oportuno.

¿Cómo quiere, en esta circunstancia, que no se aplique el artículo 155?

Porque usted, en sus cartas, deducía un mandato democrático de un referéndum ilegal convocado de acuerdo con una ley que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que, vuelvo a decir, nadie en el mundo ha avalado.

¿Cómo quiere, en esta circunstancia, que no se aplique el artículo 155?

Pero usted todavía tiene la oportunidad de evitar la aplicación del artículo 155.

Puede hacer dos cosas:

Una, convocar elecciones al Parlament de Catalunya de acuerdo con la legalidad vigente. Entre otras cosas, porque si convoca elecciones al Parlament de acuerdo con la legalidad vigente, tal y como han hecho todos sus predecesores, estaría dejando claro que no considera que las previsiones de la suspendida Ley de Transitoriedad Jurídica estén vigentes. El proceso electoral sería supervisado por la Junta Electoral Central y no por la Sindicatura Electoral recogida por la Ley de Transitoriedad. Por tanto, usted, de forma indirecta habría demostrado que las instituciones catalanas se mantienen en la legalidad.

La segunda opción es, desde mi punto de vista, más interesante. Usted podría haber ido al Senado a decir todo lo que creyera conveniente y, además añadir dos elementos: el primero, reiterar que la independencia, aun siendo su legítimo objetivo, no ha sido ni declarada ni proclamada, añadiendo que usted y el gobierno que preside están dispuestos a iniciar un diálogo político para resolver el problema que tenemos entre manos sin ningún tipo de apriorismo. En estas condiciones es muy probable que el Senado accediera a no poner efectivamente en marcha el mecanismo del 155 en beneficio del diálogo político. Los socialistas ya hemos dicho que abonaríamos esta posibilidad. E incluso hemos presentado una enmienda en este sentido.

De la misma manera usted tendría que acceder a no dar pasos hacia la independencia mientras el diálogo estuviera abierto.

Rectifico el tiempo verbal. He dicho, usted podría. Y me he equivocado. Usted puede ir al Senado. Puede ir mañana. Me ofrezco, y estoy seguro de que otros presidentes de grupo se ofrecerían también, a acompañarlo si es para abrir una posibilidad real de diálogo político que tendría, como primer beneficio, el alejamiento de la perspectiva de la aplicación efectiva del artículo 155 y no profundizar en la herida de la convivencia.

No me resigno al 155. Nadie quiere hacerlo. Si nadie lo quiere, ¿por qué no hacemos algo para que no se tenga que aplicar?

Ahora bien, no hagamos juegos de palabras. El 155 sirve para restaurar la legalidad, para restituir el Estatuto, para recuperar el normal funcionamiento de las instituciones. Y eso requiere que ustedes renuncien a activar las previsiones de las dos leyes, una anulada y la otra suspendida por el Tribunal Constitucional. No es tan difícil hacer caso al Tribunal Constitucional. Precisamente por hacer caso al Tribunal, no celebramos el pleno del 9 de octubre y sí el pleno del 10 de octubre, cambiando de fecha y enunciado de su última comparecencia en el Pleno. Un pleno que, por cierto, se ha reunido muy poco últimamente.

Ustedes con el Tribunal Constitucional tienen una relación bien extraña. Lo critican constantemente, y tienen derecho a hacerlo, pero recurren a él constantemente, y también tienen derecho a hacerlo y hacen bien en hacerlo. La mitad de los recursos pendientes en el Tribunal Constitucional presentados por las Comunidades Autónomas corresponden a Cataluña.

Ejemplos bien recientes: el que llevó a la decisión de restituir al PDeCAT su grupo parlamentario al Senado. O ahora mismo cuando anuncian actuaciones ante el Tribunal Constitucional precisamente para intentar frenar la puesta en marcha del 155.

Las decisiones que el Tribunal Constitucional ha tomado en relación al proceso político catalán desde la declaración de soberanía de 2013 han sido unánimes. El Tribunal Constitucional lo integran 12 magistrados de sensibilidades ideológicas diferentes, y dos de ellos catalanes, uno de ellos nombrado a propuesta de Convergència i Unió. Les digo esto porque la descalificación total, absoluta y sistemática del Tribunal no tiene mucho sentido.

Por cierto, ahora me acuerdo también que los dos acuerdos del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la aprobación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, se tomaron por unanimidad, e ignorados olímpicamente por ustedes.

Sr. President, la opinión del grupo parlamentario socialista es que si usted, su gobierno y la mayoría parlamentaria que le da apoyo no aceptan ya la legalidad constitucional y estatutaria, la aplicación del artículo 155 es inevitable.

Podemos darles las vueltas que queramos, pero los Estados democráticos tienen la costumbre de asegurar la vigencia de las respectivas constituciones en el conjunto de su territorio. Y tienen mecanismos jurídicos para asegurar que esta vigencia prevalezca sobre otras consideraciones. En algunos países le llaman coerción federal. Es un mecanismo que incorporan entre otras las Constituciones de Austria, Alemania, Portugal, Italia, Suiza y Estados Unidos.

No me atrevo a entrar en el detalle ni en el análisis jurídico de la autorización concreta solicitada por el gobierno de España. Será un tema sobre el que finalmente se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional. Ciertamente el artículo 155 está pensado para obligar a la vuelta a la legalidad en supuestos de vulneraciones concretas. Como fue el caso de Canarias para obligar a aquella Comunidad a respetar algunos acuerdos europeos en materia fiscal.

Pero aquí estamos ante un caso bien diferente. A partir de los días 6 y 7 de septiembre, el Parlament se situó fuera de la legalidad, como lo hizo el gobierno al organizar la jornada del 1 de octubre a pesar de la suspensión de la vigencia de la ley del referéndum por parte del Tribunal Constitucional. Como estaríamos fuera de la legalidad si pretendiésemos ahora que la ley de transitoriedad, también suspendida, está vigente.

No nos hagamos trampas al solitario. O respetamos la legalidad vigente o no la respetamos. Si la respetamos de palabra y con hechos, no tiene sentido aplicar el 155. Si no la respetamos, la aplicación del 155 es inevitable.

Acabo. President, evitar la aplicación del 155 está en sus manos. Y puede contar con nosotros para hacerlo. Yendo al Senado a pedir y ofrecer diálogo o convocando elecciones en el Parlament en aplicación de la legalidad estatutaria y de la LOREG.

President, acabo con una cita de John Kenneth Galbraith que dijo: aunque todo lo demás vaya mal, siempre nos podemos asegurar la inmortalidad cometiendo algún error espectacular.

Espero que nadie cometa un error espectacular que pagaríamos todos los catalanes y las catalanas.

President usted tiene la potestad de convocar elecciones y haciéndolo preservar las instituciones de nuestro autogobierno. Se lo pido. Hágalo.

Muchas gracias.

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Acerca de Miquel Iceta

Sóc primer secretari del PSC, president del grup socialista al Parlament de Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat

Publicado el Viernes 27 octubre 2017 en Política. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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