Intervención en el Fórum Europa – Tribuna Catalunya

INTERVENCIÓN DE MIQUEL ICETA EN EL FORUM EUROPA TRIBUNA CATALUNYA (26/09/2017)

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Muy buenos días,

Muchas gracias al Fórum Europa Tribuna Catalunya por su amable invitación y a los patrocinadores, representados hoy por el Sr. Sierra y el amigo Higini Clotas, por hacer posible la celebración de este desayuno coloquio.

Gracias, president Montilla por tus amables palabras, claramente inspiradas por nuestra amistad, pero también por la preocupación por el país que nos une y mueve nuestra actuación política.

Gracias por la numerosa asistencia. Saludo desde aquí a Lluís Franco, Joaquim Gay de Montellà, Camil Ros, Mario Romeo, Pere Navarro, y los alcaldes y representantes de mundo local socialista que, todo él, ha mostrado coraje y compromiso en defensa de la legalidad y la convivencia. Saludo en particular a Àngel Ros, Núria Marín, Pep Fèlix Ballesteros, Antonio Balmón y Jaume Collboni.

Tuvimos que cambiar la fecha de este desayuno debido al estruendo del pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre que se prolongó hasta el día 8, que es cuando estaba previsto celebrar este desayuno.

Saben que tengo cierta tendencia a ironizar pero me temo que hoy no será el caso. Intentaré ser muy claro. No son días para filigranas.

Estamos atravesando una gravísima crisis institucional de la que aún no podemos calibrar el alcance y se ha abierto una fractura social que hay que contribuir a cerrar cuanto antes.

En resumen. Los que tenían que dialogar no lo han hecho y el independentismo ha decidido saltarse la legalidad cayendo en la trampa del «todo o nada».

Quiero trasladaros cinco mensajes.

Primer mensaje. Con nosotros que no cuenten para este disparate.

Segundo mensaje. Infringir la ley conscientemente conlleva consecuencias.

Tercer mensaje. Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no nos merecemos esto.

Cuarto mensaje. Esto tiene solución. Lo que está ocurriendo no es ineluctable, se puede evitar y corregir.

Quinto mensaje. Me ofrezco para remediarlo.

Comienzo, pues, con el primer mensaje. La convocatoria del 1-O es un disparate y la declaración unilateral de independencia sería un disparate aún mayor, que acabaría deslegitimando nuestras instituciones de autogobierno.

Los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament la mayoría independentista perdió el norte. En sólo 48 horas se saltaron el Reglamento del Parlament, pisotearon los derechos de la oposición, liquidaron el Estatut d’Autonomia y vulneraron la Constitución. Y por lo visto lo querían hacer aún más rápido y sin ruido.

Aplicaron un rodillo parlamentario forzando un cambio en el orden del día para incluir a toda prisa la tramitación de lo que, según ellos, son las dos leyes más importantes de la historia de Cataluña, obligaron a una lectura única imposible por leyes como las aprobadas, negaron a la oposición la solicitud de informes a los letrados y de dictámenes al Consell de Garanties Estatutàries, e impidieron la presentación de enmiendas a la totalidad.

Los disparates cometidos y la vulneración de derechos de la oposición eran tan evidentes que los letrados del Parlament se vieron obligados a hacer una nota poniendo de manifiesto estos extremos y el Consell de Garanties Estatutàries, a instancias de la oposición, emitió dos acuerdos unánimes, señalando la vulneración de derechos e incluso sugiriendo la conveniencia de reclamar ante el Tribunal Constitucional, lo que los socialistas hicimos el mismo miércoles y jueves para cada una de las tramitaciones impugnadas.

Reventado el procedimiento parlamentario, aprobaron primero la ley del referéndum de autodeterminación. Una ley cuyo contenido ya había sido calificado de inconstitucional y antiestatutario por los letrados del Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, y el Tribunal Constitucional. Un ley y un referéndum, por tanto, que incumplen la primera de las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que señala claramente que sólo son válidos los referendos que se convoquen de acuerdo con la constitución del país donde se pretendan celebrar o de acuerdo con una ley que esté de acuerdo con la constitución de ese país.

Reformar el Estatuto requiere de 90 diputados. Para liquidarlo parece que basta con 72.

El Estatuto dice que el régimen electoral debe contar con el apoyo de un mínimo de 90 diputados, pero los independentistas convocan referéndums y crean Sindicaturas Electorales con sólo 72.

Después se aprobó la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que se adelanta al resultado del referéndum ilegal, acaba con la división de poderes y dice que los temas más relevantes dependerán de futuros acuerdos con el que quede de España (deuda, pensiones, funcionarios, contratos públicos…)

De aquella sesión conservaremos un sentimiento de vergüenza y tristeza, y las intervenciones de Eva Granados, Ferran Pedret y Joan Coscubiela que nos recordaban cuestiones democráticas básicas que la mayoría independentista decidió olvidar.

Curiosamente, mientras el gobierno va predicando que el Tribunal Constitucional no tiene ninguna autoridad en Cataluña, sigue presentando recursos (29 asuntos en estudio pendientes el año 2016 impulsados ​​por la Generalitat), e incluso el PDeCAT ha conseguido finalmente tener grupo en el Senado gracias al Tribunal Constitucional. ¡Y no han renunciado, por supuesto!

El Tribunal Constitucional es un árbitro que, por lo visto, los independentistas sólo quieren respetar cuando les da la razón. Y, disculpen, pero esto no es ninguna broma.

Puedo entender la indignación de los que quieren celebrar el referéndum del 1 de octubre frente a las actuaciones judiciales que pretenden impedirlo. Pero lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que el gobierno de Cataluña se muestre sorprendido. ¿Qué pensaban? ¿Que los poderes del Estado dejarían hacer? Es del todo legítimo y razonable criticar a Rajoy por todo lo que no ha hecho en los últimos cinco años para arreglar o encauzar el problema, pero el gobierno de Cataluña no puede decir que está sorprendido de que el gobierno de España intente que la legalidad se cumpla en toda España.

Y creo del todo irresponsable que ahora el gobierno diga que la respuesta vendrá «de la calle». ¿Dónde está su responsabilidad política? ¿Por qué ahora el gobierno quiere que sean los ciudadanos los que arreglen un problema que ellos han creado conscientemente?

El gobierno catalán a estas alturas ya sabe que no podrá hacer lo que quería hacer. Yo creo que lo ha sabido desde el primer momento. ¿No recuerdan el 9 de noviembre de 2014? ¿Creían que podrían volver a engañar al gobierno de Mariano Rajoy? Han pasado de querer organizar un acto de votación «como siempre», a intentar celebrarlo «como sea».

Sin tarjeta censal, sin censo público, sin comunicación personal de los puestos de votación, sin integrantes de las mesas sorteados, sin papeletas, con urnas escondidas, sin cabinas de votación, sin voto por correo, con una burla de votación en el exterior, sin campaña del no, sin interventores y apoderados del no, sin autoridad electoral… No hay referéndum. Podrá haber movilización, pero no referéndum. Y una movilización no habilita a declarar unilateralmente la independencia.

Dijeron que las leyes suspendidas lo amparaban todo. Mintieron y lo hicieron de forma deliberada. Están ocultando la verdad a aquellos y aquellas que, de buena fe, aspiran a la independencia y a ser consultados sobre el futuro político de Cataluña. Y tampoco veo ninguna diferencia con la manipulación que con motivo del Brexit protagonizaron Boris Johnson y Nigel Farage cuando se argumentan los grandes beneficios de la independencia, empezando por los 16.000 M€ y siguiendo por la permanencia en la Unión Europea.

Pero quiero que se me entienda bien, para mí el principal problema del referéndum que se pretendía hacer, no es el de la legalidad. Lo que no entiendo es el empeño en una propuesta que divide en mitades a los catalanes, que consagraría una división entre vencedores y vencidos, mitad más uno contra mitad menos uno. En un tema que no sólo afecta a convicciones e intereses, sino que afecta a sentimientos de pertenencia y de identidad.

No puedo entender cómo, de forma irresponsable, se pone en riesgo nuestra permanencia y la de nuestras empresas y entidades financieras en la Unión Europea. O la minimización de todo tipo de costes económicos o en términos de seguridad jurídica.

El 1 de octubre no sólo no resuelve ningún problema, ¡sino que agravan los que tenemos y crea nuevos! No se me ocurre un disparate mayor.

Ya les anuncio desde ahora que nosotros no damos ninguna credibilidad a lo que se haga el 1-O, que no reconocemos su legitimidad, que no daremos por bueno ningún tipo de resultado que digan que se desprende, que no convalidaremos ninguna actuación posterior que se fundamente en las dos leyes hoy suspendidas, que recorreremos donde sea necesario en defensa de las instituciones y de los derechos de todos. No pueden sustituir el Parlament de Cataluña votado por la ciudadanía por un Parlament de la República del que no formaríamos parte los que no somos partidarios.

Lo digo más claramente, si la mayoría parlamentaria vulnera la legalidad, sus decisiones ya no obligan a nadie. Pase lo que pase, nosotros defenderemos las instituciones y las leyes que nos han hecho representantes de la ciudadanía y no aceptaremos ninguna iniciativa ni ninguna decisión que vulnere nuestros derechos o que pretenda sustituir la legalidad vigente de forma ilegítima.

Ya se han cometido bastantes disparates y espero que no se cometa uno extremo, como sería la declaración unilateral de independencia que, ésta sí, pondría en riesgo las instituciones y el autogobierno. Espero que nadie quiera ahora salir al balcón y proclamar la república catalana. O pensar que una mayoría parlamentaria, que ni siquiera llega a los dos tercios, puede declarar la independencia cuando ni siquiera sería suficiente para reformar el Estatuto.

¡Basta de despropósitos! ¡Basta de disparates!

El segundo mensaje es de alarma, quiere prever problemas mayores. Infringir la ley conscientemente conlleva graves consecuencias. La democracia implica hacer política y aplicar el Derecho. Las dos cosas. Y no pueden ir la una sin la otra. Ciertamente, el gobierno de España, en cuanto a Cataluña, no ha hecho política, a menudo ha practicado la antipolítica.

Aún recordamos el intento del PP de recoger firmas para forzar un referéndum ilegal contra el Estatuto, aquellas cuñas infames del PP de Andalucía enfrentando territorios, aquellas declaraciones diciendo que ETA estaba detrás del Estatuto. No lo olvidamos y los criticamos siempre que sea necesario. Pero también decimos que el PP es ahora el gobierno legítimo de España. Ahora veo que Podemos y los Comuns (Pablo Iglesias, Xavier Domènech y Ada Colau) tienen prisa para sustituir a Mariano Rajoy, pero olvidan que la forma más rápida de conseguirlo hubiera sido votar la investidura de Pedro Sánchez. Pero unieron sus votos a los del PP para bloquearlo.

El PP parece que empieza a entender que la única respuesta al problema que tenemos entre manos no puede ser el no sistemático, empieza a entender que sólo con cumplir la ley no es suficiente. Es un primer indicio el hecho de que hayan votado a favor de crear la Comisión para el Diálogo propuesta por Pedro Sánchez en el seno del Congreso.

Pero no nos vayamos por la tangente. Por muchos que hayan sido los errores del PP, por mucho que algunos de esos errores hayan sido malintencionados, nada justifica saltarse la ley.

Los independentistas repiten a menudo que convocar un referéndum no es delito. Y es verdad, tan verdad como que fuimos los socialistas los que hicimos rectificar el error cometido por el PP al incluirlo en el Código Penal. Pero si el Tribunal Constitucional suspende una ley, la ley está suspendida. Si el Tribunal Constitucional suspende la convocatoria de un referéndum, el referéndum no se puede celebrar. Y si alguien se empeña en hacerlo, puede incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación o malversación de recursos públicos. O los que la justicia aprecie. Que si antes éramos un país de árbitros de fútbol y todo el mundo creía saber más que nadie de penalties o fueras de juego, ahora parece que somos un país de jueces. Quien puede apreciar y sancionar la comisión de un delito es el poder judicial. Nadie más.

España es una democracia con separación de poderes. Todos sujetos a la crítica, pero el poder judicial es quien tiene la capacidad de sancionar delitos. Y si alguien comete un delito no le puede extrañar que la justicia le pida cuentas. Y si es grave que cualquier ciudadano se salte la ley, lo es aún más cuando lo hace un gobernante. Y es patético que un gobernante se queje cuando se le exige que cumpla la ley. Nadie está por encima de la ley.

Y no me importa coincidir con quien sea en la defensa de la legalidad, del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Son temas de principio.

Cuando John Fitzgerald Kennedy hizo cumplir las leyes en Estados del Sur dijo: «Los norteamericanos son libres de estar en desacuerdo con una ley, pero no pueden desobedecerla. Ya que, en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por destacado o poderoso que sea, y ninguna multitud, por rebelde o tumultuosa que sea, tiene derecho a desobedecer un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar los mandatos de nuestro Tribunal Supremo y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.

Más delicado es coincidir con la reforma laboral, o con la ley del fondo de liquidez autonómico. Lo digo por los antiguos convergentes que parecen sufrir un agudo ataque de desmemoria. Como cuando olvidan que votaron dos veces la investidura de Aznar y sus siete presupuestos. O aquellos que votaron con el PP contra el Estatuto. O contra la investidura de Pedro Sánchez, que no sólo lo hizo Podemos, lo hicieron también el PDeCAT y ERC.

Sigo el hilo: hay que cumplir las leyes. Y las leyes pueden y deben cambiar a través de los mecanismos establecidos y de las mayorías necesarias.

Los poderes del Estado, en cumplimiento de la ley, impedirán la celebración del referéndum, y los que se hayan empeñado en organizarlo pueden ser objeto de sanción. No pueden decir que no lo sabían, que no se lo esperaban. Por eso pido de forma enfática que se detenga por parte del gobierno de Cataluña, del president Puigdemont y del vicepresident Junqueras, la preparación del 1 de octubre. Y que, simultáneamente, el gobierno del PP y el presidente Mariano Rajoy abran negociaciones para encontrar una solución dialogada.

Y también digo con rotundidad: el esfuerzo por parte de los poderes del Estado para impedir la celebración del 1 de octubre no puede en ningún caso significar la limitación de derechos fundamentales o la suspensión de la autonomía. Hay que hilar muy fino a la hora de suspender actos públicos o de acusar de sedición a los organizadores de manifestaciones de protesta.

La ley es la ley, pero sin aceptación social suficiente las leyes terminan por perder eficacia. Todos tenemos que tener mucho cuidado de no debilitar la democracia ni la confianza ciudadana en las instituciones.

Mi tercer mensaje es que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no nos merecemos esto.

No nos merecemos un president y un vicepresident que piensen que están por encima de la ley.

No nos merecemos un president y un vicepresident que sólo aceptan las sentencias cuando les dan la razón.

No nos merecemos un president que quiere que los ciudadanos se enfrenten a los alcaldes que quieren cumplir la ley. President, ¡deje en paz a los alcaldes y las alcaldesas!

No nos merecemos un president y un vicepresident que han olvidado que lo son de todos y no sólo de una parte.

Cuando desde las instituciones se azuza la desobediencia luego no nos podemos extrañar que haya quien asalte un autobús turístico, incite al ataque contra comercios, impulse boicots a empresas, ocupe ilegalmente pisos o intente impedir la actuación de las fuerzas del orden.

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

No nos merecemos tener un gobierno en el que sus consellers dicen cosas diferentes en privado o en público.

Si ya saben que no vamos a ninguna parte y que estamos poniendo cosas importantes en riesgo y los responsables tienen la obligación de decirlo y de parar el disparate.

Los que saben que una declaración unilateral de independencia pondría en riesgo nuestras instituciones de autogobierno, tienen la obligación de decirlo. Tienen la obligación de detenerla para no ser cómplices del mayor de los disparates.

Llevamos más de cinco años perdidos, sin grandes proyectos, sin mejorar la financiación, sin ganar ninguna nueva competencia, perdiendo prestigio y capacidad de relaciones exteriores. Hace ya demasiado tiempo que el president de la Generalitat no puede reunirse con un comisario europeo o con un ministro de ningún país relevante de la Unión Europea.

No nos merecemos ir coleccionando jornadas históricas sin ningún avance concreto.

No puede ser que aplacemos la respuesta a los problemas concretos de la gente mientras esperamos un gran día en el que teóricamente todo se solucionará como por arte de magia.

No somos sólo los socialistas. Mònica Oltra, la vicepresidenta del gobierno valenciano, también aconseja que el gobierno catalán cambie de estrategia antes de darse un gran batacazo.

Perdonad. Siento envidia del gobierno vasco.

5 diputados en el Congreso y una capacidad negociadora imbatible. El lehendakari Urkullu es nacionalista, sí. Pero tiene los pies en el suelo. Y, por cierto, se atrevió a decir que esto del 1 de octubre no tiene suficientes garantías.

Y esto me lleva al cuarto mensaje. Esto tiene solución. Lo que está ocurriendo no es ineluctable, se puede evitar y corregir.

Lo que pasa no es consecuencia de la ley de la gravedad, ni de que la tierra sea redonda y gire alrededor del sol.

Esto que nos pasa tiene solución. Una solución que consiste en convocar de forma inmediata unas elecciones al Parlament de Catalunya. Han pasado ya los dieciocho meses que constituían el mandato democrático de la actual mayoría que, además, ha agotado su programa.

No hay que resignarse a un escenario permanente de choque de trenes, con dos gobiernos decididos a protagonizar un enfrentamiento permanente en beneficio partidista pero en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.

No es necesario que nos resignemos a elegir entre los que defienden una independencia improbable e incierta, con grandes costos en términos económicos y, sobre todo, de convivencia, y los que defienden el inmovilismo.

No es necesario que nos resignemos a un escenario de empate de impotencias, ni tampoco a una salida con vencedores y vencidos.

No queremos contentar a una mitad más uno, haciendo aún más profunda la fractura social. Queremos una solución que pueda satisfacer a una amplia mayoría de un 80% de los catalanes y las catalanas.

Un 80% que quiere más autonomía, una mejor financiación y una España federal capaz de reconocer su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe.

Un 80% que quiere alcanzar objetivos bien concretos:

1. El reconocimiento de la singularidad de Cataluña, que es una nación en el marco de una España que es nación de naciones.
2. La garantía de un autogobierno fuerte, con competencias exclusivas en materia de lengua, educación y cultura, y la garantía de que el Estado defenderá y fomentará todas las lenguas de España.
3. Una financiación suficiente, solidaria y equitativa, que respete el principio de ordinalidad (para que los que más aportan no terminen recibiendo menos recursos per cápita para la prestación de servicios públicos) y una hacienda federal a través del consorcio entre la agencia tributaria de Cataluña y la agencia estatal de administración tributaria.
4. Votar un acuerdo de esta naturaleza, que debería estar incluido, al final del camino, en una reforma constitucional federal

Gente que no quiere que sigamos perdiendo el tiempo en querellas inútiles, gente que quiere que vayamos al grano, negociando duro y evitando conflictos y rupturas.

Gente que quiere una Cataluña próspera, respetada, querida y admirada.

Una Cataluña líder en España y en Europa.

Y en España se está ya abriendo el escenario para hacerlo posible. Una mayoría de los españoles son conscientes de que Cataluña no ha recibido suficiente atención por parte del gobierno del PP. Que cuando hablamos de corredor mediterráneo, estamos hablando también de Valencia, Murcia y Andalucía. Que promover el dinamismo catalán es asegurar el progreso de toda España. Que el respeto a la singularidad de Cataluña es la mejor garantía para que sea respetada la diversidad de los pueblos de España.

Esta es mi propuesta. Junto con un ambicioso programa de relanzamiento económico e industrial, de políticas sociales, de reducción de las desigualdades, de eficacia de la administración y de mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones. Un programa que sitúa en primer lugar los problemas de la gente y que piensa siempre en un despliegue de políticas de la mano de los ayuntamientos.

Quiero que vuelva la cordura, la eficacia y los resultados. Quiero que vuelva un catalanismo orgulloso y pragmático. Quiero recuperar el deseo de amplios consensos, el trabajo transversal, la renuncia a la imposición de ideas de parte. Quiero trabajo conjunto, acuerdos estratégicos en los temas de país. Hay que desvelar nuestras energías y aplicarlas a objetivos de progreso económico y social.

Esta es la propuesta que haré cuando lleguen las elecciones. Lo haré con orgullo en nombre de los socialistas de Cataluña, y lo haré también determinado a representar a todos aquellos y aquellas, cada vez más, que quieren diálogo, negociación y pacto. A los que no se resignan al enfrentamiento, los de la tercera vía, al catalanismo no independentista. Aspiro a recibir el apoyo de ciudadanos que quizá no se hubieran planteado dar su voto al PSC. Soy consciente de ello. Como también soy consciente de la necesidad de ofrecer una referencia clara a los que no quieren la fractura ni se resignan al inmovilismo. Alguien me ha dicho que el PSC puede convertirse en un partido refugio. Otros hablan de voto prestado. Llámenlo como quieran. Mi propuesta parte de la convicción y de la responsabilidad.

Los socialistas estamos comprometidos con la unidad civil del pueblo de Cataluña. Queremos ser un puente que una en un momento en que hay otros que están obsesionados por dividir y romper.

No puedo dejar de pensar qué hubiéramos podido conseguir en estos últimos cinco años si no se hubiera perdido el tiempo en enfrentamientos estériles para acabar de mala manera rompiendo todo y amenazando con situar las instituciones catalanas fuera de la legalidad.

Hay mucho que nos debería unir. Respetar la ley, respetar la diversidad, trabajar por el bien común.

Mi propuesta se dirige a los catalanes y las catalanas que saben que la unidad nos hace fuertes y que la división nos debilita, los que saben que tenemos la razón pero que fuera de la ley la perderemos y pondremos en riesgo lo más preciado: la convivencia, las instituciones …

En la Declaración de Barcelona que hemos suscrito con el PSOE de Pedro Sánchez hemos recogido un conjunto de propuestas que no es necesario que esperen a la reforma constitucional: la negociación de los 45 puntos de Puigdemont (dejando el referéndum independentista aparte), el desarrollo del Estatuto vigente y la recuperación a través de reformas de leyes orgánicas de elementos erosionados por la Sentencia del Tribunal Constitucional, la nueva financiación, las inversiones especialmente en el corredor mediterráneo y en cercanías, temas lingüísticos, educativos, culturales y simbólicos, y apoyo a la capitalidad de Barcelona.

Hay mucho trabajo por hacer. Es un camino de concordia y cooperación. Con una épica diferente: la de un camino cierto y seguro, que conseguirá resultados, lejos de falsas promesas y soluciones mágicas. Con cinco años perdidos es hora de abandonar los disparates y las ocurrencias, es hora de cambiar de rumbo, de estrategia, de gobierno y de presidente.

Y este es el quinto mensaje: me ofrezco para encabezar esta nueva etapa.

Se hace difícil hablar de uno mismo en estos términos. Me dispensarán, pero tengo que hacerlo. Si necesitamos acuerdos, creo que soy la persona. Si no aceptamos que elegir entre independentismo e inmovilismo, creo que soy la persona. Para establecer puentes hacia Cataluña, creo soy la persona. Para establecer puentes Cataluña hacia fuera, creo soy la persona.

Quiero ser el candidato de todos y todas los que quieren acuerdo y cambio. O debería decir acuerdo y cambios. O mejor aún acordar para cambiar.

No basta con defender la legalidad, no basta con señalar los riesgos de la independencia. Hay que proponer un proyecto factible y estimulante. Un proyecto capaz de sumar primero para multiplicar después. Un proyecto alternativo al del resto y la división.

Quiero convencer a mucha gente que puede que nunca se ha planteado votar un candidato socialista. Me comprometo a desarrollar una campaña y una obra de gobierno inclusiva, de la izquierda al centro, del autonomismo al federalismo. Quiero desarrollar un proyecto socialdemócrata con un fuerte contenido social, ecológico y feminista. Quiero que la educación, la investigación y la innovación sean los motores principales de la prosperidad y palancas de igualdad.

En el año 2014 tomé las riendas del PSC en una situación especialmente difícil. Lo hice para devolver a mi partido todo lo que me ha dado.

Ahora me ofrezco a encabezar la Generalitat también en una situación difícil. Se lo debo a mi país. Y llevo toda una vida en política, que es mi vocación, toda una vida preparándome para un momento como éste.

Creo que estoy a la altura para un momento crítico como éste que, debo decirles, hubiera preferido, como muchos de ustedes, no tener que vivir.

Los invito a acompañarme en este viaje.

No sólo para evitar el desastre al que nos invitan unos y otros, sino para ganar la batalla de un futuro próspero y justo que tenemos muy cerca.

Muchas gracias.