Derecho a decidir o consulta? Independencia o federalismo?

Hoy en el ágora política Espacio Público, espacio de debate del diario Público, en el debate “Catalunya y el derecho a decidir” me publican el artículo “¿Derecho a decidir o consulta? ¿Independencia o federalismo?” que encontraréis transcrito a continuación.

¿Derecho a decidir o consulta? ¿Independencia o federalismo?

El éxito de la expresión “derecho a decidir” es directamente proporcional a su ambigüedad. Decidir ¿qué?, ¿quiénes?, ¿hay alguien que no quiera decidir? Lo cierto es que el derecho a decidir no existe como tal derecho positivo, no es exigible ante ninguna instancia nacional, europea o internacional.

Demasiado a menudo se escucha utilizar la expresión “derecho a decidir” como sucedáneo de “derecho de autodeterminación”, que este sí existe y está reconocido por las Naciones Unidas a las antiguas colonias, los territorios ocupados militarmente o aquellos en los que se persigue y discrimina a las minorías nacionales. Pero no nos encontramos ante ninguno de estos supuestos.

De hecho, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña decidimos cada vez que votamos, lo hicimos votando la Constitución de 1978, el Estatuto de 1979, el del 2006 y siempre que elegimos a nuestros representantes en las instituciones. Lamentablemente, el Estatuto que votamos en 2006 fue alterado con posterioridad por una decisión del Tribunal Constitucional y, a mi juicio, la única forma de superar democráticamente esa anomalía es sometiendo un nuevo acuerdo al voto de la ciudadanía.

Por otra parte, el principio democrático obliga a buscar el libre consentimiento ciudadano a nuestras normas de convivencia y una democracia de calidad no puede limitarse tan sólo a la democracia representativa, sino que debe acoger también elementos de democracia participativa, referéndums y consultas.

Desde ese punto de vista resulta especialmente interesante la experiencia de Quebec y sus relaciones con Canadá. La Corte Suprema canadiense emitió una opinión que puede servirnos de guía. En primer lugar, negó que exista un derecho unilateral a la secesión. En segundo lugar, avaló la posibilidad de que Quebec pudiese convocar un referéndum para conocer la voluntad de sus ciudadanos al respecto. Y, en tercer lugar, señaló que si una mayoría clara respondiese a una pregunta clara mostrando una voluntad de separarse, Quebec y el resto de Canadá deberían abrir negociaciones para dar satisfacción a dicha clara voluntad ciudadana.

Cuando los socialistas catalanes nos referimos a una consulta legal y acordada tomamos esa referencia. El referéndum que se celebrará en Escocia el próximo 18 de septiembre ha sido posible precisamente por el acuerdo entre los gobiernos escocés y británico, señalando de nuevo la inviabilidad de procesos unilaterales o que pretendan desconocer la legalidad y los instrumentos democráticos para modificarla.

Para llegar a un acuerdo necesitamos buena política, un diálogo democrático, capaz de conciliar intereses y sensibilidades distintas. Por desgracia, tanto la cerrazón del gobierno del PP (responsable también de la feroz campaña contra el Estatuto catalán que culminó con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional), como los errores de planteamiento del gobierno de CiU y sus socios de ERC (que han ido tomando decisiones unilaterales como fijar fecha y pregunta de la consulta), nos abocan a un callejón sin salida o, peor aún, a un choque de trenes.

A menudo se utiliza la expresión “derecho a decidir” como sinónimo de “referéndum sobre la independencia”, como si la única decisión posible sobre las relaciones entre Cataluña y el resto de España fuese la de separarse o seguir exactamente como hasta ahora, como si no hubiese otras posibilidades. El hecho de que algunos presenten la consulta como un mero trámite para la independencia, es un vicio de origen que les resta apoyos.

Al malestar causado en Cataluña por la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, cabe añadir una percepción de maltrato económico y fiscal, de erosión del autogobierno y sus competencias, de ausencia de mecanismos de participación en la formación de la voluntad estatal como un Senado federal, y de insuficiente reconocimiento de la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España. Abordando estos problemas concretos puede encontrarse un camino de solución que podrá legitimarse después a través de una consulta.

Defiendo una solución de tipo federal por cuatro razones: 1) Por coherencia con los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. 2) Porque se ajusta mejor al mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas en el que vivimos. 3) Porque evita el choque de identidades y la fractura de la sociedad en función de los diversos sentimientos de autoidentificación nacional de las personas. 4)
Porque se basa en la acción política democrática, la negociación y el pacto.

Los socialistas hemos realizado una propuesta concreta de reforma constitucional federal para abordar en profundidad todas estas cuestiones. Una propuesta que estamos dispuestos a debatir con todos tomando en consideración cuantas propuestas se formulen en la búsqueda de soluciones a un problema tan grave como acuciante.

Acerca de Miquel Iceta

Sóc primer secretari del PSC, president del grup socialista al Parlament de Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat

Publicado el Viernes 21 febrero 2014 en Política. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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