La contundencia del President Montilla

Hoy el President Montilla ha hecho una contundente intervención en el Foro Europa Press en Madrid que por su interés encontraréis transcrita a continuación.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT EN EL FORO EUROPA PRESS (Madrid, 30 de noviembre de 2009)

Muy buenos días.

De nuevo, y con sumo agrado, accedo a la invitación de Europa Press para participar en uno de sus Desayunos Informativos y exponerles mi visión de la realidad catalana y española, y de su perspectiva de futuro.

Quiero dejar sentado, antes que nada, que entiendo -y hasta cierto punto, compartola percepción negativa que una mayoría de ciudadanos tiene hoy de la economía y de la política.

No es ninguna novedad que en una situación de crisis económica, con multitud de problemas que afectan a las empresas, los trabajadores y las familias, los esfuerzos de los gobernantes sean considerados insuficientes y que, en consecuencia, disminuya la valoración y la confianza de la ciudadanía hacia ellos.

Pero ya no es tan normal que, en unas circunstancias que podríamos considerar de emergencia colectiva, desde la política emanen actitudes, conductas y mensajes negativos que contribuyan, de manera insensata, a ahondar en la desmoralización de la sociedad.

No son las dificultades objetivas, por duras que éstas sean, las que provocan que el ciudadano dé la espalda a la política.

Es la respuesta que a veces se da desde la política, y que muchos ciudadanos perciben como equivocada -por torpe y por miope- en un momento que exigiría anteponer el interés general y la visión a largo plazo al interés de parte regido por la inmediatez de la coyuntura.

Esa es la realidad, nos agrade más o menos. Y sé que es impropio generalizar. Es más, la generalización abusiva de los defectos de la política es asimismo otra insensatez, que refuerza el clima de desmoralización colectiva.

Pero nadie con responsabilidades políticas, en el nivel y en la posición que sea, puede hoy eludir la tarea primordial de actuar coherentemente para devolver la confianza a la ciudadanía, de comprometerse con todas sus fuerzas en el empeño de revertir el clima de que atenaza la capacidad de reacción de nuestra sociedad en un momento de especial dificultad.

Así pues, mi intervención, hoy, ante ustedes, quiere ser una aportación, desde mi responsabilidad de presidente de la Generalitat de Catalunya, a la recuperación de la moral colectiva y de la confianza, sin las que es imposible pensar en el futuro ni construir nada sólido.

Entiendo que hay dos grandes cuestiones de fondo que es preciso afrontar con valentía si queremos aprovechar la oportunidad que representa la actual crisis económica y el clima de desconfianza.

En primer lugar, la definición de nuestro modelo económico después de la crisis, con el objetivo de hacerlo más competitivo y, a la vez, sostenible.

En este sentido aplaudo la aprobación, el pasado viernes, de la nueva Ley de Economía Sostenible. Me parece, sin lugar a dudas, un muy buen primer paso en la dirección correcta. Pero habrá que dar más pasos y coordinarlos entre todos los niveles de la administración. Una Ley no cambia un modelo productivo, pero puede contribuir o no a ello. Y esta lo hace. Bienvenida. Seguro que podremos tratarla en profundidad en la próxima Conferencia de Presidentes, que el presidente del Gobierno ha convocado para mediados de diciembre.

En segundo lugar, abordar las reformas y exigencias necesarias para hacer nuestro sistema político más transparente.

Es cierto que constituyen temas y palabras mayores, que difícilmente pueden ser abordados en el tiempo de una intervención breve como ésta. Y que, como mucho, cabe apuntar el núcleo de cada cuestión, con la intención de encontrar una formulación lo suficientemente inclusiva para que pueda suscitar una reflexión compartida y un debate sereno y prolongado en el tiempo.

No es otra mi intención. Y reconozco que, con ello, estoy avanzando los que van a ser temas recurrentes en mi discurso y en mi acción política en los próximos tiempos.

Reformas estructurales de la economía

Hoy nadie tiene duda alguna que, antes o después, saldremos de la crisis. Probablemente con más dificultades que nuestros vecinos y con secuelas más profundas que lastrarán nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo.

Pero lo peor que nos puede pasar es que cuando recuperemos un cierto pulso económico, nos olvidemos (nuevamente) de nuestros problemas de fondo.

No olvidemos que tenemos un sistema productivo incapaz de proporcionar ocupación a toda nuestra población activa. Un sistema basado en un modelo de crecimiento que ha demostrado sus límites y que requiere de una reformulación en profundidad, que nos plantea una serie exigente de nuevos deberes y de reformas estructurales de largo alcance. Algunas de estas reformas se están empezando a plantear (deberíamos, también, abordar otras, como las reformas de los sectores regulados). Me refiero, en concreto, a:

-Reforma de nuestro sistema educativo y universitario, principalmente en lo que respecta a la Formación Profesional, que debe evolucionar desde la concepción actual de final del trayecto formativo hasta convertirse en la puerta de entrada a una carrera profesional.

-Reforma del sistema de relaciones laborales con el objetivo de promover una asignación más eficiente de los recursos. Para conseguirlo, deberíamos modular los procesos de negociación colectiva, incentivar la movilidad laboral, y ajustar los incrementos salariales a la evolución de la productividad.

-Reforma, o mejor dicho, transformación de nuestro modelo productivo. Sin confundir por ello lo maduro con lo obsoleto. No podemos ni debemos arrinconar algunos de los sectores tradicionalmente más activos de nuestra economía sino animar su transformación. Porque al fin y al cabo, el nuevo modelo productivo también surgirá necesariamente de la adaptación de estos sectores a la nueva realidad internacional.

-Incluso añadiría, también, la Reforma de nuestras administraciones públicas. En la dirección de redimensionar los distintos niveles según la evolución de la descentralización y la aplicación del principio de subsidiariedad; y extendiendo criterios de mayor eficiencia en los servidores públicos de nuestro país. También aquí hay camino para recorrer y las administraciones deberían dar ejemplo.

-Y reforma de nuestro Estado del Bienestar: Porque tarde o temprano vamos a tener que abordar algunos cambios en nuestro sistema de asistencia sanitaria, de atención a la dependencia y nuestro sistema de pensiones. No podemos permitirnos el lujo, en servicios universales como estos, de negar sistemáticamente que sea el momento de abordarlos.

Son, todas ellas, reformas estructurales sobre las que empieza a dibujarse un consenso genérico en la opinión pública, pero que, en cambio, parece aún muy difícil que puedan concretarse en los imprescindibles acuerdos políticos, institucionales y sociales. Si bien es cierto, repito, que las últimas semanas se han producido pasos alentadores en la buena dirección.

Deberían dejar de prevalecer los cálculos sobre los costes políticos que pueden comportar los sacrificios que exigen las reformas, sobre el interés general y los beneficios a medio y largo plazo, que han de reportar a la sociedad española.

He dicho que el proceso de transición hacia un nuevo modelo de crecimiento requerirá de acuerdos de diverso tipo, entre los que es absolutamente imprescindible el acuerdo político e institucional entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, dada la naturaleza de nuestro modelo de Estado.

En este sentido, confío en que se den las condiciones institucionales que permitan utilizar a fondo los mecanismos de coordinación y de cooperación necesarios para el funcionamiento lo más eficiente posible de nuestro Estado autonómico.

El amplio espectro de iniciativas que debería movilizar la nueva Ley de Economía Sostenible va a representar, también en este sentido, un reto al que la Administración del Estado y las CCAA hemos de saber dar respuesta.

Una política transparente

Quisiera esbozar, a continuación, algunas consideraciones sobre la política y el clima de desapego ciudadano originado por el fenómeno de la corrupción.

No comparto la opinión simplista, facilona y altamente tóxica, que considera que la corrupción campa desenfrenada por toda España. O que en Catalunya, bajo unas formas políticas educadas, subyace un mundo turbio de escándalos políticos y económicos.

Es más, creo que los anticuerpos de nuestro sistema reaccionan con razonable rapidez y que hoy la sociedad española está en mejores condiciones que nunca para atajar los abusos, las irregularidades y los delitos que puedan suceder en torno a la actividad política. Por cuatro razones:

· existe una conciencia colectiva más intransigente con la corrupción política;

· tenemos una prensa libre que ejerce sin cortapisas su función de control democrático;

· disponemos de una justicia independiente que, con todos sus problemas y defectos, actúa con razonable eficacia para perseguir los delitos;

· y, finalmente, son cada vez mejores los instrumentos institucionales de control de la actividad pública que actúan como contrapeso de las decisiones del poder ejecutivo.

Y añadiría una quinta razón: las fuerzas políticas empiezan a reaccionar con nuevos instrumentos autoregulatorios basados en nuevos códigos éticos o en nuevos instrumentos como el que impulsa mi partido, el Contrato de Servicio Público con la Ciudadanía.

Se trata de problemas sin soluciones milagrosas, cuya solución requiere de marcos institucionales y de reglas precisas; pero también, y no en menor medida, de un ethos y de una cultura política que impregne nuestra vida pública.

No les puedo ocultar que, dos recientes casos conocidos de corrupción, han impactado fuertemente sobre la sociedad catalana. Ante ello era obligada una reacción contundente, inequívoca, a la vez que sensata.

El Gobierno de Catalunya ha adoptado, estas últimas semanas, una serie de medidas con el objetivo doble de, por un lado, aumentar las dificultades para aquellos que pudieran tener la tentación de delinquir y, por otro, extremar los mecanismos de control y supervisión administrativa por parte de los poderes públicos, incrementando la transparencia y el buen gobierno. Las medidas adoptadas por el Gobierno inciden en cuatro ámbitos:

Urbanismo: Medidas para hacer más transparentes los procesos de recalificación de terrenos y que los ayuntamientos se puedan beneficiar más de las plusvalías generadas en dichas recalificaciones.

Finanzas Locales: Con el objetivo de dar más transparencia a las cuentas municipales y ampliar el margen de la Sindicatura de Cuentas.

Subvenciones: Los beneficiarios de subvenciones o transferencias de la administración no podrán realizar donaciones, aportaciones o prestaciones gratuitas a favor ni de partidos políticos, ni de fundaciones o asociaciones a ellos vinculadas.

Fundaciones: Las medidas en el terreno de las fundaciones tienen como principales objetivos incrementar el apoyo y asesoramiento por parte de la Administración, establecer mecanismos de supervisión efectivos para garantizar el cumplimiento de la voluntad fundacional y el buen uso de los recursos públicos o las aportaciones periódicas que muchos ciudadanos hacen a estas entidades jurídicas.

Creo que todos cuántos estamos implicados en la vida pública deberíamos ser conscientes de que el quebranto de la confianza ciudadana en la política, en el gobierno de los asuntos públicos, en la administración, (como hace un año en los responsables y directivos de entidades financieras), supone un lastre de efectos múltiples.

Nada sólido se puede construir si, con motivo o sin él, todos nosotros estamos bajo sospecha. Y estas últimas semanas en Cataluña y en relación con Cataluña ha abundado demasiado el discurso apocalíptico, proclamando el fin de casi todo. Creo, como he dicho hace un momento, que deberíamos valorar que nuestro sistema sea capaz de reaccionar cada vez antes y mejor ante los casos de corrupción, que si algo reflejan, es la complejidad de nuestra sociedad.

El Estatut y la sentencia pendiente

Para continuar mi intervención, y adelantándome a su legítima expectativa de conocer mi posición, quisiera hacerles un comentario sobre una cuestión que los últimos días ha vuelto a requerir la atención de muchos de nosotros, como es el tránsito del Estatuto de Autonomía de Catalunya por el Tribunal Constitucional.

Aunque presiento que voy a defraudar a quienes esperen novedades o declaraciones altisonantes, pues no voy a decir nada que vaya más allá de lo que he venido reiterando durante este dilatado proceso.

En primer lugar: El Estatuto es constitucional, es Ley y la Ley se debe aplicar.

Mi posición y la de las instituciones catalanas ha tenido su fundamento, desde el primer día, en la firme convicción de la plena constitucionalidad del Estatuto.

Se respetaron las reglas fijadas para su tramitación. Se respetaron las reglas para su aprobación, con todos los requisitos debidos, por las más altas instituciones representativas de Catalunya y de España y refrendado por el pueblo de Catalunya.

El Estatuto es, desde su entrada en vigor en agosto de 2006 y hasta hoy, una ley plenamente vigente. Que obliga a todos los representantes de las instituciones a cumplirla y aplicarla. A eso nos hemos dedicado. Cierto es que con mayor diligencia en Catalunya. Pero también en aquello que requería la iniciativa y participación de la Administración del Estado.

En cumplimiento de dicha obligación institucional hemos negociado y acordado con éxito un nuevo modelo de financiación autonómica, plasmado recientemente en la LOFCA. Hemos negociado y acordado traspasos de competencias de gran relevancia, como el de la red ferroviaria de Cercanías.

Hemos aprobado Leyes y competencias que concretan y desarrollan lo establecido en el Estatuto.

En definitiva, hemos procedido con total normalidad institucional, actuando con lealtad. Sin que haya acaecido ninguno de los desastres pronosticados por los encarnizados enemigos del Estatuto.

España no se ha roto por el Estatuto Catalán, por más que algunos no han cesado de zarandearla, y no precisamente desde Cataluña.

Algunos empezaron a zarandearla, a agitar España y a miles de españoles de buena fe, desde el primer momento. Excitando los peores prejuicios y tópicos del anticatalanismo, antes incluso de conocer qué era lo que se pretendía y se proponía desde Catalunya.

El presidente del PP dice ahora no entender algunas de las opiniones críticas de este President contra su actitud política y la de su partido. Lo dijo hace una semana en Tarragona. Quizás debería recordar sus propias palabras y actos en relación con el Estatuto catalán.

Quizás debería, para entenderme a mí, reflexionar sobre su actitud y la del partido que preside, en relación con lo que proponía Catalunya, a lo largo de los últimos cuatro años.

– Explicarnos qué pretendían cuando pusieron en marcha una campaña por todo el territorio español, recogiendo firmas para un referéndum en contra de la iniciativa del Parlament, a sabiendas de que la nuestra era escrupulosamente legal y absolutamente legítima, y en cambio la suya era completamente inviable.

– Explicarnos por qué, incluso, pretendieron evitar la admisión a trámite en las Cortes Generales con un recurso presentado en el Tribunal Constitucional. No aceptaban ni tan sólo que ejerciéramos el derecho de reforma estatutaria siguiendo, escrupulosamente, los procedimientos democráticos previstos en nuestro sistema constitucional

– Explicarnos qué pretendían, cuando financiaron campañas de publicidad difundiendo mensajes falsos y ofensivos sobre las consecuencias que, supuestamente, iba a acarrear la aprobación del Estatuto catalán. Una campaña iniciada, en Cádiz nada menos, el 31 de enero de 2006.

– Qué pretendían cuando propagaron una indigna difamación contra Catalunya y su aportación solidaria al conjunto de España, a lo largo de este último año durante la negociación del nuevo sistema de financiación.

– Y qué pretendían cuando llevaron a cabo una feroz ofensiva contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, hasta lograr apartarlo de la deliberación sobre el recurso. Una recusación planteada el mismo día 2 de noviembre de 2005, el de la toma en consideración del Estatuto por parte de las Cortes españolas. Una ofensiva contra el magistrado que no cesó hasta lograr su objetivo, en febrero de 2007.

– Explicarnos qué pretendían presentando, el 31 de julio de 2006, un recurso contra más de la mitad de artículos y preceptos del Estatut, a sabiendas del conflicto a qué daría lugar el recurso.

– Explicarnos cómo justifican que más de veinte artículos que, cuando figuran en el Estatuto catalán, no caben en la Constitución y cuando los proponen los parlamentos andaluz, valenciano, aragonés o castellano, no solamente no los impugnan sino que los respaldan con su voto.

– Explicarnos qué perseguían bloqueando durante casi dos años la renovación de varios miembros del alto Tribunal. Cuatro magistrados con su mandato vencido. Uno recusado. Una vacante por fallecimiento, no cubierta. ¿Es ésta la manera de reforzar el prestigio del Tribunal y las reglas de juego y del Estado de Derecho, que el Sr. Rajoy pide que se respeten? ¿Es que el respeto sólo se produce cuando les conviene a él y a sus intereses políticos?

¿Nos están diciendo que los catalanes no cabemos, constitucionalmente, donde sí caben los demás españoles?

¿O, tal vez, que la Constitución es más estrecha o restrictiva para los catalanes que para otras comunidades?

No sé si es eso lo que nos quieren dar a entender.

Se lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo voy a hacer una vez más: Si el señor Rajoy quiere hacer una inmensa aportación al sosiego de la sociedad española en general y catalana en particular, que retire el recurso del Partido Popular contra el Estatuto catalán, y por supuesto que deje de bloquear la renovación del Tribunal Constitucional.

Y piense que si no quiere llevar España a la deriva, tarde o temprano va a tener que cambiar su actitud. Porque tarde o temprano él -o quienes vayan a sucederle comprenderán que el camino de la confrontación y la irritación no nos lleva a construir nada nuevo ni nada positivo.

Es más, sin Catalunya, España no se entiende ni conviene; pero contra ella, España no es viable. Ahora, algunos insensatos, después de actuar contra Catalunya pretenden expulsarla de la Constitución justificando cínicamente su actitud en la defensa del texto constitucional. Pues bien, ha llegado la hora de decirles claro que ni el texto, ni mucho menos el espíritu constitucional ofrecen coartada o justificación alguna para sus posiciones. La historia será severísima con quien pretende unir, enfrentado; con quien pretende defender, atacando y dividiendo. La Constitución no es un arma arrojadiza, es justo lo contrario: es el consenso y la estabilidad.

Precisamente, es la estabilidad, basada en la lealtad institucional, en el principio de la ley, en el respeto a la democracia, en el espíritu constitucional, lo que puede alterarse de manera imprevisible.

Muchos de ustedes, de los aquí presentes, son empresarios, emprendedores o agentes sociales. Saben perfectamente que la estabilidad económica (imprescindible en un momento de crisis como el actual) no es posible sin estabilidad política. Pues bien, Catalunya ha hablado claro, con su propuesta estatutaria, con su pacto parlamentario y con su voto en referéndum: respetemos la dignidad de Catalunya, se pide desde Catalunya y desde la casi totalidad de las instituciones catalanas.

Los que confunden cohesión social y unidad política con uniformidad dócil no conocen la fuerza y la determinación de la sociedad catalana. No escuchar lo que dice Catalunya es grave, no entenderla deliberadamente es peor. Escuchen y entiendan. Entiendan y escuchen. Menospreciar o sospechar de la autenticidad y profundidad de la “Dignidad de Catalunya” es una gravísima irresponsabilidad. No estamos hablando sólo de la legítima libertad de expresión de un editorial conjunto, no.; estamos hablando de toda una sociedad.

Miren ustedes: Las fuerzas políticas catalanas y sus instituciones, con la Generalitat al frente, han cometido errores, sin duda.

Pero nunca se ha actuado, -nunca he actuado, desde mi responsabilidad institucional y política- buscando el enfrentamiento entre el pueblo de Cataluña y los demás pueblos de España. Nunca lo he pretendido, ni consentido.

Siempre he actuado desde la convicción de que Cataluña podría abrir paso a una nueva etapa de mayor descentralización, de mayor autonomía, de mayor reconocimiento de nuestra pluralidad.

Una etapa en la que todos nos sintiéramos más cómodos. Algo que, a nuestro juicio, han comprendido la mayoría de Comunidades Autónomas. Lo confirma el hecho de que los parámetros fundamentales del Estatuto de Catalunya han sido adoptados por otras Comunidades Autónomas para redactar su norma básica.

De manera que hoy ya están en vigor una serie de Estatutos de Autonomía de segunda generación, sin que se haya reproducido la hostilidad levantada contra el Estatuto de Catalunya.

Y, como digo, sin que las nuevas normas autonómicas hayan corrido la misma suerte de ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.

También debo decir que un Tribunal Constitucional que debe dictar sentencia sobre los recursos presentados a una Ley como el Estatuto, debería ser inatacable en su composición y modo de proceder.

Mi posición y la de mi gobierno ha sido la de confiar en el recto proceder del Tribunal Constitucional. No hemos sido nosotros quienes hemos pretendido cambiar las reglas del juego mientras se jugaba el partido.

Pero se nos debería de conceder que el cúmulo de anomalías que han rodeado y rodean la tramitación y la deliberación del Alto Tribunal sobre el Estatuto de Catalunya incita a levantar suspicacias de todo tipo.

Una vez acabado este proceso habrá que sacar las conclusiones pertinentes, políticas y legislativas, para evitar que vuelvan a reproducirse situaciones como las vividas que no han hecho otra cosa que deteriorar -hasta un grado aún por determinar- el prestigio del Tribunal.

No voy a entrar en más detalles. De todos son conocidos. Y por si les sirve de orientación, mi opinión al respecto coincide con la expresada por uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, en algunos artículos publicados en un diario barcelonés.

Y, aunque me imagino que algunos volverán a rasgarse las vestiduras como ya lo hicieron el jueves pasado, afirmo que comprendo y comparto el espíritu con el que, doce periódicos editados en Cataluña, firmaron un artículo editorial sobre esta misma cuestión. Veo en ello una voluntad y una muestra de unidad y de apoyo que agradezco.

Dicho esto, quiero reiterar por enésima vez que ante la sentencia del Tribunal, las instituciones tenemos el deber de acatarla, cumplirla y de hacerla cumplir. Es un principio fundamental del Estado de Derecho y a él me voy a atener escrupulosamente cuando llegue la sentencia. Aunque no la compartamos y la critiquemos. Porque hay quien confunde acatamiento con silencio resignado. De la misma manera que no vamos a renunciar a nada de lo que el pueblo de Catalunya ha votado, y que defenderemos el Estatut hasta las últimas consecuencias.

Señoras y señores, mi posición y la de mi gobierno ha sido y es la de defender democráticamente la voluntad de autogobierno de Catalunya contenida en el Estatuto, manifestada por el Parlamento y el pueblo de Catalunya y acordada con las Cortes Generales.

Entiendo que cabe exigir y así lo vamos a hacer el cumplimiento del pacto político que subyace en el Estatuto. Lo haremos dialogando, buscando y ofreciendo fórmulas políticas y jurídicas que permitan dar cumplimiento a lo pactado.

No vamos a renunciar a nuestra voluntad de autogobierno plasmada en el Estatuto. Y con ello quiero decir que mantenemos íntegramente la voluntad de entendimiento, de diálogo y de participación en la empresa común.

Es decir, no vamos a renunciar a la Constitución. A “nuestra” Constitución. Tal como la entendimos y la entendemos.

Estoy hablando de la Constitución que ha permitido que Catalunya haya recuperado y consolidado su autonomía política. La que reconoce, respeta y facilita el desarrollo de una concepción plural de España.

La que resultó de la mirada generosa de los que la gestaron y de los que la votamos, convencidos de que se trataba de un pacto político que nos permitiría compartir un proyecto de largo alcance. Admito que quizás no es la misma Constitución que ahora definen como intocable quienes ni la querían, ni la hicieron, ni la votaron, e incluso la hacían responsable de todos los males de España.

Lo afirmé hace pocos días ante la tumba de Ernest Lluch, asesinado por ETA hace nueve años, por defender la Constitución de la concordia. Dije el otro día y reitero hoy que: “Lo que ayer fue escrito, acordado y votado para unir no puede servir hoy para dividir. Éste es el verdadero espíritu constitucional. Espero que nadie malogre de forma temeraria e imprudente este espíritu”.

Estamos ante una encrucijada de la que sólo vamos a salir todos fortalecidos si encontramos una salida que permita conjugar el respeto por el Estado de Derecho, con el respeto de la voluntad de autogobierno del pueblo de Catalunya, y con la salvaguarda del pacto político alcanzado entre el Parlamento de Catalunya y las Cortes Generales.

Cualquier solución que menoscabe alguno de estos tres elementos será mala para todos. Porque frustrará las aspiraciones de Catalunya a autogobernarse en el marco de la Constitución y deteriorará el espíritu constitucional.

Estoy convencido de que la mayoría de los catalanes quieren ser partícipes de esa – y no otra- España constitucional. La España que no nos exija ser cada día un poco menos catalanes para ser españoles, una España que no entienda de forma restrictiva la pertenencia a este proyecto común.

Quienes se arrogan el monopolio de la ‘españolidad’ para así imponer su criterio hacen un flaco favor al país, porque empobrecen y adulteran la generosa diversidad del pacto constitucional y, sobre todo, fomentan el desapego a España como proyecto compartido posible.

Y termino. A quien quiera ver en mis palabras una amenaza o una presión sobre el Tribunal Constitucional le digo, honradamente, que creo que actúa de mala fe. Por sentido de la responsabilidad institucional, por convicción democrática y por respeto a las lecciones de nuestra historia, creo que es mi deber exponer con claridad, pero sin dramatismos y efectismos innecesarios, los riesgos que asumimos todos, si no somos capaces de encontrar una solución positiva al problema que se ha querido crear en torno al Estatuto de Catalunya.

En todo caso, si una amenaza está contenida en la situación presente, no es en mis palabras sino en la situación y el estado de ánimo colectivo a que un recurso partidario, una dilación excesiva y unas especulaciones y filtraciones injustificables han provocado.

Los que me conocen saben que soy muy poco amigo de soflamas. Pero también saben que mis convicciones son profundas y que estoy dispuesto a actuar tenazmente y sin fisuras en su defensa.

Y, hoy por hoy, no hay en mi mayor preocupación, además de trabajar denodadamente para sacar nuestro país de la crisis económica, que la defensa de la voluntad de autogobierno expresada democráticamente por el pueblo de Cataluña.

Vean en mis reflexiones la sincera preocupación de un catalán defensor de la Constitución que tiende y busca la mano a todos los españoles constitucionalistas. Sé que los hay. Muchos de ellos están aquí.

A algunos, nos gusta decir con convicción, que lo que conviene a Catalunya, conviene a España. Pues bien, si le va mal a Catalunya, España se resentirá. No lo duden.

Sé que sigue siendo posible un camino de entendimiento. Por eso, sin contradicciones y sin antagonismos, la mayoría de los catalanes, con su Presidente a la cabeza, podemos afirmar: Viva la Constitución i visca l’Estatut.

Muchas gracias.

Acerca de Miquel Iceta

Sóc primer secretari del PSC, president del grup socialista al Parlament de Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat

Publicado el Lunes 30 noviembre 2009 en Política. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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