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Debate sobre la estructura y la composición del gobierno

Intervención del presidente del grupo parlamentario Socialistes – Units per Avançar, Miquel Iceta, en el debate sobre la estructura y la composición del Gobierno
Parlament de Catalunya, 6 de junio de 2018

[enlace al vídeo de la intervención inicial]

[enlace al vídeo de la réplica]

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, muy honorable presidente de la Generalitat, bien es verdad que estamos muy satisfechos de poder mantener este intercambio sobre la composición y los objetivos del nuevo Gobierno de la Generalitat. Y aprovecho, de entrada, para desearles a todos ustedes suerte y acierto. Y, si me lo permite, con el tono que uso siempre, si me lo permite la líder de la oposición, espero que no se cumplan los temores que ella ha expresado desde esta tribuna. Porque, ciertamente, ustedes son –tienen que ser– el Gobierno de Cataluña, el Gobierno de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Esto no quiere decir que sean un gobierno neutro, esto no quiere decir que sea un gobierno sin ideología, esto no quiere decir que no sean un gobierno determinado a defender unos planteamientos; pero nunca pueden perder de vista que este país, que es plural, es muy rico y diverso, y en él conviven sensibilidades muy diferentes.

La toma de posesión del Gobierno ha comportado de forma automática el levantamiento del artículo 155 de la Constitución. Y usted sabe que nosotros habríamos querido que hubiera sido antes. Desde el 31 de enero podíamos haber tenido nuevo presidente; desde mediados de febrero podríamos haber tenido nuevo gobierno. Hemos tenido más de tres meses más de 155. Hemos discrepado en esto. Ustedes han querido mantener un pulso con el Gobierno de España y con el poder judicial en cuanto a la elección de presidente y en cuanto a la designación de los miembros del Gobierno. Pero finalmente se han visto obligados a aceptar nuevamente que fuera de la legalidad no hay posibilidades de desarrollar una acción política viable. Los discursos lo aguantan todo, pero la realidad es terca: sólo iremos bien cuando discursos y realidad vayan de la mano. Y esto no es rendirse –le cojo la palabra–, esto es aceptar la realidad, sin renunciar a cambiarla, pero desde la realidad. Uno tiene que ser terco con la voluntad, pero no ser ciego ante la realidad. Y no piensen que se lo digo como un reproche ni para hacer valer que nosotros desde el primer día decimos que se tienen que presentar candidatos viables. No, se lo digo porque yo creo que a todos nos conviene ser conscientes de los márgenes de la acción política. Y como todos nos llenamos la boca –y supongo que lo hacemos sinceramente– de las palabras «convivencia» y «respeto», la convivencia y el respeto nos exigen el estricto cumplimiento de la legalidad. O, dicho de otro modo, rompiendo la legalidad rompemos la convivencia e impedimos la política.

Es verdad que también querríamos –y usted lo ha dicho también en su intervención– un diálogo provechoso con el Gobierno de España. Yo creo que este diálogo, presidente, exige respeto a la legalidad y respeto a la separación de poderes. Es decir, no pretender pedir, exigir, reivindicar ante un poder del Estado lo que le corresponde a otro. Sobre el respecto a la legalidad hemos oído ya mensajes equívocos e incluso contradictorios. Cuando la portavoz del Gobierno vuelve a poner sobre la mesa la unilateralidad, ¿que está haciendo? ¿Nos está diciendo, como se ha dicho ya desde esta tribuna, que harán lo que hicieron durante los últimos cuatro meses de 2017? No hace tanto tiempo, de aquello. Y, por lo tanto, lo que es imposible es desconocer el coste y las consecuencias de la deriva unilateral e ilegal de la anterior legislatura. Y, por lo tanto –y permítame la pregunta–¿pretenden poner en marcha las previsiones ya anuladas de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república? ¿Es esto hacer república? O, si lo quiere, más genéricamente: ¿qué entienden ustedes por «hacer república»? ¿Piensan seriamente que se puede negociar tomando como base la votación del 1 de octubre? Nosotros creemos –y no creemos estar solos en esto– que empezar aquí es equivocarse.
Ya sabe que en el debate de investidura le insistimos –y no querría hacerlo más, porque creo que usted en esta cuestión fue claro– que es usted y nadie más el presidente de la Generalitat, y que el Gobierno de Cataluña es el que se sienta hoy aquí, en este primer banco del Parlamento, y ningún otro; y que su legitimidad deriva de una votación parlamentaria que se fundamenta en unas elecciones establecidas en el Estatuto y la LOREG y, por lo tanto, amparadas en la Constitución. Y demasiado a menudo nos hemos perdido en juegos de palabras, creando equívocos y fantasías que han confundido a la opinión pública y que, a veces, y en último término, han comportado la intervención de nuestras instituciones de autogobierno y elevados costes personales, de los cuales tenemos buena prueba en algunos escaños vacíos de este hemiciclo. Tenemos ahora la posibilidad de hacer las cosas de otra manera; no digo de renunciar, no digo de rendirse, no digo de cambiar de ideas, no estoy diciendo esto. Pero sí que estoy hablando de hacer las cosas de otra manera y de reconocer algunas cuestiones que, efectivamente, los días 6 y 7 de septiembre del año pasado fueron desconocidas. Reconocer que el cambio de las reglas del juego requiere una amplia mayoría, requiere el voto favorable de al menos noventa diputados y diputadas, porque así lo establece el Estatuto, no porque nos lo haya impuesto Madrid. Yo creo, presidente, y quizás no es el momento de hacerlo, pero creo que haría falta un compromiso solemne de renunciar a imponer un nuevo marco institucional que no tenga al menos el apoyo que la reforma estatutaria reclama. Yo creo que esto sería un elemento de confianza, de tranquilidad, de estabilidad. Convendría. Porque también es cierto que demasiado a menudo se presenta la cuestión en términos de conflicto entre Cataluña y España. Pero esto olvida la división por mitades entre los mismos catalanes. División de opinión. No estoy hablando, como veces se dice, de una fractura irresoluble, de una ruptura de este «un solo pueblo»; pero sí una división sobre cuál es el camino, cuál es el futuro a conseguir. Y, por lo tanto, incluso una negociación con el Gobierno de España puede ser favorecida a partir de un amplio acuerdo más transversal. ¿Esto quiere decir que el Gobierno no puede negociar por sí mismo? No, no, no estoy diciendo esto; lejos de mi voluntad.

Y quiero aprovechar este momento para agradecerle que haya convocado ya una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a partir de este mismo viernes. Usted tiene toda la legitimidad para establecer el imprescindible diálogo con el Gobierno de España. Pero me permito decirle, señor presidente, que su posición será tanto más sólida cuantas más sensibilidades sea capaz de representar. Me parece que lo podría decir aquí o en cualquier otro lugar. Ahora –vuelvo sobre ello–, una negociación que pretendiera, que pretenda cambiar las reglas del juego, cambiar el marco institucional, esta sí que requiere un amplio consenso previo en Cataluña. Y, en nuestra opinión, no vale utilizar procesos participativos, procesos constituyentes, para obviar que tiene que ser este Parlamento el que, por una mayoría de al menos dos tercios, tiene que plantear los procesos de reforma institucional.

Por otro lado, cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya anuló las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente en la anterior legislatura. Y, por lo tanto, nosotros siempre recomendamos no volver a cometer los mismos errores. En todo caso ensayar algunos nuevos. Probablemente tenemos que empezar este diálogo aquí y fuera de aquí por cuestiones menos ambiciosas y tal vez más concretas, sin renunciar a los objetivos finales de horizonte que tenga cada cual. Pero aquí tenemos desde la financiación pendiente; las leyes recurridas ante el Tribunal Constitucional, de las cuales usted mismo habló en el debate de investidura; las demandas pendientes que planteó al Gobierno de España el presidente Mas primero y el presidente Puigdemont después, y tantas y tantas cosas que permitirían mejorar y ampliar nuestro autogobierno y nuestra financiación, nuestra dotación de infraestructuras estratégicas y nuestra capacidad de intervenir en decisiones que finalmente nos afectan, se tomen en Madrid o en Bruselas. Nosotros queremos animarle a iniciar este camino. Y si lo estima conveniente estamos en condiciones de contribuir con ideas y con apoyo. Cuántos más apoyos tenga, más posibilidades tendrá de ir avanzando y de ir consiguiendo resultados concretos.
Hemos insistido a menudo en el carácter institucional de la presidencia. El presidente surge de una mayoría parlamentaria concreta, ciertamente, pero tiene que aspirar a representar el conjunto de la sociedad catalana. Se lo digo de otro modo: usted puede llevar el lazo amarillo, pero con su actuación los que no llevamos el lazo amarillo nos tenemos que sentir representados, sobre todo cuando usted dice hablar, o cuando usted diga hablar en nombre de toda Cataluña, de todo el pueblo. Sé que es difícil, pero es mi obligación pedirlo y plantearlo. Nosotros estamos dispuestos a que todo el mundo exprese con libertad su planteamiento, pero al mismo tiempo queremos exigir la neutralidad del espacio público y de las instituciones. Tendremos que seguir hablando y tendremos que ver en qué se concreta todo esto para no violentar las sensibilidades y las opciones de cada cual. Ahora bien, usted también es el jefe del gobierno.
A veces se ha hablado de esta doble dimensión de la presidencia de la Generalitat, institución en sí misma y símbolo, y también jefatura de Gobierno. Como jefe de Gobierno, estamos esperando a que los consejeros presenten sus planes en comisión para poder hablar. Yo lo que le quiero asegurar es nuestra predisposición a colaborar desde la oposición en aquellas cuestiones que podamos compartir. Nosotros queremos demostrar una cosa que es muy difícil, que es que se puede, haciendo una buena oposición, mejorar la acción de gobierno. Y esta es la voluntad de nuestro grupo. Gracias.
Réplica al presidente
Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, muy honorable presidente: ya anuncio que los cinco minutos se me harán cortos, porque el presidente ha tenido la bondad de hacerme unas cuantas preguntas, y no me gustaría dejar ninguno sin responder. Yo creo que este hemiciclo es para hablar, para compartir, para contrastar, para ponerse de acuerdo y a veces sencillamente para discrepar. Querría dejar clara una cosa desde el principio. ¿Qué piensa Pedro Sánchez? Espero que pueda tener bien pronto la ocasión de poderlo compartir con él, y no me gustaría suplantarle: «Moi c’est moi, lui c’est lui.»Y, por lo tanto, hable usted con él. Pero, sí que me atrevo a decir, sin, creo, riesgo a equivocarme: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, defenderá la integridad territorial de España y la vigencia de la Constitución en todo el territorio. Es su obligación.

Usted decía: «PSOE 1974, autodeterminación.» Sí, y en 1978: Constitución. Usted me pregunta: «Derechos civiles y libertades.» Para nosotros, esto es Constitución y legalidad. Que se pueden modificar. Evidentemente. Y para modificar una ley, ¿qué se tiene que hacer? A través de los mecanismos que la misma ley incorpora y a través de las mayorías necesarias para hacerlo. En Cataluña: dos tercios. Sin dos tercios, no se tiren por el barranco. Yo, es un pequeño consejo que doy, que no me lo han pedido.

155. ¿Quién es responsable? Quién decidió saltarse la ley, y activó una previsión constitucional. Ya sé que en esto no estamos de acuerdo, pero, de todos modos, a usted…, creo que le va bien que alguien se lo recuerde. Yo tengo, como llevo muchos años en política, muchas cosas que pienso que no hice bien, o que me equivoqué. Una de las que pienso es que quizás no insistimos lo suficiente en el desastre que se produciría si se seguía por el camino que ustedes habían decidido emprender. Y, por lo tanto, esta vez no quiero hacerme este reproche. Y, por lo tanto, aunque sea a riesgo de hacerme pesado o de repetirme demasiado, no lo dejaré de decir.

Leyes suspendidas. Presidente, usted seguramente lo sabe, pero, si no, lo vuelvo a poner sobre la mesa. Antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de España y el Gobierno afectado, tienen un procedimiento de negociación. Después, es algo más complicado, pero esto no quiere decir que no se pueda volver a hacer, porque, efectivamente, se puede volver a presentar una ley al Parlamento. Y yo recomendaría, modestamente, ensayar, en el caso de leyes ya suspendidas, este procedimiento previo de discusión, porque si se acercan posiciones, y yo estoy de acuerdo con usted, con temas que son competencia de la Generalitat y políticas públicas sobre las que la Generalitat tiene que tener capacidad de actuación, vale mucho la pena encontrar el camino que lo permita. ¿El Gobierno de Cataluña puede actuar contra la pobreza energética, contra la emergencia habitacional? Si. Tiene que hacerlo, y tenemos que encontrar la manera de hacerlo, porque, por encima de las cuestiones competenciales están las cuestiones políticas.

Más cosas. Borrell. Mire, escúcheme, primero, es ciudadano de Cataluña. Es un catalán de La Pobla. Es el hombre con el que, cuando fue presidente del Parlamento Europeo, el catalán logró el máximo uso a la cámara. Es verdad que muchos querríamos que fuera lengua oficial, pero el Parlamento Europeo nos dice –nos dice–: «háganlo oficial primero en su país y después viene aquí y me lo explica.» Y, cierta razón la tienen, y por lo tanto no proyectemos algunos problemas que, ustedes ya lo saben, el mundo nos mira, Europa nos espera, etcétera. Bien, algunos problemas quizás que primero los resolvamos aquí. Decirle, de todos modos: me ha animado usted y mañana con mucho gusto iré a toma de posesión de un magnífico ministro de asuntos exteriores de España, y amigo mío, que se llama Josep Borrell.

Sobre el tema del exilio. Mire, por mí el exilio es el que se produjo, efectivamente, cuando usted lo decía, a la República, el que llevó tantos catalanes a los campos de Argelès. Es un exilio después de una guerra civil, producto de un golpe de estado fascista, militar, contra una Constitución. Es verdad que no encontraríamos, quizás, mecanismos de denominación común del fenómeno que se ha producido con compatriotas nuestros que han querido marchar para intentar rehuir la acción de la justicia, digamos cómo queramos, pero yo no diría «exilio», porque me parece que es desmerecer, que es desfigurar el exilio que, ese sí, los catalanes sufrieron a partir del año 39. Pero, esto es cosa suya.

Consejo de la república. No es que no lo acabemos de ver, es que estamos radicalmente en contra. Nosotros le dijimos: usted tiene algunas obligaciones. Una de ellas es no erosionar nuestras instituciones de autogobierno. Y por nosotros, cualquier sucedáneo erosiona el prestigio y la autoridad de nuestras instituciones.

No ha hablado, hoy, de la asamblea de electos. Mejor.

Finalmente: ¿república? Para mí, república es ciudadanía, es derechos, es aspiración de igualdad y de justicia. Aquí nos encontraremos, seguro.

Y, Prat de la Riba: desearía fervientemente, presidente, que dentro de unos años su obra de Gobierno tuviera el renombre, el prestigio que logró la obra de Gobierno de Prat de la Riba. Gracias

Soluciones para Catalunya y España

Soluciones para Catalunya y España

Artículo de Miquel Iceta publicado en El Correo, 25.04.2018

 

En Catalunya llevamos 6 años empantanados como bien describe Joan Coscubiela en su reciente libro. Esta situación de bloqueo político es insostenible y requiere de soluciones. A los políticos nos corresponde ofrecerlas desde la política. Creyendo como creo que los causantes de ilegalidades han de ser juzgados, también creo desproporcionada la prisión provisional y creo que llegado el momento se necesitarán de soluciones políticas a la altura del momento crítico en el que estamos. Y es que un problema político no puede ser resuelto por vía judicial.

En Catalunya, los partidos independentistas tienen mayoría en el Parlament y aunque no la tienen en la sociedad, sí que representan aproximadamente el 47 % del electorado. Hay que reconocer, pues, que el sentimiento independentista, la voluntad de separarse de España y construir un Estado propio, es muy significativo y no puede desdeñarse.

Es por ello que hará falta una buena dosis de política para hacer que en Catalunya pueda establecerse una mayoría que dé apoyo a reformas que solucionen buena parte de los problemas reales existentes, y sobre los que se articulan mayorías parlamentarias y sociales mucho más amplias que las concitadas por la independencia, o el unilateralismo. Una mayoría que debe actuar con pleno respeto a la legalidad y a los mecanismos y las mayorías necesarias para modificarla.

Este es mi objetivo. Llevamos más de medio año sin actividad normal del Parlament. Medio año sin control al Govern, sin iniciativas parlamentarias, sin proyectos de ley, medio año sin gobierno, medio año de desconcierto. En estos últimos 6 meses la política catalana se ha visto envuelta en una espiral de despropósitos, ilegalidades, desconfianzas y populismo. Y se hace difícil ver una salida a este callejón que no pase por rebajar la tensión política y aceptar el principio de realidad. Ese principio que indica que sin respeto a la legalidad no se pude construir un proyecto político, y tampoco un país. Ese que apela al sentido común, como elemento básico y necesario para la toma de decisiones políticas. Ese que aconseja tejer amplias mayorías para poder avanzar, desde el convencimiento de que un país dividido en dos mitades enfrentadas será incapaz de progresar. Catalunya necesita un respiro. Necesita un Govern para volver a hacer política, pero sobre todo necesita que haya espacios de crítica, de diálogo y de confrontación desde el respeto a todas las ideas.

En Catalunya se ha abandonado la política. Han triunfado eslóganes de consumo fácil como “las calles serán siempre nuestras”, “lo queremos todo”, “tenemos prisa” o “el mundo nos mira”. La simplificación niega una realidad compleja, distorsiona los hechos, demoniza al discrepante y convierte el debate político en una suerte de debate teológico o, mejor, pseudoreligioso. En el caso de Catalunya, bajo el eslogan del derecho a decidir se ha pretendido desconocer la opinión de quienes no compartían el proyecto independentista, la mayoría. Más de la mitad de los catalanes y catalanas han sido ninguneados desde su gobierno autonómico y, yendo aún más lejos, se pisotearon sus derechos, a través de las facultades hurtadas a sus representantes electos, en las infaustas sesiones parlamentarias de los pasados 6 y 7 de septiembre y con la declaración unilateral de independencia del 26 de octubre. Esto ha socavado los cimientos de nuestra convivencia y ha situado a nuestras instituciones de autogobierno fuera de la legalidad.

Es por ello que no me cansaré de repetir que, aunque no lo comparta y lo combata políticamente, respeto el sentimiento independentista y la consecución de un Estado propio por medios democráticos y ajustados a la ley, pero no puedo dejar de alertar sobre el tremendo e histórico error que ha sido el optar por la vía ilegal y unilateral. Un error que no puede oscurecer el hecho que, desde el gobierno de España no se ha hecho propuesta alternativa alguna y no se ha abierto ningún escenario de diálogo para construir acuerdos sobre reclamaciones justas y necesarias que concitan un gran consenso en Catalunya. Esa sensación de dejadez evidente por parte del gobierno de España ha dado alas y relato a los defensores de la unilateralidad: ya que era imposible la reforma, sólo cabía la ruptura.

A mi modo de ver Catalunya necesita con urgencia un Govern que se sitúe dentro de la legalidad. Compuesto por la mayoría independentista, en coherencia con el resultado electoral, pero alejado de cualquier tentación unilateral e ilegal. Necesitamos que el artículo 155 de la Constitución deje ser aplicado en Catalunya, dando paso a la normalidad institucional. Necesitamos paralelamente que el gobierno de España se comprometa en un diálogo sincero y honesto sobre cuestiones relevantes que en Catalunya generan un consenso mucho más mayoritario que la independencia. Necesitamos abrir un nuevo período de retorno a la política, capaz de poner sobre la mesa nuevas prioridades, y necesitamos abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, para modernizarla, adaptarla y hacerla más acorde a las necesidades de la población. Y eso debe proporcionar margen para reforzar el Estatuto de Cataluña. Y en algún momento deberemos someter a las urnas en Cataluña y en toda España esos grandes acuerdos.

Necesitamos todo esto y muchas más cosas. Pero el inicio de este retorno a la política depende de dos actores que hoy por hoy no parecen dispuestos a ceder un palmo del terreno. Por eso, y por dar también una alternativa a quién ve con desesperanza que el bloqueo político está dañando la convivencia, la economía y nuestro futuro, conviene decir también que si desde la actual mayoría parlamentaria catalana no se quiere o no se puede, otros tendrán que hacerlo, y si en Madrid tampoco se está por la labor, cuanto antes cambie la mayoría de gobierno, mejor.

 

Presentación de la propuesta de resolución sobre el diálogo y la reconciliación

INTERVENCIÓN DE MIQUEL ICETA DEFENDIENDO LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA EL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN

Palau del Parlament, 28/03/2018

[Enlace al vídeo]

Muchas gracias, señor presidente,

Señoras y señores diputados,

Este Parlament se constituyó el 17 de enero, estamos a 28 de marzo y seguimos sin presidente y sin gobierno. Celebramos un pleno el 1 de marzo que sirvió para conocer la posición de cada grupo parlamentario al inicio de la legislatura y, finalmente, la fallida sesión de investidura del 22 de marzo ha puesto en marcha el reloj. Pero lo cierto es que seguimos sin presidente y sin gobierno. Y, por tanto, se siguen aplicando las previsiones del artículo 155 de la Constitución española autorizadas por el Senado.

Mientras tanto, la profunda división social se mantiene e incluso determinados sectores se radicalizan y aparecen actitudes violentas e intolerantes respecto de personas y sedes de partidos, e incluso se señalan comercios y propiedades de aquellos que no comparten la opinión de los intolerantes.

Sin aspavientos pero con firmeza hay que denunciar actitudes y actuaciones que pueden destruir la convivencia y que pueden avivar una violencia sin freno. Ni disturbios ni intolerancia han llevado a nada bueno en nuestro país, en ningún país, y hay que prevenirlos y pararlos mientras aún estamos a tiempo. Ejemplos no muy lejanos, ni en el tiempo ni en el espacio, nos deberían ayudar a evitar males mayores. Por cierto, nosotros, y lo verán en el texto, condenamos cualquier violencia, no pretendemos atribuir toda la responsabilidad a unos u otros.

En el Pleno del día 1 de marzo, nuestro grupo presentó una propuesta de resolución que, en parte, reiteramos hoy porque no ha perdido vigencia:

  • Llamamos a restablecer consensos básicos.
  • Proponemos el establecimiento de un marco de diálogo entre las fuerzas políticas y sociales catalanas.
  • Apelamos a un constante esfuerzo de diálogo, negociación y pacto rechazando cualquier propuesta unilateral e ilegal.
  • Defendemos el cumplimiento de la ley, porque sólo hay democracia desde el respeto a la legalidad.
  • Reclamamos que se garanticen en todo momento los valores constitucionales básicos, los derechos de la ciudadanía y los tratados internacionales suscritos por España que aseguran los derechos de todos.
  • Y recordamos que los conflictos políticos se deben resolver en el marco de la política y no encontrarán solución en su judicialización.

En mi intervención en el fallido debate de investidura, hablaba de la imposibilidad de hacer avanzar el país si no somos capaces de superar la lógica de dos mitades enfrentadas, de superar una política de bloques. No podemos dejar que cuaje una política de bloques enfrentados.

Y también les diré: no nos parece que la mejor manera de superar los bloques sea crear un frente, y menos que lo haga el presidente del Parlament, que tiene la obligación de intentar representar al conjunto de la cámara y a todos sus integrantes.

Hago un paréntesis: nosotros no creemos que la actitud sistemática del presidente del Parlamento sea sectaria o parcial; podemos criticar algunas de sus declaraciones y actuaciones, pero no vemos que haya que pedirle la dimisión.

El día 22 les decía que la fuerza que necesitamos para remover los obstáculos que limitan nuestro potencial es un gran acuerdo Cataluña adentro que no tenemos. Necesitamos, y lo vuelvo a decir, acuerdos transversales de país.

En el Pleno del pasado sábado desarrollé nuestro planteamiento sobre tres ejes: respeto a la ley, primacía de la política y búsqueda de los más amplios acuerdos posibles. Sin respeto a la ley, no hay democracia. Sin democracia, no podemos hacer política. Y la política adecuada para evitar la fractura del país en dos mitades requiere de amplios acuerdos.

Es obvio que se necesitan acuerdos de amplia mayoría. ¿Cómo queremos, sino, superar la gravísima crisis política, institucional, económica y social que tenemos entre manos?

Me preguntaban el otro día por un gobierno de concentración. Y les digo: «Sí, sería bueno.» Sí, si fuera posible. ¿O es que no recordamos el Gobierno de unidad presidido por Josep Tarradellas? Aquel Gobierno tenía consejeros políticos que representaban a todos los partidos. Y a aquel Gobierno los partidos enviaban sus representantes más capaces.

A veces, es cierto, no es posible un gobierno de unidad. Pero, en todo caso, se necesitan grandes acuerdos.

Recuerdan ustedes también los pactos de la Moncloa. ¿Quién duda que aquellos pactos impulsaron la democratización de España, la superación de la crisis económica y social, garantizaron la estabilidad política, la modernización del país y, finalmente, incluso, el ingreso a la entonces llamada «Comunidad económica Europea»?

Los países que se enfrentan a graves crisis las superan mejor y más rápidamente cuanto más acuerdos y más amplios alcanzan.

Se lo dije el sábado, y lo repito hoy: nosotros estamos dispuestos a abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el campo abierto del diálogo. Y nuestra disposición es sincera y permanente, no necesariamente en un gobierno, aunque estemos en la oposición, la misma disposición en cualquier caso.

Ahora bien, desatascar esto no depende de nosotros, ni fundamentalmente de nosotros. Para empezar, si hoy todavía no hay gobierno es porque la mayoría independentista no se ha puesto de acuerdo en un candidato viable. Y yo sé que me dirán ustedes: «Oiga, es que no nos han dejado.» Pero, escuchen, hoy mismo se ha sometido a la Mesa del Parlament la posibilidad de delegación de voto de Carles Puigdemont y es la misma Mesa la que no lo ha autorizado, al menos hoy. Si no somos capaces, porque creo que no se puede, de asegurar esa delegación de voto, ¿cómo se podría asegurar la presidencia? Y les recuerdo que en la Mesa del parlament hay una mayoría que es la que es.

Ahora, tienen tiempo, es verdad. Tienen tiempo para ponerse de acuerdo. Pero, se lo recuerdo, mientras el artículo 155 sigue vigente. Y también se lo recuerdo: es un artículo que se aplicó porque alguien torció la voluntad y la decisión del presidente Carles Puigdemont de convocar elecciones. Y conviene no olvidarlo, porque las cosas no caen del cielo. Y es verdad, mientras no haya un acuerdo como mínimo entre ustedes, este artículo seguirá aplicándose.

Ahora, más allá de eso, y hoy hemos visto otros ejemplos. Los dos grupos más importantes de la cámara no se hablan entre ellos. ¿No conviene que empecemos a hablar entre todos? Si quieren, empezando por cosas menores, pero empecemos, y luego iremos a las cosas más importantes. Pero si no se produce este respecto a las opiniones diferentes y esta voluntad de diálogo con todos, sin exclusiones, y sobre todo, no vamos a salir de ésta.

También les diré: deberíamos atribuir más responsabilidades a quien mayor representación tiene. Nosotros tenemos diecisiete diputados, ni qué decir tiene que quisiéramos tener muchos más. Ahora bien, hay quien tiene treinta y seis, hay quien tiene treinta y cuatro, hay quien tiene treinta y dos … Yo les pido que hagan este esfuerzo. No hace falta que lo digan hoy, no hay que escenificar nada, pero hay que ponerse a ello. No por nosotros, sino por el país, por la ciudadanía que representamos.

Y antes de hablar probablemente se deben aceptar unas reglas comunes, si no el diálogo se hace imposible. ¿Cuáles son? Hombre, la primera: respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas amparadas por la ley y que emanan de la voluntad popular, la primera, este Parlament.

Y aquí debemos decir que alguien puede plantear una disyuntiva. O una de dos: o desobediencia o legalidad, o insurrección o instituciones, o cortes de carreteras o Parlament, o pintadas o discursos, o pedradas o negociaciones.

Yo les pido que no permitamos que la rabia, la indignación o un sentimiento de impotencia dicten nuestra política colectiva. Ni la rabia ni la indignación ni la impotencia nos sirven hoy para avanzar.

Hagamos el favor, todos, de escuchar los máximos mandos de los Mossos de esquadra: existe el riesgo de un giro violento y hay que cortarlo en seco para devolver a la política con libertad, democracia y respeto por todas las ideas antes de que sea tarde.

Tengamos también mucho cuidado con las palabras y más aún, más cuidado, con las grandes palabras. Un «frente por la democracia» no puede ser utilizado como sinónimo de frente contra la Constitución y el Estatuto; un frente por la democracia no puede ser sinónimo de desacato del poder judicial; un frente por la democracia no puede servir para decir que se está a punto de repetir la entrega del presidente Companys por la Gestapo; un frente por la democracia no puede implicar la pretensión de que el Parlament de Catalunya dicte a un juez qué decisiones puede tomar y cuáles no. Esto va en contra de la separación de poderes.

Recuerden la reciente declaración de la primera ministra de Escocia, radicalmente en contra de procesos de extradición, del que se le preguntaba, el que afecta a Clara Ponsatí, pero decía: «Pero, escúcheme, eso lo deben decidir los jueces». Exactamente lo que tenemos que decir nosotros: esto lo deben decidir los jueces.

Un frente para la democracia no puede amparar a quienes amenazan a los jueces y a sus familias.

Ya nos hemos dividido demasiado, ya nos hemos enfrentado demasiado, ya hemos erosionado demasiado las instituciones, ya hemos asustado a demasiada gente, ya hemos dañado demasiadas inversiones y hemos expulsado suficientes empresas, ya hemos perdido demasiadas oportunidades y demasiadas energías.

Y la mejor manera que tenemos todos para resolver este problema es retornar de inmediato a la política. La mejor manera es demostrar que somos capaces de dialogar y acordar, que respetamos la legalidad y que rechazamos toda forma de violencia.

Hagámoslo por los que estamos aquí, por los ciudadanos a los que servimos, y también por los que hoy se sienten víctimas de una gran injusticia y por sus familias. La mejor manera de ayudarles es haciendo las cosas bien, no rompiendo la baraja, buscando acuerdos, respetando la ley, condenando violencias y disturbios, formando Gobierno.

Muchísimas gracias.

 

 

Intervención en el primer pleno de la legislatura

Intervención de Miquel Iceta en el primer pleno de la XII Legislatura

Palau del Parlament, 1 de marzo de 2018

[enlace al video]

Gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.

La primera reflexión que quiero compartir con todo ustedes gira sobre la idea del respeto.

Desde nuestro Grupo Parlamentario queremos afirmar desde el primer momento nuestro respeto hacia todas las opciones políticas representadas en el Parlament.

Entre todos representamos al pueblo de Cataluña, y Socialistes y Units per Avançar respetamos, por tanto, todas las expresiones políticas presentes en el Parlament. A ninguna de ellas le negamos ni catalanidad ni carácter democrático. A todas ellas ofrecemos respeto y diálogo.

Creo que respeto por las personas, respeto por las ideas, respeto a las instituciones y respeto a la ley tendrían que ser el mejor punto de partida para una legislatura que tendría que ser bien diferente a la anterior.

El respeto no implica condescendencia, ni pretende disimular discrepancias. Las tenemos y son profundas. Nosotros no solo no compartimos el proyecto independentista, sino que creemos que perjudica a nuestro país. Pero respetamos profundamente lo que piensan de otra forma.

Un respeto que tienen que observar especialmente los que tienen responsabilidades institucionales a cualquier nivel. Sin olvidar nunca que, sea cual sea su posición política personal, tienen que hacer un esfuerzo para representar a todo el mundo, para que no se dañe la imagen de las instituciones que son de todos.

Me dirijo a la Cámara desde la responsabilidad y la conciencia compartida de que no estamos haciendo nuestro trabajo.

Hemos sido elegidos como diputados y diputadas y cobramos  por ejercer esta función, pero llevamos ya un mes de retraso en la investidura de un nuevo President. Se sigue aplicando el artículo 155 de la Constitución Española porque no hay gobierno,  a la espera de acuerdo entre los independentistas.

Y ni siquiera corren los plazos.

Y son muchas las personas que esperan nuestra respuesta, nuestras propuestas, nuestro trabajo de impulso y control al gobierno.

Nos esperan 162.742 menores que viven en lugares con privación material severa. Niños tutelados que han pasado noches en los calabozos de la Ciudad de la Justicia, en el Anatómico Forense, y ahora duermen en los pasillos de un Centro residencial de Acción Educativa. 20.000 familias que esperan cita para acogerse a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Miles de personas sin vivienda; un 25% de los desahucios que se producen en España tienen lugar en Cataluña. Alguien tiene que rendir cuentas de la chapuza del concurso de la ATLL, y alguien tendría que suspender el incremento del 11,8% del precio del agua para este año. Muchos estudiantes esperan que aprobemos una moratoria en la exigencia del conocimiento de una tercera lengua, mientras no se pongan los medios efectivos para hacerlo posible. Somos la Comunidad Autónoma con las listas de espera más largas para las intervenciones quirúrgicas, los servicios de urgencias de los hospitales están colapsados, tenemos personas atendidas en los pasillos. Son problemas de los que se habla poco. Y no tenemos un gobierno que los aborde y al que instar a la acción.

La ausencia de gobierno perjudica a la economía. Y la parálisis política genera inestabilidad, desigualdad, erosión de los derechos sociales y pobreza. Los más débiles son finalmente los más perjudicados.

7 millones y medio de catalanes y catalanas desean que nos pongamos en marcha. Necesitamos un gobierno. Un gobierno que se haga cargo de los problemas, que gobierne para los siete millones y medio de catalanes. Y la última reunión de gobierno de Cataluña se produjo el 24 de octubre del año pasado. Hace demasiado tiempo.

Es hora de que un nuevo gobierno, piense lo que piense sobre el futuro de Cataluña, se cuide de los problemas y los anhelos del conjunto de los catalanes, no solo de una parte.

Estoy pensando en los ciudadanos que siguen con inquietud y estupor las negociaciones a puerta cerrada por parte de aquellos que se llenan la boca de democracia, de participación y de transparencia.

A día de hoy no sabemos cuántos presidentes tendremos, cuántos de verdad o cuántos de broma. Y a veces hemos visto más dificultades para decidir sobre quién tiene que mandar en TV3 que sobre quién tiene que presidir la Generalitat.

Siete millones y medio de catalanes tienen derecho a que el Parlament se disuelva si en un plazo razonable no se pone en marcha la legislatura.

Creo que nadie se merece lo que está pasando, haya votado lo que haya votado.

Como mínimo tenemos que poner en marcha el reloj. Y por eso hemos presentado una propuesta de resolución que, sin atribuir responsabilidades a nadie, pretende proporcionar certezas a todos.

También hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en defensa de nuestros derechos como diputados y diputadas, que son también los derechos de la ciudadanía a la que representamos. Lo haremos siempre que haga falta.

Pero nos gustaría más que fuese una decisión del Pleno del Parlament la que desbloqueara la situación, acogiéndonos a lo que los letrados de la Cámara decían cuando apuntaban a un “acto equivalente a la primera votación de investidura” como mecanismo para poner en marcha el reloj, ya que la votación de investidura no se ha producido, como dice nuestra ley, diez días después de constituido el Parlament.

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Desde el primer día afirmamos nuestra posición política en este inicio de legislatura: En primer lugar, Parlament y Gobierno tendrían que actuar permanentemente en el marco constitucional y estatutario vigente, respetando los mecanismos legales y las mayorías necesarias para reformarlo.

En segundo lugar, parece conveniente no elegir a personas que no puedan ejercer en plenitud sus responsabilidades, como forma de evitar que la legislatura quede hipotecada por los procedimientos judiciales en curso.

Finalmente, en tercer lugar, hay que constituir un gobierno estable capaz de asegurar una gestión eficiente de las competencias y los recursos de la Generalitat y de abrir una negociación con las instituciones del Estado.

Nuestra propuesta de resolución recoge estos criterios.

Hemos tenido que combatir la peregrina idea de una investidura a distancia o por delegación, y también la broma de un gobierno telemático.

Aprovecho para decir que consideramos inapropiadas las candidaturas a President o para ser miembros del gobierno de personas que estén inmersas en un procedimiento judicial abierto, estén o no en prisión preventiva.

Respetamos la presunción de inocencia, pero no creemos que estas personas puedan dedicarse en plenitud a los trabajos que se les pretende encomendar, que exigen una total disponibilidad y la máxima libertad de acción. Lógicamente los afectados tienen que concentrarse en la preparación de su defensa y eso, por muchos motivos, limita su capacidad de actuación. Y nuestra obligación como diputados es dotar a nuestro país de instituciones lo máximo de eficaces posible.

Además, la decisión de encomendar trabajos de gobierno a personas afectadas por un proceso judicial, se quiera o no, señalará una continuidad o una discontinuidad con respecto a la anterior legislatura. Y en eso queremos ser especialmente claros: desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido reeditar, ni que sea simbólicamente, una vía que ha fracasado.

De hecho, si consideramos que el proceso comienza con la elecciones de 2012 es difícil rebatir que en estos años no se ha producido ningún avance en materia de autogobierno ni de financiación. Ninguna nueva competencia, ni más recursos, ni más inversiones, ni ningún gran proyecto.

Y hacemos el balance de la anterior legislatura, es obvio que la vía unilateral e ilegal ha fracasado. No tiene sentido hablar de recuperar una república que no nació y que nos ha dejado un país más dividido y más pobre, con unas instituciones intervenidas y con el prestigio gravemente erosionado.

Se prometieron cosas que no se pudieron cumplir. Y que se sabía que no se podrían cumplir. Eso se llama engaño. Y algunos se han visto obligados a reconocerlo, bien ante el juez, bien ante un micrófono.

No había nada preparado, no hay apoyos internacionales. La decisión de hacer un referéndum, que después de escuchar declaraciones en sede judicial ya no sabemos si era real o simbólico. Y de hacer una declaración unilateral de independencia, que después de escuchar declaraciones en sede judicial ya no sabemos si era real o simbólica, ha tenido enormes costes políticos, económicos, sociales y personales.

Les pedimos que respeten el principio de realidad. La única legitimidad democrática, y no reconocemos ninguna otra, emanada de este Parlament y está amparada por el Estatuto y la Constitución, como muchos han reconocido y asumido ante el juez. Ni Consejos de la República, ni asambleas de electos, ni actos simbólicos en Bruselas no pueden substituir este Parlament y el President y el gobierno surgidos de la Cámara. No creen órganos que solo les representan a ustedes mismos, como si en su República solo cupiesen ustedes.

Es más, el desdoblamiento institucional que algunos parecen pretender no puede hacer otra cosa que erosionar nuestras instituciones de verdad: las instituciones de autogobierno amparadas por el Estatuto y la Constitución. Hay que ser claros al respecto. Cualquier intento de construir una legitimidad paralela, aunque se pretenda simbólica, que sería reconocida por una parte de la ciudadanía catalana y sería negada por las leyes y por otra parte de la ciudadanía, está abocada al fracaso y nos adentra todavía más en el conflicto. Para superarlo, lo que hace falta es reconstruir el consenso democrático sobre las instituciones de toda la ciudadanía catalana, y construir y el futuro juntos a partir de aquí. Comenzando por el respeto y siguiendo por la reconciliación, para abrir un camino de reformas. Respeto, reconciliación y reformas tendrían que presidir esta nueva legislatura.

Los días 6 y 7 de septiembre se rompieron en este hemiciclo demasiadas cosas. La imposición de criterios de parte por encima de reglamentos y de leyes, pisoteando el derecho de las minorías, fue el preludio de un desastre que no podía acabar sino en intervención de las instituciones de autogobierno por parte del Estado. Muchos lo habíamos advertido. Y por eso esta legislatura tiene que emprender un camino bien diferente.

Romper con la legalidad nos ha llevado al 155. Y tampoco queremos dejar de señalar la responsabilidad de los que no han sido capaces de abrir una vía de diálogo y negociación, de los que solo han sabido trasladar el problema a la justicia y no han sabido dar otra respuesta que la represión policial. Pero vuelvo a reclamar la aceptación del principio de realidad: el reconocimiento de la primacía del Estatuto y la Constitución por parte de los dirigentes políticos que han declarado ante el juez tendría que ser un buen punto de partida para asegurar que esta legislatura será bien diferente de la anterior.

Creemos que esta legislatura se tendría que iniciar pensando en el conjunto de los ciudadanos y no solo de una parte, por numerosa que sea. Desde nuestro punto de vista no podemos abordar la cuestión de las relaciones entre Cataluña y el resto de España sin reconocer que primero hay que promover un gran acuerdo al respecto entre los catalanes. Un acuerdo que hoy por hoy no existe.

No cabe duda de que las fuerzas independentistas tienen un mayoría parlamentaria que les habilita a gobernar si acuerdan un gobierno, un presidente y quién manda sobre TV3, pero en cambio no hay un mandato democrático para la independencia. Un mandato que, por otro lado, nunca podría tener éxito de forma unilateral e ilegal como ya se ha comprobado.

De hecho, si lo que se quiere es cambiar el marco institucional, algo bien legítimo, hay que hacerlo a través de mecanismos de reforma que pasan necesariamente por las Cortes Generales en un proceso que hay que iniciar en el Parlament contando con una mayoría de al menos dos tercios de la Cámara. Y no hay dos tercios  del Parlament ni de la sociedad catalana dispuestos a avanzar en un proceso constituyente ni en la redacción de la Constitución de la República Catalana. Lo saben ustedes y nos los acaba de recordar el último estudio del CEO. No hace falta insistir más.

La tradición catalanista que compartimos con muchos se basa en la defensa de la unidad civil y de la cohesión social. Y no está de más recordar que, a veces, querer acelerar rompiendo consensos lo que provoca son reacciones en sentido contrario. Y la polarización que ha provocado el debate sobre la independencia es una buena muestra. Hagan el favor de leer bien los resultados electorales, no es tan difícil.

Aprovecho para reiterar nuestra convicción de que la división de la sociedad catalana en dos bloques enfrentados, incapaces de dialogar entre ellos, no solo no nos hará avanzar sino que nos está haciendo retroceder. Por este motivo intentaremos no caer en ninguna tentación frentista y nos comprometemos a colaborar con todos aquellos que compartan esta convicción.

Creemos que Cataluña está en condiciones de conseguir mayores cotas de autogobierno, una mejor financiación, y un papel activo en la transformación de España y de Europa. Todo ello a través de un camino de diálogo, negociación y pacto. Pero como les decía eso requiere antes que nada de un acuerdo entre los catalanes.

Y estamos escuchando hablar mucho de candidatos a la Presidencia, de candidatos a ser consejeros y consejeras, de quién quiere mandar sobre TV3, pero no estamos escuchando hablar nada sobre qué política se quiere hacer.

Y la primera pregunta a hacernos es bien sencilla: se acepta el marco legal vigente o no.  Habría que acabar con esta situación tan peculiar en la que demasiadas personas dicen una cosa en público y otra en privado. Del mismo hecho corren demasiadas versiones:  la del whatsapp de los convencidos, la de los medios de comunicación, la que se hace ante el juez y la que se confiesa en privado.

Quizás las enmiendas presentadas por la CUP tenían la virtud de esclarecer las verdaderas intenciones de todo el mundo. ¿Eso va de continuar la lógica de la anterior legislatura? ¿O buscamos entre todos otra salida después de ver el fracaso, los enormes costes y los riesgos de la República virtual, unilateral e ilegal?

Después lógicamente vendrán las preguntas sobre prioridades y orientaciones concretas de las diversas políticas sobre la que la Generalitat tiene competencias.

Y también sobre la disposición a abrir un diálogo dentro de Cataluña primero y fuera de Cataluña después.

Nuestro Grupo está dispuesto a cualquier esfuerzo, a cualquier sacrificio en beneficio de la necesaria reconciliación. Pero queremos ser muy claros: solo el respeto a la legalidad proporciona la base sobre la que construir y ampliar consensos.

En este sentido votaremos a favor de las propuesta de resolución del resto de grupo a excepción de la de Junts per Catalunya que contiene demasiados elementos de continuidad con la anterior legislatura que querríamos bien pronto olvidar y superar.

Gracias, señor President, señoras y señores diputados.

 

Debate sobre el artículo 155

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GRUPO SOCIALISTA, MIQUEL ICETA, EN EL PLENO DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155

Parlament de Catalunya, 26 de octubre de 2017

[enlace al video]

Sra. Forcadell, Sr. President,

Usted hoy ha dudado y quizás todavía duda. Y quiero felicitarle por la valentía de dudar. Solo usted puede tomar una decisión transcendente, y tiene que calibrar, y solo puede hacerlo usted, cuál es la mejor opción. Usted tiene la llave para acabar la legislatura de una determinada manera que preserve las instituciones de autogobierno que son de todos. Usted tiene que pensar si acabar esta legislatura con una declaración de independencia en las actuales circunstancias no sería altamente perjudicial para Cataluña.

Usted tiene que pensar si desactivar el 155 es lo mejor que puede hacer. Y, por tanto, quiero reconocerle la valentía de dudar, de dudar entre convicción y responsabilidad, entre el confort de los partidarios y la mejor defensa de los intereses de todos.

Soy consciente o creo serlo, de la soledad, la incertidumbre y las presiones de todo tipo que tiene que estar padeciendo. Y precisamente por ello quiero hacerle este reconocimiento antes de iniciar una intervención que puede ser dura en algunos momentos, pero que no quisiera que en ningún caso fuera injusta.

No lo podemos saber con seguridad, pero este podría ser el último pleno de la legislatura y, por tanto, antes de entrar en materia querría hacer algunos comentarios sobre el balance de la labor del gobierno.

Con la mano en el corazón, desde nuestro punto de vista y con nuestro respeto, esta legislatura ha sido un desastre total y absoluto.

Comenzamos mal. El candidato a la presidencia iba escondido en el cuarto puesto de la candidatura por Barcelona. La CUP se negó a investirlo como Presidente, y tenía todo el derecho a hacerlo. Y, entonces, usted, como segunda opción, se convirtió en Presidente, y era el tercero en la lista por Girona.

Dijeron que las elecciones eran plebiscitarias pero muy pocos de ustedes, yo solo me acuerdo de uno, se atrevieron a admitir que habían perdido el plebiscito en los términos en que ustedes mismos lo habían planteado. Y perdido el plebiscito mantener el objetivo que se habían propuesto era imposible. Al negarse a aceptar que no tenían el suficiente apoyo para hacer lo que se habían comprometido a hacer cometieron el error que ha marcado la legislatura.

Y con estos inicios el fracaso era previsible.

Tenemos hoy una sociedad más dividida, una economía debilitada y un país más aislado internacionalmente.

Todo ello a causa de un objetivo legítimo pero equivocado y una estrategia también equivocada.

Objetivo y estrategia contenidos en aquella resolución del 9 de noviembre de 2015, que ya fue anulada por el Tribunal Constitucional, en uno de los muchos episodios fracasados de la legislatura.

Lo que comienza tan mal es imposible que acabe bien.

Hemos acabado denominando estructuras de Estado a lo que son instrumentos de administración y de gobierno, pensando que un nombre más solemne daría más prestancia. Hemos celebrado tantas jornadas históricas que ya hemos perdido la cuenta. Y estamos donde estábamos. Perdón, ahora mismo estamos a punto de caer en el precipicio.

Por no saber ustedes no saben si han declarado o no la independencia. Si lo harán hoy o mañana. Si lo harán votando o cantando. En el hemiciclo o en el auditorio. Si lo harán de verdad o que solo lo parezca. Sabemos que tienen en texto preparado, limpio y pulido. Incluso firmado por setenta y dos miembros de la Cámara.

Pero como todo lo que han hecho ustedes en esta legislatura, cogido con pinzas, hecho deprisa y corriendo, mal pensado, peor ejecutado y mal acabado.

Parecen haber olvidado aquel slogan que decía “el trabajo mal hecho no tiene futuro”. Y también han olvidado que el trabajo bien hecho no tiene fronteras, porque ustedes están obsesionados en crear una nueva frontera. Gravísimo error.

Ningún ámbito de gobierno ha supuesto ninguna innovación o ningún avance tangible. Quizás lo será, y así lo esperamos, la renta garantizada de ciudadanía. Pero nada más.

El proceso ha absorbido tiempo y energías, ha desperdiciado recursos y no nos ha hecho avanzar ni un milímetro ni como país ni como sociedad.

Y el país, y todos nosotros, señor President, tenemos cara de agotados.

Tanto que nos gustaba leer a la prensa extranjera hablando bien de Cataluña, y ahora bajamos los ojos para no tener que leer editoriales de Le Monde o del Wall Street Journal que nos avergüenzan.

Sé que algunos ya estarán pensando que me echarán en cara que no haga críticas al gobierno del PP. Pero es que nuestro país no mejorará en nada si no somos capaces de hacer primero nuestro propio examen de conciencia. Los pecados del PP, como todo el mundo sabe, no tienen perdón de Dios.

Pero nosotros tenemos que centrarnos en la que es nuestra responsabilidad. Tenemos un gran país, pero hemos tenido un pésimo gobierno.

Y eso se paga. Un pésimo gobierno que se equivocó en la elección de prioridades, que ha sido incapaz de corregir errores que resultaban del todo evidentes, que buscaba el choque de trenes hasta que lo ha encontrado, dejando de obtener mejoras y resultados concretos que tanto hubiesen podido beneficiar a la ciudadanía.

President, yo le pido que cumpla al menos una de sus promesas electorales. Dijeron que solo estarían dieciocho meses. Ya han pasado hace tiempo. Convoque, pues, las elecciones y que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan elegir otro rumbo y otro equipo.

Pero, ciertamente, hoy hemos venido a hablar de la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aquel artículo que permite obligar a una Comunidad Autónoma a volver a la legalidad cuando de forma consciente o inconsciente la ha vulnerado. Y en lo que respecta a nuestro caso, salir de la legalidad ha sido una actuación premeditada. De hecho, la resolución del 9 de noviembre de 2015 así nos lo indicaba.

Y ustedes hoy quieren que hablemos de las consecuencias de la aplicación del artículo 155. Pero querrían que olvidásemos las causas.

Y yo no pienso hacerlo.

Saben perfectamente por qué existe hoy el riesgo de que se aplique el artículo 155.

El origen no es otro que la aprobación los días 6 y 7 de septiembre de la ley del referéndum de autodeterminación y de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Dos leyes aprobadas deprisa y corriendo, vulnerando el reglamento de la Cámara, atropellando los derechos de la oposición, liquidando el Estatuto de Autonomía, incumpliendo la Constitución y desobedeciendo al Tribunal Constitucional.

Lo dijeron los letrados de la Cámara. Hoy parece que les vuelven a escuchar porque han hecho un dictamen muy crítico sobre el contenido de la propuesta concreta de aplicación del artículo 155 que el gobierno del Partido Popular ha hecho para que el Senado lo autorice.

Ya me hubiese gustado a mí que hubieran hecho caso de los letrados en aquel pleno de triste memoria. Ahora todo son facilidades para acceder al informe sobre el 155, entonces todo eran dificultades para conocer el criterio de los letrados sobre el abuso que ustedes perpetraron. Tampoco quisieron conocer el parecer del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre las dos leyes. Y el Consejo de Garantías ante esta vulneración del reglamento de la Cámara y ante el atropello de los derechos de la oposición, nos señaló el camino de recurrir al Tribunal Constitucional. También lo ha hecho el Síndic de Greuges en respuesta a un escrito sobre esta cuestión que le hemos dirigido.

Nunca hubiese pensado que mis derechos como diputado estarían mejor defendidos por una institución de ámbito estatal que por las propias instituciones catalanas.

Ustedes aprobaron dos leyes que sabían perfectamente que escapaban de las competencias de este Parlament.

Y, por cierto, liquidaron el Estatuto con 72 votos, cuando para reformarlo hacen falta 90. Que también es la manera que tienen de esquivar una gran verdad. El problema no solo lo tenemos con el gobierno español, el problema es que entre nosotros mismos, los catalanes, no tenemos el suficiente acuerdo para afrontar grandes reformas, y todavía menos la independencia.

Estas dos leyes han sido lógicamente suspendidas por el Tribunal Constitucional, y la primera de ellas, definitivamente anulada. Y la otra lo será también sin duda, como ustedes saben perfectamente.

En esta sentencia el Tribunal manifiesta de forma contundente tres tipos de problemas: sustantivos, competenciales y procedimentales. Es obvio que la ley que pretendía regular un referéndum de autodeterminación atentaba contra la propia sustancia de la Constitución. Ni más ni menos que contra su artículo segundo. Es obvio que un Parlamento autónomo no puede regular un referéndum, como ya sabíamos de anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, e incluso nos había dicho el Consell de Garantías Estatutarias con motivo de la aprobación de los presupuestos de este año. Es obvio que para conseguir su objetivo se saltaron de mala manera los procedimientos. Un conseller se atrevió a decir. “No se hizo muy bien”. Y usted dijo: “No teníamos otra manera de hacerlo”.

Y a pesar de que la ley del referéndum estaba suspendida, ustedes quisieron organizar la jornada del 1 de octubre. Una jornada que en ningún caso era el referéndum efectivo, vinculante y con garantías al que ustedes se habían comprometido. Incluso sus invitados internacionales así lo hicieron constar. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Era una jornada viciada de origen y dificultada por la acción de los poderes del Estado que trataron de impedir su celebración. En este sentido, lamentamos y condenamos las acciones policiales desproporcionadas contra personas en el intento de evitar que pudiesen participar en aquel acto de votación.

Y después ustedes han querido extraer de la jornada del 1 de octubre un pretendido mandato democrático que les habilitaría a declarar la independencia y abrir un proceso constituyente. Sin ningún reconocimiento internacional, sin ningún apoyo.

No era legal, no. No podían hacerlo, no.

Pero desde mi punto de vista la razón fundamental por la que no pueden proceder como pretenden hacerlo es porque no tienen una mayoría de la sociedad que lo avale.

Pueden mirar ustedes los resultados de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Y ver como los que votaron Sí-Sí, suman 1.861.753. Como los votantes de Junts pel Sí y la CUP de las elecciones de septiembre de 2015 sumados son 1.966.508. O como según los datos proporcionados por ustedes mismos los votantes del sí del 1 de octubre son 2.020.144 personas.

Son muchos. Y los respetamos absolutamente. Pero no son mayoría. El censo electoral en las elecciones del 2015 era de 5.510.853. El sí a la independencia no consigue el 50%.

Y una minoría, por numerosa que sea, no puede imponerse a la mayoría. Y más en el caso de una decisión que requeriría en opinión de muchos y también en mi opinión una mayoría amplia, por la gran transcendencia que tiene la decisión y por su carácter irreversible.

Cuando ustedes publicaban alegres y felices sus hojas de ruta, nos prometían a todos, independentistas o no, casi el paraíso en la tierra. Una república. Un nuevo país. Cuando alguien les decía que los bancos y las grandes empresas se verían obligados a marchar, ustedes levantaban la voz y decían que hacíamos “el discurso del miedo”.

Que Santa Lucía les conserve la vista y, a ser posible, se la aumente.

¡Qué desastre!

Los dos bancos. Seis de las siete empresas catalanas que cotizan en el Ibex 35. Y más de 1.300 empresas más. El vicepresidente nos dice que no nos preocupemos, que al fin y al cabo, se han quedado muchas más y que éstas quizás volverán. ¿A quién quieren engañar?

Estamos hablando de las 40 mayores empresas que se han ido, que facturan por valor de 65.000 millones de euros, lo que representa el 30% del PIB catalán. Por favor, les pido, que no lo minimicen. No insulten a la inteligencia de los catalanes.

Ciertamente han cambiado las sedes sociales, pero no la actividad y el empleo. Pero sabemos que después de mover la sede social, muchas pueden acabar moviendo la sede fiscal y más adelante parte de su actividad. Cualquier responsable político sabe que hay que tener actividad real en el lugar donde tiene su sede social. Hacienda vigila este aspecto. Y el proceso en este caso sí que es conocido: primero la sede social, después la alta dirección, después los servicios centrales y quién sabe qué más. En definitiva, los mejores puestos de trabajo, los mejor remunerados, los que toman las decisiones estratégicas.

Sabemos que en otros países procesos similares han sido irreversibles. Como lo muestra el ejemplo de las empresas con sede en Montreal que se fueron a Toronto y que ya no volvieron. Quebec no es independiente, pero han perdido peso económico.

No es buena manera de reducir el déficit fiscal sobre la base de empobrecer nuestra economía.

Por tanto, le digo que es ¡mejor que este gobierno se vaya y que no se vayan las empresas!

También nos dijeron que el mundo nos miraba y nos esperaba. Pero desde que el proceso se radicalizó y se aceleró hemos podido observar cómo las instituciones europeas y los gobiernos de los países europeos desaconsejaban con firmeza movimientos unilaterales e ilegales, considerando que el progreso de Europa necesita más integración y no desintegración, más conexión y no más desconexiones. Y todavía menos sentar un precedente.

También nos dijeron que el proceso aseguraba la convivencia y que el referéndum que querían organizar era la máxima garantía. Usted mismo, señor President, ha hecho públicas reflexiones sobre la necesidad de mantener la convivencia, de evitar la fractura social. Son reflexiones que compartimos. Pero, desgraciadamente, hoy no podemos negar la división y la fractura. Se ha iniciado un camino de fractura. Y una herida social es muy difícil de sanar.

La realidad puede ser tozuda, pero es la realidad. El diseño de un mundo sin gravedad es posible, pero en nuestro mundo la ley de la gravedad es ineluctable.

Ustedes quieren que hablemos de las consecuencias del artículo 155 pero quieren escamotearnos las causas.

Y tampoco parecen dispuestos a que hablemos de cómo impedir la aprobación por parte del Senado de la autorización pedida por el gobierno del Estado.

President, hoy usted no debería estar aquí. Este pleno no se tendría que haber celebrado hoy, y quizás tampoco mañana.

Nos hubiera gustado verle hoy en el Senado y quizás acompañarle.

Desde el primer debate de la legislatura, el 9 de noviembre de 2015 venimos advirtiendo sobre los riesgos de poner las instituciones catalanas fuera de la ley, y normalmente lo hacemos recordando que las instituciones son de todos. Cataluña somos todos. La Generalitat es de todos.

Y es por todo ello que usted tendría que haber ido al Senado a defender las instituciones de autogobierno y también a pedir y ofrecer un diálogo político.

Me podrá decir que el ambiente no es el más propicio. Y no le diré que no. Pero esa no es razón suficiente para huir de su responsabilidad como President de la Generalitat de Catalunya. Como dijo Lincoln: aunque sea probable que pierdas la batalla, eso no te puede disuadir de apoyar una causa que crees justa.

Y, por cierto, Presidente, ¿recuerda que le pedí por carta que nos recibiera a los Presidentes de los grupos parlamentarios antes de responder por segunda vez al requerimiento que le hacía el gobierno de España antes de pedir la autorización del Senado o para aplicar el artículo 155?

Lo hice porque creía que usted tenía la obligación de compartir con nosotros información y criterios sobre una cuestión tan transcendental. La presidencia de la Generalitat es una institución en sí misma y tiene que asegurar la representación política e institucional del conjunto de la ciudadanía. Y, por tanto, yo creía que antes de responder a aquel requerimiento usted estaba obligado a conocer nuestras respectivas opiniones. La decisión final era suya, nunca se lo he discutido. Pero en un tema que ponía en riesgo nuestras instituciones de autogobierno, nuestro modelo económico y la convivencia valía la pena que usted nos hubiera consultado. Pero usted no lo hizo.

El requerimiento no parecía, en principio, tan difícil de responder. Se trataba de decir por escrito de la forma más clara e inteligible posible, si usted o el gobierno o el Parlament habían declarado la independencia en la sesión del pasado 10 de octubre.

Recuerdo claramente el debate. He leído las transcripciones e incluso he consultado el acta de la sesión: allí no se tomó ningún acuerdo. Y por tanto, el 10 de octubre no se declaró la independencia. Ni aquel día ni los días siguientes.

Por los motivos que sea usted evitó responder claramente. Y en la segunda carta tuvo la sinceridad de decir que no se había proclamado la independencia, pero que podría hacerlo en el momento que lo considerase oportuno.

¿Cómo quiere, en esta circunstancia, que no se aplique el artículo 155?

Porque usted, en sus cartas, deducía un mandato democrático de un referéndum ilegal convocado de acuerdo con una ley que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que, vuelvo a decir, nadie en el mundo ha avalado.

¿Cómo quiere, en esta circunstancia, que no se aplique el artículo 155?

Pero usted todavía tiene la oportunidad de evitar la aplicación del artículo 155.

Puede hacer dos cosas:

Una, convocar elecciones al Parlament de Catalunya de acuerdo con la legalidad vigente. Entre otras cosas, porque si convoca elecciones al Parlament de acuerdo con la legalidad vigente, tal y como han hecho todos sus predecesores, estaría dejando claro que no considera que las previsiones de la suspendida Ley de Transitoriedad Jurídica estén vigentes. El proceso electoral sería supervisado por la Junta Electoral Central y no por la Sindicatura Electoral recogida por la Ley de Transitoriedad. Por tanto, usted, de forma indirecta habría demostrado que las instituciones catalanas se mantienen en la legalidad.

La segunda opción es, desde mi punto de vista, más interesante. Usted podría haber ido al Senado a decir todo lo que creyera conveniente y, además añadir dos elementos: el primero, reiterar que la independencia, aun siendo su legítimo objetivo, no ha sido ni declarada ni proclamada, añadiendo que usted y el gobierno que preside están dispuestos a iniciar un diálogo político para resolver el problema que tenemos entre manos sin ningún tipo de apriorismo. En estas condiciones es muy probable que el Senado accediera a no poner efectivamente en marcha el mecanismo del 155 en beneficio del diálogo político. Los socialistas ya hemos dicho que abonaríamos esta posibilidad. E incluso hemos presentado una enmienda en este sentido.

De la misma manera usted tendría que acceder a no dar pasos hacia la independencia mientras el diálogo estuviera abierto.

Rectifico el tiempo verbal. He dicho, usted podría. Y me he equivocado. Usted puede ir al Senado. Puede ir mañana. Me ofrezco, y estoy seguro de que otros presidentes de grupo se ofrecerían también, a acompañarlo si es para abrir una posibilidad real de diálogo político que tendría, como primer beneficio, el alejamiento de la perspectiva de la aplicación efectiva del artículo 155 y no profundizar en la herida de la convivencia.

No me resigno al 155. Nadie quiere hacerlo. Si nadie lo quiere, ¿por qué no hacemos algo para que no se tenga que aplicar?

Ahora bien, no hagamos juegos de palabras. El 155 sirve para restaurar la legalidad, para restituir el Estatuto, para recuperar el normal funcionamiento de las instituciones. Y eso requiere que ustedes renuncien a activar las previsiones de las dos leyes, una anulada y la otra suspendida por el Tribunal Constitucional. No es tan difícil hacer caso al Tribunal Constitucional. Precisamente por hacer caso al Tribunal, no celebramos el pleno del 9 de octubre y sí el pleno del 10 de octubre, cambiando de fecha y enunciado de su última comparecencia en el Pleno. Un pleno que, por cierto, se ha reunido muy poco últimamente.

Ustedes con el Tribunal Constitucional tienen una relación bien extraña. Lo critican constantemente, y tienen derecho a hacerlo, pero recurren a él constantemente, y también tienen derecho a hacerlo y hacen bien en hacerlo. La mitad de los recursos pendientes en el Tribunal Constitucional presentados por las Comunidades Autónomas corresponden a Cataluña.

Ejemplos bien recientes: el que llevó a la decisión de restituir al PDeCAT su grupo parlamentario al Senado. O ahora mismo cuando anuncian actuaciones ante el Tribunal Constitucional precisamente para intentar frenar la puesta en marcha del 155.

Las decisiones que el Tribunal Constitucional ha tomado en relación al proceso político catalán desde la declaración de soberanía de 2013 han sido unánimes. El Tribunal Constitucional lo integran 12 magistrados de sensibilidades ideológicas diferentes, y dos de ellos catalanes, uno de ellos nombrado a propuesta de Convergència i Unió. Les digo esto porque la descalificación total, absoluta y sistemática del Tribunal no tiene mucho sentido.

Por cierto, ahora me acuerdo también que los dos acuerdos del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la aprobación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, se tomaron por unanimidad, e ignorados olímpicamente por ustedes.

Sr. President, la opinión del grupo parlamentario socialista es que si usted, su gobierno y la mayoría parlamentaria que le da apoyo no aceptan ya la legalidad constitucional y estatutaria, la aplicación del artículo 155 es inevitable.

Podemos darles las vueltas que queramos, pero los Estados democráticos tienen la costumbre de asegurar la vigencia de las respectivas constituciones en el conjunto de su territorio. Y tienen mecanismos jurídicos para asegurar que esta vigencia prevalezca sobre otras consideraciones. En algunos países le llaman coerción federal. Es un mecanismo que incorporan entre otras las Constituciones de Austria, Alemania, Portugal, Italia, Suiza y Estados Unidos.

No me atrevo a entrar en el detalle ni en el análisis jurídico de la autorización concreta solicitada por el gobierno de España. Será un tema sobre el que finalmente se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional. Ciertamente el artículo 155 está pensado para obligar a la vuelta a la legalidad en supuestos de vulneraciones concretas. Como fue el caso de Canarias para obligar a aquella Comunidad a respetar algunos acuerdos europeos en materia fiscal.

Pero aquí estamos ante un caso bien diferente. A partir de los días 6 y 7 de septiembre, el Parlament se situó fuera de la legalidad, como lo hizo el gobierno al organizar la jornada del 1 de octubre a pesar de la suspensión de la vigencia de la ley del referéndum por parte del Tribunal Constitucional. Como estaríamos fuera de la legalidad si pretendiésemos ahora que la ley de transitoriedad, también suspendida, está vigente.

No nos hagamos trampas al solitario. O respetamos la legalidad vigente o no la respetamos. Si la respetamos de palabra y con hechos, no tiene sentido aplicar el 155. Si no la respetamos, la aplicación del 155 es inevitable.

Acabo. President, evitar la aplicación del 155 está en sus manos. Y puede contar con nosotros para hacerlo. Yendo al Senado a pedir y ofrecer diálogo o convocando elecciones en el Parlament en aplicación de la legalidad estatutaria y de la LOREG.

President, acabo con una cita de John Kenneth Galbraith que dijo: aunque todo lo demás vaya mal, siempre nos podemos asegurar la inmortalidad cometiendo algún error espectacular.

Espero que nadie cometa un error espectacular que pagaríamos todos los catalanes y las catalanas.

President usted tiene la potestad de convocar elecciones y haciéndolo preservar las instituciones de nuestro autogobierno. Se lo pido. Hágalo.

Muchas gracias.