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Una alternativa sensata

UNA ALTERNATIVA SENSATA

Conferencia de Miquel Iceta

Barcelona Tribuna, 5.11.14

 

Buenos días, autoridades, señoras y señores, amigas y amigos,

Quiero agradecer a los organizadores, a La Vanguardia, a la Asociación Española de Directivos y a la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, así como a los patrocinadores: Telefónica, Gas Natural Fenosa y Deloitte, su amable invitación a compartir mi punto de vista sobre la situación política actual.

Quiero agradecer muy especialmente las palabras de presentación de Miquel Roca i Junyent, a quien he respetado desde siempre y a quien nuestro país reconoce una autoridad política basada en su experiencia y su destacada contribución como ponente de la Constitución de 1978, hecho culminante de la transición política de la que orgullosamente me siento hijo. Ya me gustaría que nuestra generación fuese capaz no ya de superar sino de igualar el consenso y el carácter constructivo que nos ha proporcionado el período más positivo de la historia de Cataluña y España.

Soy plenamente consciente de que el principal problema al que nos enfrentamos es la crisis económica y sus efectos: el paro, el crecimiento de las desigualdades, el aumento de la pobreza y la falta de oportunidades especialmente entre los más jóvenes y los parados de larga duración. Y me he impuesto no olvidar esta cuestión en ninguna intervención pública que haga, aunque el tema central sea otro, como es obligado hoy en una conferencia que se produce a pocos días del 9 de noviembre.

Esta conferencia llega en un momento especialmente convulso de la política catalana: aprobación de la Ley de Consultas Populares no Referendarias, convocatoria de una consulta que los socialistas ya habíamos advertido que esta ley no podía amparar, impugnación de la ley y del decreto de convocatoria por parte del Gobierno de España, suspensión de la ley y del decreto de convocatoria por parte del Tribunal Constitucional, substitución de la consulta suspendida por un proceso participativo, impugnación del proceso participativo por parte del Gobierno de España, suspensión del proceso participativo por parte del Tribunal Constitucional, pretensión del Gobierno de Cataluña de mantener el proceso participativo…

Espero que el Gobierno de la Generalitat, que la Administración como tal, acate la resolución del Tribunal Constitucional y deje el proceso participativo, que en cualquier caso se acabará produciendo con un importante seguimiento, en manos de los voluntarios y las entidades impulsoras.

Hemos entrado en un bucle de astucias, legalismos y tribunales que no puede satisfacer las legítimas demandas de los catalanes. Demandas de cambios, de votaciones de verdad y de una nueva relación con España que incluso muchos querrían ver rota para siempre. Pero nadie está obteniendo ningún tipo de satisfacción con el actual estado de las cosas, que solamente parece alimentar un conflicto sin salida.

No quiero pasar de puntillas sobre la jornada del día 9 de noviembre. Como ustedes saben los socialistas no nos sentíamos llamados a participar en ella porque no compartíamos su carácter unilateral ni la pregunta que se formulaba, y esto no ha variado. Creemos que impugnar el proceso participativo fue un error por parte del Gobierno de España porque, suspendida ya la consulta inicial, a partir de aquel momento se trataba solamente de un ejercicio de movilización que podía servir para dar salida a muchas personas que quieren expresar su opinión y que tienen derecho a hacerlo.

Naturalmente acatamos la decisión del Tribunal Constitucional de ayer porque respetamos el Estado de derecho. Pero seguimos creyendo que, aunque esté desprovisto de todo apoyo institucional, el 9-N seguirá teniendo un carácter de movilización y reivindicación que probablemente la impugnación y la suspensión han contribuido a aumentar. El Presidente Rajoy olvida una vez más que la apelación al cumplimiento de las leyes no resuelve por sí sola el problema.

Por ello, y sin menospreciar en absoluto la movilización que se pueda producir, políticamente nos preocupa más el día 10 de noviembre que el día 9. Y por este motivo mi intervención se centrará más en el escenario post 9-N.

Pero no querría dejar de hacer algún comentario sobre el camino que nos ha llevado hasta aquí.

Hemos llegado hasta aquí porque los que tenían que dialogar y negociar no lo han hecho. Estamos aquí por un fracaso de la política. Estamos aquí porque tenemos dos gobiernos que solamente se hablan a través de los tribunales: el Gobierno de España que recurre al Tribunal Constitucional y el Gobierno de Cataluña que presenta una demanda contra el Gobierno de España ante el Tribunal Supremo. Este no es el camino para resolver un problema político. Y el problema que tenemos entre manos es un problema político que solamente puede encontrar solución a través del diálogo, la negociación y el pacto. Y los que tendrían que protagonizarlo han sido hasta ahora incapaces de hacerlo.

Estamos aquí porque el PP combatió a capa y espada el Estatuto votado por los catalanes. Estamos aquí porque el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que acabó alterando un texto legal que había sido refrendado por la ciudadanía. Estamos aquí porque no se tuvieron reflejos para evitar o enmendar esta anomalía democrática. Estamos aquí porque la política desarrollada por el gobierno de España está caracterizada por un afán recentralizador y un escaso por no decir nulo respeto por la realidad plurilingüe y pluricultural de España.

Pero también estamos aquí porque el President Mas intentó quemar etapas avanzando las elecciones en 2012, porque el President Mas al constatar su retroceso electoral estableció con ERC un acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Cataluña, que ha convertido esta legislatura en una cuenta atrás que tenía que acabar con una consulta que finalmente no se producirá. Pensar que en el marco de una mayoría absoluta del PP era posible hacer lo que CiU y ERC se habían propuesto era quimérico.

De hecho, aún recuerdo las burlas que se nos dirigían a los socialistas catalanes cuando hablábamos de la necesidad de una consulta legal y acordada. Se pretendía obviar la realidad e incluso negarla. Lamentablemente la realidad es terca y creo que de forma voluntaria o involuntaria se ha jugado con los sentimientos de las personas proponiendo objetivos que no estaban a nuestro alcance. Votaremos sí o sí se decía. Con ley o sin ella. Desde mi punto de vista, las cosas no se han hecho demasiado bien, ha primado la astucia y el engaño al rigor y la excelencia. Y eso no es bueno.

No quiero decir que la realidad tenga que limitar nuestras ambiciones, pero sí que creo que es obligación de los responsables políticos no desconocerla. No se pueden alimentar falsas expectativas que inevitablemente llevan a la frustración.

Advertí hace ya mucho tiempo que se estaba produciendo una bifurcación en el catalanismo entre los que quieren acumular fuerzas para romper con España y los que querríamos acumular fuerzas para negociar otra relación de Cataluña con el resto de España. Esto tiene que ver con las estrategias y las alianzas, muy diferentes si el objetivo es buscar un acuerdo o justificar una ruptura.

El catalanismo históricamente mayoritario era tan reivindicativo como pragmático, y buscaba resultados, quería influir y mandar en España, no quería desentenderse ni romper con ella. Quería que España trabajase en favor de los intereses de los catalanes. Y por ello quiero insistir en la idea de que es muy diferente el camino si se quiere acordar o si se quiere romper. Y no les sorprenderé si les digo que con nosotros se puede contar para buscar el acuerdo y no para buscar la ruptura.

Y este tema me lleva ya al día 10 de noviembre. Muchas personas se habrán manifestado el día 9. Y a la política le corresponderá proponer las prioridades para la siguiente etapa. Una etapa que en teoría deberían de ser los dos años que quedan de legislatura, pero que puede ser mucho más breve si se imponen las tesis de los que quieren precipitar las elecciones, de entre los que destacan los que han acompañado al President Mas desde el inicio de la legislatura y los que se añadieron con entusiasmo al acuerdo sobre la doble pregunta encadenada del 12 de diciembre del año pasado.

Parece que quieren unas elecciones rápidas para declarar la independencia, a través de una declaración unilateral. Sí o sí, vuelven a decir. Y nosotros volvemos a decir que se está fijando un objetivo engañoso. Muchos no estamos a favor de la independencia, pero es que una declaración unilateral de independencia sería inmediatamente impugnada y anulada, y ningún país relevante del mundo la reconocería. Sería un brindis al sol, una arriesgada gesticulación que añadiría inestabilidad sin ninguna ganancia tangible.

Insisto a pesar de arriesgarme a parecer pesado. El cambio de las relaciones entre Cataluña y el resto de España y la búsqueda de un instrumento para poder votar sobre el futuro político de Cataluña solamente encontrarán solución por el camino del diálogo, la negociación y el pacto. Y, por difícil que sea, ésta es la única vía. El PP tendrá que decidir si emprende la negociación ahora, cuando tiene mayoría absoluta, o si la negociación tendrá que esperar a las próximas elecciones generales, en las que el PP no solamente no tiene una mayoría absoluta asegurada sino que puede estar en la oposición si hacemos caso de las encuestas más recientes.

No sé si unas elecciones precipitadas en Cataluña nos darían o nos quitarían fuerzas de cara a esta negociación con las instituciones españolas, pero todas las encuestas anuncian un escenario político y parlamentario de mayor fragmentación, polarización e inestabilidad. ¿Estaremos mejor o peor para negociar?

Siempre hemos defendido que hay que agotar las legislaturas, especialmente en estos momentos porque ya venimos de una legislatura que se acabó a la mitad. Y desde hace tiempo defiendo las cuatro prioridades que creo que tendrían que marcar el rumbo de los dos próximos años de la política catalana:

  • Impulsar el relanzamiento de nuestra economía y promover la creación de puestos de trabajo.
  • Proteger el Estado del bienestar, priorizando la sanidad y la educación públicas, y fortalecer los mecanismos de protección social.
  • Regenerar la política y revitalizar la democracia, dañada por los casos de corrupción que se acumulan y la falta de eficacia en la resolución de los problemas que angustian a la ciudadanía.
  • Negociar un nuevo acuerdo con el resto de España que nos permita votar.

Esta es la alternativa sensata a la agitación y la desorientación que parecen haberse instalado en la política catalana.

La alternativa sensata es un nuevo acuerdo que nos permita votar. La alternativa sensata es un pacto federal.

Cito literalmente el documento aprobado por los socialistas en Granada: “Creemos que en el federalismo se encuentran las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España”.

Desde nuestro punto de vista, este nuevo pacto con el resto de España pasa por una reforma federal de la Constitución española, que tendría que servir para acordar, entre otras, las siguientes cuestiones:

  1. La definición de España como Estado federal.
  2. El reconocimiento de las singularidades propias de las nacionalidades históricas, teniendo en cuenta los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes (artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña).
  3. La definición precisa de las competencias del Estado y de las pautas sobre su ejercicio, y la atribución del resto de competencias a las Comunidades Autónomas.
  4. La consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia.
  5. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que tienen que regular la financiación de las Comunidades Autónomas.
  6. La descentralización efectiva del Poder Judicial.
  7. La transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los Gobiernos autónomos.

La necesidad de someter a referéndum esta reforma constitucional permitiría que la ciudadanía manifestase su apoyo o su rechazo a este nuevo acuerdo.

Somos muy conscientes de que hay tres elementos fundamentales del denominado “malestar catalán” que hay que abordar por la vía del diálogo, la negociación y el pacto: el reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España, la necesidad de que la Generalitat pueda ejercer sin obstáculos sus competencias, especialmente en materia de lengua, educación y cultura, y la exigencia de un nuevo pacto fiscal que, como dijo el Tribunal Constitucional, tiene que excluir “el resultado de la peor condición relativa de quien contribuye respecto de quien se beneficia” (Fundamento Jurídico 134 de la STC 31/2010 de 28 de junio). La reforma federal que proponemos les da respuesta, pero soy consciente de que habría otras fórmulas para abordarlos y estamos también dispuestos a estudiarlas. Como también puede haber otras fórmulas para conseguir una consulta legal y acordada.

La reciente experiencia del referéndum escocés proporciona buenas pistas para resolver el problema de fondo: acordar un mecanismos democráticos de consulta o ratificación en las urnas; una oferta ambiciosa de pacto inspirada en las técnicas federales; un despliegue de reconocimiento y afecto adaptado al carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España; y, para comenzar, lo que es más importante y hoy no tenemos, una disposición proactiva e inteligente al diálogo y la negociación necesarios.

Por ello no nos cansaremos de repetirlo, los y las socialistas de Cataluña seguiremos trabajando por un nuevo acuerdo entre Cataluña y el resto de España que pueda ser sometido al voto de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, porque no nos resignamos ni al mantenimiento de una situación insostenible, ni al conflicto, el callejón sin salida o la ruptura a la que nos condenan las posiciones radicalmente enfrentadas de unos y otros.

Estamos convencidos y convencidas de que hay una mayoría social dispuesta a avalar con su voto un nuevo acuerdo y nos comprometemos a hacerlo posible a través de nuestro esfuerzo, nuestras propuestas y la disposición a debatirlas y enriquecerlas con las aportaciones de los demás. Nos mantenemos así fieles a nuestro compromiso fundacional de garantizar la unidad civil de nuestro pueblo y de buscar permanentemente el entendimiento con el resto de pueblos de España.

Acabo. Parece que pronto el Gobierno de la Generalitat enviará al Parlament el proyecto de presupuestos para 2015. Según dijo el propio President Mas, lo hará sin haberlos negociado antes con nadie y sin tener el apoyo suficiente para garantizar su aprobación. No me parece que sea la mejor forma de hacerlo, pero tanto esta decisión como la decisión de convocar las elecciones de forma anticipada, es de su exclusiva responsabilidad.

Nosotros ya hemos dicho que estamos dispuestos a explorar acuerdos de estabilidad, pero tienen que ser acuerdos de fondo, no maniobras de distracción para ir tirando. No son acuerdos solamente para ayudar a un Gobierno de Cataluña en dificultades. También nos gustaría asociar estos acuerdos de estabilidad a una perspectiva de negociación con el Gobierno de España. Para negociar un nuevo acuerdo como el que antes describía o, como mínimo, para desbloquear una mayoría de los 23 puntos que el President Mas puso sobre la mesa del Presidente Rajoy el pasado 30 de julio. 23 cuestiones de las que hoy hemos sabido por boca del President Mas que solamente ha resuelto, y cito literalmente, “la mitad de una”. También convendría impulsar con urgencia un acuerdo sobre la renovación de la financiación autonómica, así como revisar la distribución de los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para reducir el déficit público. De todo esto se tendría que hablar con el Gobierno de España.

Esto es lo que creemos que toca. El PSC pretende construir una alternativa sensata, con elecciones o sin ellas, intentando servir con tanta ambición como modestia, a los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. Y a ello me pienso dedicar en cuerpo y alma.

Muchas gracias por su atención.

¿Y ahora qué?

Hoy el diario El País me publica el artículo que encontraréis transcrito a continuación.

¿Y AHORA QUÉ?

El pasado viernes, el Parlament de Cataluña aprobó la ley de consultas populares no referendarias con el amplio apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP. Los socialistas catalanes hemos votado la ley porque creemos que hay que revitalizar la democracia abriendo espacios de deliberación ciudadana. Es la misma voluntad, por ejemplo, que guía el anteproyecto de ley andaluza de participación ciudadana, que en su artículo 23 dice lo siguiente: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las Administraciones Públicas andaluzas podrán convocar y realizar, en el ámbito de sus competencias y en los términos que se regulen reglamentariamente, procesos de participación ciudadana mediante cualquier instrumento de consulta popular cuando consideren oportuno conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas, ya sea para valorar los efectos reales de las mismas o para adoptar decisiones sobre ellas”.

Lamentablemente, el president Mas, obligado por el acuerdo al que llegó con ERC, ICV-EUiA y la CUP, pretende utilizar la ley catalana de consultas populares no referendarias para convocar una consulta formulando una pregunta propia de un referéndum. Llegado este momento, es obvio que el Gobierno de España, en uso de sus atribuciones, pedirá al Tribunal Constitucional la inmediata suspensión del decreto de convocatoria de la consulta y seguramente también la de la ley en que se ampara. Enric Fossas escribió el viernes en EL PAÍS un artículo absolutamente esclarecedor sobre esta cuestión.

En este supuesto, desde mi punto de vista, lo que habrá que hacer es dejar en suspenso los preparativos de dicha consulta y esperar la decisión definitiva del alto tribunal, que dará o quitará razones a unos y otros. Solo entonces podremos ajustar a su resolución las decisiones tomadas estos días. No me imagino que un responsable político, y máxime si ejerce responsabilidades de gobierno, piense siquiera en otra línea de conducta.

Es obvio que ni la suspensión de la consulta ni la eventual anulación definitiva de la convocatoria y la ley en que se sustenta resuelven el problema de fondo, que no es otro que la necesidad de dar cauce político y democrático al profundo malestar de importantes sectores de la sociedad catalana sobre la actual relación de Cataluña con el resto de España. No hay más que ver el seguimiento de las movilizaciones con motivo de la Diada Nacional en los últimos años y recientes resultados electorales para calibrar el alcance de ese malestar.

Es evidente que así no podemos seguir; y también lo es para mí que no habrá solución estable al problema de fondo que no pase por dar la palabra a la ciudadanía. Las razones del malestar son profundas y tienen que ver con una severa crisis de sistema que requiere de una revolución democrática en toda España. Pero si nos ceñimos estrictamente a las relaciones entre Cataluña y el resto de España, el actual malestar trae causa de la sentencia del Tribunal Constitucional que alteró el Estatuto de Cataluña que, tras haber sido aprobado por mayoría absoluta por las Cortes Generales, fue sometido a referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Resulta imprescindible superar esa anomalía democrática a través de un nuevo pacto político que deberá, a su vez, ser sometido a referéndum de la ciudadanía.

La solución al problema de fondo solo puede venir a través de la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Un diálogo que deben protagonizar los presidentes Mas y Rajoy. Un diálogo al que los socialistas les urgimos, y al que estamos dispuestos a aportar nuestras propuestas. El presidente Rajoy no debe olvidar que han sido políticas y actuaciones de su partido las que más han contribuido al actual malestar catalán (¿recuerda el PP su cruzada contra el nuevo Estatuto?) y no debe abdicar de su responsabilidad como presidente del Gobierno de España, que no se agota en cumplir y exigir el cumplimiento de la ley, sino que debe procurar la solución de un problema tan delicado como el que nos ocupa.

Por su parte, el president Mas debe rectificar una estrategia basada en decisiones unilaterales que no llevan a ninguna parte. Confío en que el periodo que se abrirá tras la más que previsible suspensión cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional pueda servir para que dialoguen los Gobiernos. Por ello exijo a los presidentes Rajoy y Mas el diálogo, que no se atrincheren en sus razones, que no busquen excusas en los errores de la otra parte, que abandonen cálculos partidistas y electorales, que no esperen a que se llegue a un punto sin retorno, que nos eviten un enfrentamiento sin sentido que a todos perjudicaría.

Por nuestra parte los socialistas catalanes insistimos en la necesidad de una reforma constitucional federal que deberá ser sometida a referéndum. Una reforma que contemple, al menos, las siguientes cuestiones:

1. La definición de España como Estado federal.

2. El reconocimiento de que España es una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones.

3. La definición precisa de las competencias del Estado y de las pautas sobre su ejercicio y la atribución de todas las demás competencias a las autonomías.

4. El reconocimiento de una asimetría competencial que atienda a los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes.

5. La consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia.

6. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las autonomías.

7. La descentralización efectiva del Poder Judicial.

8. La transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los Gobiernos autónomos.

Hay quien piensa que una reforma de tal calado es imposible y que quizá resulte más sencillo buscar un encaje singular de Cataluña introduciendo en nuestra Constitución una disposición adicional específica. Estamos dispuestos a hablar de ello. Pero a lo que no estamos dispuestos es a cruzarnos de brazos mientras se arruina el mejor periodo de nuestra historia en común.

La reciente experiencia del referéndum escocés proporciona buenas pistas para resolver el problema: un mecanismo democrático de consulta o ratificación en las urnas; una oferta ambiciosa de pacto inspirada en las técnicas federales; un despliegue de reconocimiento y afecto adaptado al carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España; y, para empezar, una disposición proactiva e inteligente al diálogo y la negociación necesarios.

Intervención en el Debate de política general

El pasado martes se celebró en el Parlament de Catalunya el debate anual sobre política general, a continuación os ofrezco la traducción al castellano de mi intervención.

DEBATE DE ORIENTACIÓN POLÍTICA GENERAL, 16 de septiembre de 2014

INTERVENCIÓN DE MIQUEL ICETA

Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados,

Muy Honorable President de la Generalitat,

Me complace tomar la palabra en este debate, por primera vez como Presidente del Grupo Socialista, en un momento de especial transcendencia para el futuro de nuestro país.

Quiero comenzar expresando mi respeto hacia el President Mas y su gobierno, que están afrontando una situación económica y política especialmente delicada. Yo no seré tan duro como usted con gobiernos anteriores cuando era líder de la oposición. De lo que va bien me alegro y por la parte que le corresponde, le felicito.

Pero, President, ayer su discurso nos defraudó por estar demasiado alejado de la realidad, por ser demasiado autocomplaciente desde nuestro punto de vista. Era un discurso en el que no aparecían las personas sin trabajo, ni aquellas con salarios bajos o trabajo precario, ni aparecían los jóvenes que han tenido que marcharse, ni el 20% de los catalanes que están por debajo del umbral de la pobreza, ni los empresarios con dificultades, ni los autónomos que se ven obligados a dejar su actividad, ni las mujeres discriminadas laboralmente, ni tantos y tantos otros.

Por otro lado, President, el suyo era un discurso falto de credibilidad en la medida que era incapaz de aceptar ninguna responsabilidad sobre las cosas que van mal. Y las hay , President, las hay.

Mire President, no se pueden utilizar encuestas de satisfacción de usuarios de la sanidad pública sin decir que el problema no es el de las personas atendidas que, efectivamente, comprueban el alto nivel de nuestro sistema público de salud. El problema son las listas de espera, la incertidumbre de tantas y tantas personas que no saben cuándo serán atendidas. El problema es que el gasto público sanitario per cápita en Cataluña es un 25% inferior a la media europea. El problema es que hay 1.250 camas estructurales menos, 1.000 para enfermos agudos y 250 para pacientes del  sistema sociosanitario.

La prioridad de su gobierno, señor President, deberían haber sido las más de 750.000 personas desempleadas en nuestro país. La prioridad debería haber sido las políticas de relanzamiento económico y fortalecimiento de las redes de protección social. La prioridad hubiera tenido que ser garantizar la calidad de los sistemas públicos de educación y salud. Y, desde nuestro punto de vista, la prioridad de su Gobierno no ha sido ésta. Bastaría con repasar las comparecencias semanales del portavoz del Gobierno.

En el año 2010 había en Cataluña 676.000 personas en paro, y hoy son más de 750.000. La población ocupada en 2010 era de 3.242.300 personas, hoy es de 3.040.000. El 40 por ciento de las personas desempleadas no tiene ningún tipo de subsidio o prestación. En 2010 la deuda pública era de 35.616 millones de euros, y acabaremos el año 2014 claramente por encima de los 60.000 millones.

El gasto social per cápita se sitúa hoy a niveles del año 2004. Es decir, hemos retrocedido una década en gasto público de carácter social. Así, por ejemplo, el gasto en salud, educación, bienestar y ayudas sociales a la vivienda ha caído en 2.763 millones de euros desde que ustedes han vuelto al gobierno.

Ninguna mención a las medidas aprobadas en el pleno monográfico sobre juventud, señor President. La palabra “desigualdad” no sale en su discurso, cuando es el desequilibrio más grave que tenemos y afecta tanto a nuestra cohesión social como a las expectativas de recuperación económica. Nos habla de incremento de becas comedor, que se ha producido, pero el problema es que muchos niños que las necesitan no las tienen.

No me interprete mal, President: todos somos conscientes de que el margen del gobierno es escaso. Pero muchos creemos que ustedes no han sido capaces de utilizar este pequeño margen porque tienen prioridades y políticas equivocadas.

Hoy tenemos más paro y mucha más deuda pública que cuando usted llegó al gobierno. Usted habrá producido más deuda pública en cuatro años que los gobiernos de izquierdas en siete años. Y hoy los servicios sociales, la educación y la salud públicas han perdido el impulso que recibieron de los gobiernos de izquierdas.

Pero no quiero ser injusto. Soy plenamente consciente de las dificultades que afronta el gobierno. Porque, en efecto, ha continuado la caída de ingresos públicos debida a la crisis económica, y también a la mezquindad del gobierno central, y seguramente son muchas las razones que pueden aducirse para derivar responsabilidades hacia Madrid, o hacia la política de la Unión Europa, dominada por liberales y democristianos. Y, sí, una política que la socialdemocracia no ha podido enderezar.

Pero, President, recortes, muchos; reforma, ninguna. Recortar en políticas de inserción laboral de personas con discapacidad supone quitar derechos a estas personas y, por otro lado, tener que pagar más por los servicios asistenciales que tienen que recibir. No podemos dejarlo todo, y aquí exagero un poco pero es para que me entienda, en manos de la “Grossa” de Navidad o del Maratón contra la pobreza.

No basta con situar a Madrid y al Presidente Rajoy como el origen de todos los males. Déjeme que le ponga algunos ejemplos de cosas que dependen de nosotros y que no hacemos lo suficientemente bien. Porque el autogobierno es para ejercerlo, no para dormirse en los laureles atribuyendo a los anteriores gobiernos y al gobierno de España todos los males. Y conste, quiero ser justo, que en algunos casos no me estoy refiriendo solamente a responsabilidades gubernamentales, sino a deficiencias en la política catalana en las que todos tenemos alguna responsabilidad.

Por ejemplo, nos quejamos de la politización del Tribunal Constitucional, pero el sistema de elección de los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias es casi el mismo, ¿no es cierto? Y esta responsabilidad es exclusivamente nuestra.

Nos quejamos, con razón, de que no nos dejan votar, pero aquí somos incapaces de acordar una ley electoral. Por ese motivo no tenemos acceso al censo ni una Sindicatura Electoral en Cataluña. Y esto es responsabilidad exclusivamente nuestra. Repito: nuestra, no estoy hablando del Gobierno.

Nos quejamos, justificadamente, del excesivo déficit fiscal de Cataluña, pero aprobar los presupuestos de la Generalitat cuando toca y elaborar con realismo las previsiones de ingresos y gastos públicos depende solamente de nosotros. Y lo cierto es que desde que usted gobierna los presupuestos siempre se han presentado con retraso o se han prorrogado, y su gobierno siempre ha generado más déficit y deuda públicos de lo previsto.

Este año, por ejemplo, President, usted ha prometido no reducir más el gasto público, y para cumplir este compromiso su gobierno ha de obtener aproximadamente unos 3.000 millones de ingresos extraordinarios, los 2.318 contemplados en los presupuestos más el desvío del déficit del año 2013. Usted sabe que esta previsión no se cumplirá ni de lejos.

¿Y cuáles serán las consecuencias de esta previsión errónea? ¿Quién pagará esta falta de realismo de su gobierno? No es temerario pensar que compensarán esta desviación en la previsión de ingresos recortando el gasto y que, nuevamente, la ciudadanía tendrá que pagar las consecuencias de una gestión económica poco eficiente.

Decimos que conviene mejorar la eficacia y la eficiencia del sector público catalán, pero mientras tanto, sin una reflexión a fondo sobre lo que tenemos, lo que necesitamos y cómo convertirlo en más eficiente y más eficaz, ya hablamos de nuevos Consells Comarcals, y queríamos pasar de cuatro provincias a siete veguerías, y ya estábamos hablando de alguna más.

Nos quejamos de la manipulación de televisiones públicas que dependen de otras instituciones, mientras que aquí el Sindicat de Periodistes de Catalunya, nos alerta sobre la falta de neutralidad de TV3.

Quiero decir, President que, sin menospreciar las dificultades con las que topamos debido a la crisis y a incomprensiones e incompetencias ajenas, en lo que depende de nosotros deberíamos hacerlo mejor. Y no lo hacemos lo suficientemente bien.

Últimamente hemos tenido otra noticia que demuestra que no siempre estamos a la altura. Hablo de la declaración del ex President Jordi Pujol i Soley. Y vaya por delante que hubiese preferido, como todos, y seguro que como el President de la Generalitat, que su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament se hubiese producido antes de este debate, pero lamentablemente no ha sido así.

President, a nadie pueden gustar las noticias que apuntan a posibles irregularidades o delitos cometidos durante anteriores etapas de gobierno de su partido. Pero demasiado a menudo hemos escuchado como única explicación que todo ello eran ataques a Cataluña y a su autogobierno.

Todavía resuenan las palabras de Jordi Pujol con motivo del caso Banca Catalana en el año 1984: “El Gobierno central ha hecho una jugada indigna. Y a partir de ahora, cuando alguien hable de ética, de moral y de juego limpio, hablaremos nosotros. No ellos”.

El caso Banca Catalana fue utilizado como una especie de vacuna. A partir de entonces, en este y en otros terrenos, el victimismo sustituyó a la autoexigencia. A partir de entonces un velo se extendió sobre determinadas cuestiones que hoy salen a la luz. Y la cuestión es que no han sido los mecanismos de control de las instituciones catalanas, no hemos sido nosotros los que hemos detectado irregularidades o delitos. Nos lo han tenido que decir otros. Y este es un grave problema de Cataluña.

Usted también se acordará del duro intercambio que mantuvo en esta Cámara con el President Maragall cuando él aludió al 3% de las comisiones en obra pública, y que después ustedes le presentaron una querella que afortunadamente se retiró. No recuerdo estos hechos para hacerle un reproche. Sencillamente quiero ilustrar cómo las instituciones catalanas no han estado a la altura de lo que los ciudadanos exigen, que no es otra cosa que transparencia, y garantías de que cuando algún responsable político obra mal, el hecho será detectado y castigado.

En este sentido, señor President, quiero preguntarle expresamente si ha dado instrucciones para que sean investigadas todas las informaciones surgidas en las últimas semanas que apuntan a negocios privados al amparo de la actividad de la Generalitat.

Para acabar con la sospecha generalizada y para recuperar nuestra autoestima colectiva, hay que aclarar los hechos y disipar las dudas. Y creo que en este sentido el gobierno de Cataluña podría hacer más de lo que está haciendo.

President, si no elevamos el nivel de autoexigencia de las instituciones catalanas no estaremos a la altura de lo que la gente espera. Y es mucho mejor que usted tome la iniciativa, como lo hizo con las 51 medidas para regenerar la democracia y para la transparencia, para evitar que la lucha contra la corrupción se convierta en un campo de batalla partidista.

En definitiva: nos hace falta más autoexigencia en todos los terrenos. También en los de la consulta.

Y quiero dejarlo claro de entrada. El Grupo Socialista es partidario de una consulta legal y acordada. Nosotros creemos que no habrá solución estable al grave problema de encaje entre Cataluña y el resto de España sin que la ciudadanía se pueda pronunciar en las urnas.

Nosotros hemos dado y daremos apoyo a la ley de consultas populares no referendarias, pero creemos que esta ley no puede servir para hacer la pregunta que usted ha acordado con ERC, ICV-EUiA y la CUP, la doble pregunta encadenada que usted se ha comprometido a incluir en el decreto de convocatoria que firmará poco después de aprobar la ley.

Permita que le haga una pregunta muy concreta. En su acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña se contempla la utilización de la Ley 4/2010 del Parlament de Catalunya, de consultas populares por vía de referéndum. Se ha renunciado a hacer eso.

Probablemente me dirá que no vio la mínima disposición a negociar por parte del Gobierno español. Lo acepto. Pero si ustedes mismos en su programa veían que para hacer un referéndum había que activar las previsiones de la Ley 4/2010 de consultas populares por vía de referéndum ¿por qué piensan que pueden formular la pregunta que han acordado, propia de un referéndum, utilizando la ley de consultas populares no referendarias? ¿Usted no ve en ello ningún problema?

Con su pacto con ERC, partido que respetamos y conocemos bien, usted ha convertido esta legislatura en una frenética cuenta atrás que en teoría acaba el 9 de noviembre. Y hoy, muchos catalanes y catalanas, a pesar de las buenas intenciones, a pesar del trabajo de la vicepresidenta, nos tememos y lamentamos que el 9-N la consulta no se podrá realizar. Probablemente y en primer lugar por la oposición frontal de las instituciones del Estado.

Pero sigo con mi argumento de la autoexigencia. Usted también ha hablado a menudo de la necesidad de “hacer las cosas bien”.

¿Era razonable fijar el año 2014 como fecha inamovible de la consulta con mayoría absoluta del PP? ¿No hubiese sido más sensato darnos de plazo toda la legislatura? Estoy convencido de que usted lo hubiera querido así, pero que tuvo que claudicar ante la exigencia del socio que usted mismo había elegido para compensar su retroceso electoral de 12 escaños.

¿Era razonable plantear la cuestión en términos de soberanía, tal y como se hizo con la Declaración de soberanía del Parlament el 23 de enero de 2013, hoy anulada? ¿Era ésta la mejor manera de iniciar una negociación con el Estado?

¿Fue inteligente fijar de forma unilateral fecha y pregunta el 12 de diciembre pasado?

Ustedes mismos entendieron que para hacer la pregunta necesitaban la autorización del Estado, y por ello pidieron la transferencia de la competencia para convocar referéndums. Al ser denegada esta transferencia, ¿cómo piensan que se puede hacer esta misma pregunta utilizando la vía de las consultas populares no refrendarias?

De hecho, el primer Informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional ya señalaba las dificultades y la fragilidad de esta vía.

La ley ha pasado la evaluación del Consell de Garantías Estatutarias, sí. Por eso el Grupo Socialista la votará favorablemente. Repito. Pero no podemos olvidar que se han producido cuatro votos particulares. Simplificando podemos decir que ha pasado la prueba con un 5 a 4. ¿No cree que eso aconseja mejorar en lo posible la ley? Por este motivo nosotros hemos presentado 4 enmiendas. Para intentar blindar la ley y la consulta. Porque nosotros queremos que se pueda celebrar una consulta ¿Conoce, President, estas enmiendas? Doy por hecho que sí, su fama de trabajador incansable le precede. ¿No valdría la pena que fuesen seriamente consideradas y aceptadas?

Si una ley tan importante, la que tiene que posibilitar la consulta del 9 de noviembre, cuando pasa el examen de un organismo tan nuestro como el Consell de Garanties Estatutàries, obtiene un 5 a 4, ¿qué pasará cuando llegue, que llegará, al Tribunal Constitucional?

Si se aprueban nuestras enmiendas, por ejemplo, la pregunta podrá ser validada por el Consell de Garanties Estatutàries. Y el decreto de convocatoria podrá decir en qué competencia de la Generalitat se ampara la pregunta que se quiere formular.

Para hacer las cosas bien tenemos que mantenernos siempre en el marco democrático del Estado de derecho, principal obligación de las instituciones públicas y de todo gobierno. Cuente con nosotros para hacer posible la consulta en este marco. Podemos y queremos ayudar.

President, desde nuestro punto de vista, el balance de estos dos años de acción de gobierno, o cuatro, si contamos la legislatura anterior, que fue un poco breve, no es positivo.

Escasas medidas de impulso a la economía; fuertes recortes sociales; recortes importantes en el Departamento de empresa y empleo, la partida de innovación ha padecido un recorte del 90%; nulo desarrollo del pacto “Más Industria”; no se ha cumplido el compromiso de presentar la ley de comercio, mientras el comercio de proximidad ha perdido 50.000 puestos de trabajo y han cerrado más de 3.500 establecimientos; en materia de empleo hemos pasado de destinar 569 millones de euros en 2010 a 198 millones en 2012 y 180 millones en 2014; deben más de 150 millones del Plan de Barrios a los Ayuntamientos; han disminuido las ayudas al alquiler, hay impagos muy importantes a agricultores y cooperativas…

President, llevamos cuatro años desperdiciados y muchos tenemos la inquietante sensación de que usted ha colocado a Cataluña en un callejón sin salida.

Le tengo que confesar que una de las principales dificultades a las que me he enfrentado en el momento de preparar mi intervención ha sido luchar contra el convencimiento de que este será el último gran debate de esta legislatura. Y más después de haber escuchado ayer la última parte de su intervención.

Pero, Sr. President, y lo digo respetuosamente, usted tiene la obligación de agotar la legislatura precisamente porque ya avanzó las anteriores elecciones. En nuestra opinión tendríamos que aprovechar los dos años de legislatura que quedan para establecer un nuevo contrato social en Cataluña.

President, con motivo de nuestra Diada Nacional, por tercer año consecutivo, muchísima gente se manifestó en Barcelona a favor de la consulta, muchos de ellos a favor de la independencia. Muchos de los que no nos manifestamos también queremos un cambio profundo en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, y estamos convencidos de que no hay solución estable que no pase por el voto de las catalanas y los catalanes.

Pero detrás de este malestar ciudadano, President, al menos yo lo veo así, no hay solamente una preocupación de identidad, territorial o de autogobierno. Hay algo más profundo: existe el convencimiento de que el contrato social, aquel contrato invisible que vincula al gobierno con sus conciudadanos, se ha roto, que ni el modelo socioeconómico ni el funcionamiento de las instituciones responden ya a las aspiraciones ciudadanas. En nuestra opinión, hay que aprovechar los dos años de legislatura que queda para establecer un nuevo contrato social en Cataluña.

Hay un clamor contra los estragos de las políticas de austeridad dogmática, la constatación de que la economía no está al servicio de las personas, que los mercados dictan las leyes en lugar de ser la política la que regula los mercados.

Muy mayoritariamente los catalanes no se resignan a ser un país con pocas empresas competitivas internacionalmente y sin oportunidades para las personas emprendedoras, a un país sin esperanza, sin oportunidades, con poco trabajo y precario, y salarios de miseria. Muchos catalanes no se resignan al deterioro sistemático de los servicios sociales, de la sanidad y la educación públicas, al incremento de las desigualdades y la pobreza, a la violencia machista. Y no ven una respuesta eficaz a sus problemas desde la política. Vuelvo a decir, desde la política, no solamente desde el gobierno.

Y la respuesta no puede ser, otra vez, avanzar las elecciones. La legislatura de 2010 se acabó de forma abrupta a medio mandato, en teoría por el fracaso en conseguir el pacto fiscal, y ésta puede acabar también a medio mandato por el fracaso para organizar la consulta perfecta. No deberíamos acumular fracasos.

El error fue poner fecha a la consulta sin garantías de poder celebrarla. Que quede claro: no le estamos pidiendo que abandone la perspectiva de hacer la consulta; al contrario, le estamos pidiendo que trabaje hasta el final de la legislatura para hacerla posible, y también para responder a las preocupaciones y exigencias de la ciudadanía. Y nos ofrecemos a colaborar para conseguir estos objetivos.

President, creemos factible establecer acuerdos para desarrollar las prioridades que usted señalaba ayer y con las que en gran medida coincidimos.

Tendría perfecto derecho a no creerme, pero ayer ya tenía el primer borrador del discurso de hoy: el relanzamiento económico y la creación de empleo; la defensa del estado del bienestar; la regeneración democrática; y la negociación de un nuevo acuerdo político con el resto de España que sea sometido a referéndum de los catalanes. Son prioridades de sentido común, son las que la gente nos pide ¿A la gente que nos está pidiendo esto les tenemos que decir que cómo no somos capaces de hacer algo que no depende de nosotros, enviaremos la legislatura a hacer puñetas?

Sé que las cosas son como son, que la política catalana tiene algunas reglas que la hacen especial y muy nuestra. Pero después de este debate no debería quedar la idea de que el mundo se acaba el 9 de noviembre. Tengo una buena fuente que me ha dicho que no es así. No se acaba el 9 de noviembre: no lo dijo Kant (alusión al discurso de Oriol Junqueras), pero no se acaba el 9 de noviembre. De nosotros depende dotar de contenido la política catalana de los próximos dos años. De todos nosotros.

Nuestras propuestas de resolución van en esta dirección, y están guiadas por una voluntad de mano tendida, de propuesta en positivo. Le avanzo de forma breve algunos de los elementos de estos cuatro ejes:

  • Relanzamiento económico y creación de empleo:

Priorización presupuestaria de las políticas activas de empleo, medidas de fomento de los emprendedores, apoyo a la industria y a las empresas más competitivas, el comercio y el turismo, prioridad al corredor mediterráneo, la línea 9, los servicios de cercanías, y los accesos al puerto y al aeropuerto, reforma y fortalecimiento del Servicio de Ocupación de Cataluña, disposición a acordar la ley de la Formación Profesional, Plan de rescate para personas desempleadas de larga duración, convocatoria extraordinaria del Plan “Trabajo en los Barrios”,  asegurar el mantenimiento de los Centros Especiales de Trabajo, facilitar la transición al mundo laboral de las personas con discapacidad, mayor activismo de la inspección de trabajo, modificación del impuesto de sucesiones, mejor coordinación para combatir el fraude y la evasión fiscal, impulso a la universidad y la investigación, consideración de la educación como inversión social, elaboración de una ley de cambio climático y energía, revertir la reducción del presupuesto del Departamento de Agricultura.

  • Garantía de los servicios públicos y eficacia de la protección social:

Ir más allá de las resoluciones aprobadas en el pleno extraordinario sobre la pobreza con un acuerdo para luchar contra el crecimiento de las desigualdades sociales en nuestro país y para la cohesión social, garantizar las becas y las becas comedor para quien las necesite, impulsar medidas efectivas contra la pobreza energética, restablecer la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto, garantizar las prestaciones para hijos a cargo a todas las familias en exclusión y riesgo de exclusión, ampliar y fomentar las políticas para favorecer la vivienda de alquiler, impulsar las medidas contra la violencia machista visto el incremento de mujeres fallecidas durante este año, comenzar a compensar los recortes en salud, acordar un plan de choque para garantizar la accesibilidad de los servicios sanitarios, garantizar la absoluta transparencia y rendición de cuentas de todos los centros sea cual sea el sistema de provisión del servicio, asegurar la viabilidad de la ley de la dependencia y promoción de la autonomía personal, repensar el copago de los servicios sociales, eliminar la previsión de la supresión de la paga extra a los empleados públicos para 2014, velar por la calidad de los servicios penitenciarios y en especial de la justicia juvenil

  • Regeneración democrática:

Aprobación de la ley electoral de Cataluña, aprobación de la ley de transparencia, revisión de los mecanismos de provisión de los órganos de la Generalitat nombrados por el Parlament, pago de las deudas con la administración local, despliegue de las medidas de regeneración democrática que usted anunció el 22 de febrero de 2013.

  • Negociación de un nuevo acuerdo político con el resto de España que sea sometido a referéndum:

President, nos ponemos a su disposición para contribuir a la negociación de las 23 cuestiones que usted planteó al Presidente Rajoy en su última entrevista.

Nosotros también queremos votar y queremos ayudar a la negociación de un nuevo acuerdo político con las instituciones del Estado que sea sometido al voto de la ciudadanía. Como bien sabe somos partidarios de una profunda reforma constitucional que, entre otras cuestiones, reconozca el carácter plurinacional de España, nos dote de estructuras federales, garantice el pleno despliegue de nuestro autogobierno, blinde nuestras competencias en materia de lengua, educación y cultura, y haga posible un pacto fiscal que asegure el principio de ordinalidad, que se no se cumple, y la creación de un Consorcio Tributario presidido por la Generalitat que gestione todos los impuestos soportados en Cataluña. Es muy difícil, hay quien dice que más que la independencia, pero lo tenemos que hacer.

Somos conscientes de que muchas de estas propuestas requieren también de cambios a nivel europeo y español, de revisión de nuestra fiscalidad, de duras negociaciones con el gobierno de España sobre los límites de déficit y el funcionamiento del Fondo de Liquidez Autonómica. Y de un nuevo sistema de financiación. Aquí, por cierto, usted cumplió: dijo que el gobierno de Cataluña no se empeñaría en ello y no lo ha hecho. Pero el resultado es que no tenemos un nuevo modelo de financiación. Y, como usted ha dicho, tendría que estar en vigor desde el 1 de enero de este año. No tenemos que renunciar. La Generalitat debería ser mucho más activa en este terreno.

President: somos conscientes de la dificultad del momento, de los estragos de la crisis económica, de la dificultad de dialogar y negociar con el gobierno de España, de las enormes expectativas levantadas en importantes sectores de la sociedad catalana, y somos conscientes de que, al fin y al cabo, las responsabilidades políticas solamente le serán exigidas a usted, Sr. President.

Sabe que con nosotros, los socialistas, se puede contar para hacer avanzar la vía del diálogo, la negociación y el pacto, desde un estricto respeto al estado de derecho y desde el convencimiento de que leyes cambian leyes, y de que hay que cambiar la Constitución.

Permítame, President Mas, que se lo exprese con toda claridad: para la estabilidad política, el crecimiento económico, la cohesión social, y el fortalecimiento nacional se puede contar con nosotros. Para aventuras, rupturas o el desmantelamiento del Estado social, no.

Muchas gracias, señora Presidenta, señoras y señores diputados.

Cataluña, claves para España y Europa

Acaba de salir en formato digital el número monográfico de la revista Política Exterior “Cataluña, claves para España y para Europa” con artículos de Stéphane Dion, Malcolm Rifkind, Walter L. Bernecker, Jordi Pujol, Miguel Herrero, Xavier Vidal-Folch, Josep Borrell, Oriol Junqueras, Josep Piqué, Javier Pérez Royo, Germà Bel, Araceli Mangas, Miquel Iceta, Gabriel Elorriaga, Josep M. Colomer, Joan Herrera, Angel de la Fuente, Enric Ucelay Da Cal y Màrius Rubiralta. Os lo podéis descargar entero aquí o podéis descargaros mi contribución “La solución federal“.

No, la secesión perjudicaría a los ciudadanos

Hoy el Huffington Post me publica el artículo que encontraréis transcrito a continuación.

No, la secesión perjudicaría a los ciudadanos

La independencia sería, desde mi punto de vista, la expresión de un fracaso colectivo: la constatación de nuestra incapacidad de construir, en Cataluña y en España, un proyecto común en que conviven ciudadanos con identidades múltiples y sentimientos diversos.

No soy independentista. No por no querer lo suficiente a Cataluña, sino porque creo que la independencia sería altamente perjudicial para Cataluña y para España.

En un mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas; en una España plural y diversa, levantar barreras y divisiones es un mal negocio.

El federalismo, el ideal de la convivencia entre diferentes, es la mejor solución al encaje de Cataluña en España. Quiero una España federal, suma de autogobierno y Gobierno compartido. Quiero una Cataluña hermanada con el resto de pueblos de España y cuya singularidad sea plenamente reconocida en una España nación de naciones.

La pérdida de dimensión económica, cultural, demográfica y política es un grave riesgo, tanto para Cataluña como para España. En el mundo en que vivimos, perder tamaño es perder oportunidades. Nadie ha sido capaz de calcular los costes y las incertidumbres de un proceso de separación, con toda seguridad excesivos; probablemente, insoportables.

Por otro lado, si Cataluña se separase de España no dejarían de ser vecinas. Cataluña puede separarse de España pero no puede abandonar la península ibérica. ¿Cómo puede beneficiar a Cataluña la separación, el alejamiento traumático de sus vecinos más inmediatos, que serán para siempre sus vecinos y con los que siempre le convendrá tener las mejores relaciones posibles?

La secesión perjudicaría a los ciudadanos, una gran mayoría sufriría al ver desgarrarse sus identidades plurales y compartidas; obligados a considerar como extranjeros a buena parte de sus conciudadanos, de repente muchos deberían considerar como extrañas cosas que les eran propias.

Y, además, la secesión perjudicaría también a la integración europea. Más allá de la evidencia de que, al menos por cierto tiempo, Catalunya quedaría fuera de la UE, la fractura de un país miembro de la Unión Europea plantea interrogantes sobre el propio funcionamiento de la Unión, sus relaciones con lo que a partir de entonces sería un país tercero y sobre el riesgo de incentivar procesos similares en otros países miembros.

La secesión crearía más problemas de los que pretende resolver. Ante esto, cabe buscar otras respuestas. Soluciones que pasan necesariamente por el diálogo, la negociación y el pacto, elementos definitorios del federalismo.

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